El año pasado para esta misma fecha, los portales de noticias informaban que algunos colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires estaban tomados por alumnos. Todo pareció quedar en la nada, hasta ahora que dos familias recibieron notificaciones legales por el caso de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano en el barrio de Barracas. Una de las estudiantes de nivel medio que la recibió hizo pública la denuncia de que le entregaron a su madre por parte del Gobierno porteño.
En la demanda se reclaman supuestos “daños y perjuicios” derivados de la participación de sus hijas en la toma del colegio en octubre del año pasado y le exige pagar un monto solicitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asciende a 2,7 millones de pesos. Ese hecho la estudiante lo calificó como una “persecución a los derechos estudiantiles de protesta”.
La demanda está firmada por la abogada Valeria Patricia Ale, en representación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de Daniel Mauricio Leffler, director general de Responsabilidad y Contrataciones del Gobierno porteño.
De las dos jóvenes que recibieron la demanda, una de ellas, Juana D, una alumna de 16 años, posteó en sus redes sociales la foto de la notificación y escribió: “Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios”.
Y agregó textual: “Una vez más el Gobierno (porteño) opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que en vez de resguardarnos decide mirar para otro lado y esconderse... Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes”.
Juana mostró a través de sus redes sociales videos de “las acciones que tomamos en las jornadas de toma” y las detalló en el texto: “Pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado durante las jornadas, entre muchas otras cosas”.
En tanto la otra joven involucrada optó por el silencio y según publicaron los medios locales que quisieron contactarla, prefirió no hacer pública su identidad.
Demandas por casi 3 millones de pesos
La demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por 2,8 millones de pesos tiene a dos madres como destinatarias: Brenda, la madre de Juana, la joven que optó por hacerlo público en sus redes sociales, y otra adulta que prefirió mantener el anonimato.
“Es 1,4 millón de pesos por familia”, aclaró la joven que prefirió preservar su identidad, según publicó diario Perfil. Los montos son distintos, porque consideran no sólo los daños producidos, sino también a los días sin clases de cada establecimiento.
Por su parte, a finales de 2022, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que, por medio de la Procuración General de la Ciudad, había presentado denuncias contra 366 adultos que se consideraban responsables de los estudiantes que participaron en las tomas de los colegios.
Aunque en ese momento se mencionó que las demandas se basaban en reclamos por “daños y perjuicios debido a la pérdida de días de clases”, se estimaba que el monto total a ser demandado a todas las familias alcanzaría los 50 millones de pesos.
Cabe recordar que la ocupación de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano tuvo lugar en el período comprendido entre septiembre y octubre del año pasado y se extendió por cinco días. Únicamente tres de esos días fueron hábiles, ya que la ocupación comenzó un viernes y concluyó el siguiente martes, según relataron los propios estudiantes en aquel entonces y lo rememoraron ahora.
“La verdad es que fue un baldazo de agua fría. A mí no me llegó directamente a mi domicilio, sino que me enteré por la madre de otra estudiante a la que le enviaron la denuncia y se me mencionaba. Para las dos familias el monto de la penalidad, según dice la denuncia, es de poco más de 2.800.000 pesos”, explicó Brenda, la mamá de Juana D., en diálogo con Clarín.
Y señaló: “Se nos acusa de ser los responsables parentales de los estudiantes que, supuestamente, causaron daños y perjuicios. ¿Por qué me llegó a mí? Porque, en su momento, mi hija firmó el acta y se hizo responsable cuando tomaron el colegio”.
“El expediente que me enviaron, que tiene 27 páginas, explica entre otras cosas cómo llegaron a la cifra de 1.4 millón de pesos por familia, pero la verdad es que no sé cómo hicieron los cálculos. Además, el Gobierno de la Ciudad señala que la toma (en el Belgrano) fue entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre y no fue así, no fue esa cantidad de días...Evidentemente hay un sesgo ideológico en todo esto”, afirmó Brenda en la misma entrevista.
“Yo apoyé las tomas de los colegios. Por supuesto que banco a mi hija y a todos sus compañeros. Las tomas no se produjeron porque estaba de moda tomar un colegio... Tampoco sucedió de un día para el otro, sino que los pibes fueron tomando una serie de medidas que, con el tiempo, desembocaron en las tomas”, continuó.
Finalmente, la madre de la alumna implicada señaló que no dispone de ese dinero para pagar la demanda que le hace el gobierno porteño. “Tengo que hablar con mi abogado, pero me van a tener que despellejar, no tengo nada... Si bien me sacudió esta noticia, que es una locura, en el fondo creo que no va a prosperar”.
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