Vecinos de Guaymallén se oponen a que el municipio abra las calles de sus barrios para que puedan circular por sus arterias todas aquellas personas que deseen atravesarlas. La principal objeción es que quedarían desprotegidos y expuestos a la problemática de inseguridad de la zona.
La municipalidad, al respecto, es inflexible ya que señala que son 20 los barrios en estas condiciones - la comuna no indica cuales porque argumenta que prefiere no estigmatizar o por cuestiones legales- y que deben abrirlos porque en la comuna hay carencia de conectividad debido a estas prácticas. Además, la postura fue avalada por la Corte Suprema de la provincia. “Ya hemos abierto algunos, otros están judicializados y estamos en instancia de conversación con los restantes”, indicaron desde el municipio.
Para ejemplificar, Claudio, del barrio Portal XI contó que el municipio ha tenido intenciones de cerrarlo, pero los vecinos dijeron que si esto ocurria “iban a exigirle a la municipalidad que pida las calles de servicio de los barrios que no la tienen, y que se iban a plantar al medio de la Urquiza hasta que aparezca Marcelino (Iglesias). “Además los del barrio parque Urquiza están en la misma y el de El Terruño también”, agregó el vecino.
Además, Claudio recordó que cuando vino la municipalidad a tirar un cierre que separa el barrio del barrio El Terruño, los vecinos de los dos barrios se plantaron al medio entre los cierres. “Llegó la policía y hubo mucho lio. Pero las señoras que viven en el barrio se pusieron firmes y se tuvieron que ir”, recordó.
No es necesario abrir
Según contó el presidente de la Unión Vecinal del barrio Judicial III de Villa Nueva, Gustavo Giocchini, todo comenzó hace aproximadamente tres años cuando el municipio comenzó con intención de abrir los barrios cerrados del departamento que habían donado las calles a la municipalidad. “Es lógico que si las calles han sido donadas, permanezcan abiertas, con desde uso público, pero nosotros desde que el barrio se formó, hace 20 años, lo hicimos cerrado, tratando de proteger las inseguridades que hay desde siempre”, explicó.
Continuando, dijo que otros intendentes del mismo color político que Marcelino Iglesias (Cambiemos-UCR) también les permitieron mantener el lugar cerrado y lo mismo ocurrió con intendencias justicialistas. “Las calles, si bien son públicas, no conducen a ningún lugar. Son todas calles cortadas salvo la calle de ingreso que da paso a otros barrios. Esa no está cortada y no se le impide el paso a nadie”, remarcó Giocchini.
Giocchini graficó que el resto de las calles son dos cuadras que se cortan y no llegan a ningún lado, es decir que desde la perspectiva de los vecinos no es necesario abrirlas para mejorar el tránsito de la zona. “Nosotros lo hemos cerrado con cámaras de seguridad, tenemos guardias, en blanco, que cuidan. Hacemos las cosas bien para no tener problemas. Pero para esto formamos la Unión Vecinal, para hacer entre vecinos lo que el estado no hace por nosotros. Sabemos que afuera del barrio ocurren delitos todos los días”, enfatizó el presidente de la UV.
Por otro lado, dijo que si faltan policías y preventores en otros sitios, para que no ocurran delitos, se preguntaran con qué seguridad estarán protegidos cuando abran el barrio. “No queremos ser un barrio privado, pero sí queremos estar cuidados y cuidarnos entre todos. Nosotros tomamos medidas para poder vivir tranquilos. Al abrirnos el barrio, nos exponemos a la inseguridad de lleno”, señaló agregando que se preguntan qué pasará con la calle que pasa por el Barrio Solares de Guariento.
Además dijo que al municipio no le importa abrir porque ellos no están obligados a brindar seguridad. “No hay punto de negociación y a pesar de haber recurrido a la justicia para frenarlo, esto llegó a la suprema corte provincial y nos obligan a abrir”, indicó Giocchini agregando que no han decidido tomar medidas de fuerza. “Hemos pedido un año para poder poner rejas y alarmas. Pero estamos tristes, nos ofrecen alarmas comunitarias, pero sabemos que 10 móviles y 30 policías para 100 mil personas no sirven. Y desde el municipio no quieren atendernos, dicen que ya nos explicaron y que seguirán adelante”, cerró.
En tanto, Andrés, del Barrio Solares de San Antonio contó en Facebook que la municipalidad les obligó a sacar las rejas. “Como no lo hicimos, mágicamente en la noche los camiones nos llevaban los portones, nos rompieron las rejas y después de eso nos empezaron a robar en el Barrio. A mí me desvalijaron la casa”, dijo agregando que no tienen seguridad y que tampoco se puede recuperar por el estado de la economía.
Policía dos semanas
Carlos Garro, vive en el barrio Spunc que fue cerrado durante la gestión del peronismo en el departamento. Luego, en 2018, por decisión del actual gobierno municipal el barrio volvió a ser abierto. “Nosotros lo cerramos pero no fue de prepo, pedimos permiso. Pero en 2018, un día vino la municipalidad y empezó a abrir, sin preguntar a nadie. Recuerdo que una mujer con su hija se agarró a las rejas para que dejaran de abrir. Ahí se postergó todo 15 días, cuando abrieron el barrio definitivamente”, dijo Garro.
El barrio tiene solo dos manzanas y según el vecino no obstaculiza el paso de los vehículos hacia otras zonas del departamento. Además, agregó que durante el día las rejas estaban abiertas y que el cierre ocurría durante la noche. Continuando, comentó que una vez que abrieron, volvió la inseguridad ya que la zona tiene un asentamiento en las proximidades. Es por eso que algunos vecinos del barrio han sido asaltados, con violencia, a plena luz del día.
“Pedimos mediación, hablamos con la banca del vecino, con el concejo deliberante pero no tuvimos respuesta, solo una palmada en la espalda. Lo feo es que acá nunca se apareció nadie a explicarnos porqué no podíamos tener las rejas”, comentó el vecino.
Por último indicó que luego de la apertura, vieron más policías durante dos semanas custodiando la zona, pero después todo volvió a la “normalidad” es decir, que volvieron a quedar desprotejidos. “El intendente dice que no tiene obligación de más seguridad. Hemos vuelto a vivir presos, a poner rejas hasta en la churrasquera”, cerró.
Fomentar la conectividad
Cintia Brucki, directora de Planificación del municipio indicó que el municipio vela por la apertura de las calles públicas y que hasta el momento hay 20 barrios identificados con la situación antes mencionada. “Hay carencia de conectividad que es un aspecto importante, tenemos que fomentarla más. En el departamento carecemos de ella y más aun si cierran calles públicas”, dijo la funcionaria.
Por otro lado, añadió que, por ejemplo, el barrio Judicial III se aprobó de cierta manera, y luego, los vecinos por seguridad hicieron el cierre. “No puede pasar el camión recolector, una ambulancia o el camión de bomberos. Creen que se brindan seguridad pero se están poniendo en riesgo. Si hay un incendio el camión se topa con las barreras de la calle”, informó añadiendo que el derecho de circulación está en la constitución nacional y que los aspectos relacionados con la seguridad son de jurisdicción provincial.
“No podemos tener una instancia de mediación porque no hay qué acordar. Los vecinos solo quieren tener las calles cerradas. Ellos quieren calles públicas cerradas y nosotros abiertas. Esperamos que esto sea un precedente para el departamento”, finalizó.
