El envejecimiento, la informalidad y los cambios tecnológicos son desafíos para mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad fiscal de la protección social en América Latina, ante la perspectiva de que en 30 años se duplicará la población con más de 65 años, lo que en el caso de Argentina elevaría el gasto hasta el 6% del PBI.
El diagnóstico regional, así como recomendaciones de políticas para enfrentar esos desafíos, son abordados en el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en el que se aborda el envejecimiento como un fenómeno generalizado, acelerado y con importante incidencia fiscal .
En la actualidad, en América Latina más de 8% de la población tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18% de Europa, pero para 2050, se estima que la cifra se duplicará, hasta alcanzar el 17,5%, y para finales de siglo, superará el 30%.
El reporte presenta la situación de los sistemas de pensiones y los servicios de salud y cuidados, así como los aspectos del mercado de trabajo que condicionan la cobertura y su financiamiento.
El gasto público en pensiones de la región equivale, en promedio, al 4,3% del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1% del PIB. Para algunos países, como Argentina, el crecimiento proyectado del gasto en pensiones y salud en los próximos 40 años podría superar los 6 puntos porcentuales del PIB como resultado del envejecimiento.
“En el RED 2020 proyectamos los efectos que tendrá el envejecimiento en la protección social para el adulto mayor, pero también encontramos que la informalidad es una gran amenaza para la sostenibilidad de esa protección social.”, explicó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.
Los cálculos realizados sugieren que la informalidad deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años, según se precisó en el trabajo.
Entre 2005 y 2018, la informalidad se redujo en la región, con una caída en la proporción de asalariados informales de casi 9 puntos porcentuales. Sin embargo, cerca del 63% de las personas ocupadas de la región, en promedio, trabajan aún en un empleo informal.
Este panorama ha sido agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia del Covid-19, por lo cual lapandemia sumó desafíos en la medida que el mercado no reasigne en trabajos de calidad a los trabajadores que perdieron su empleo.
Para el CAF, una estrategia para lograr reformas exitosas en pos de lograr la sostenibilidad fiscal de los sistemas es adoptar una visión amplia de las políticas y agrupar medidas que permitan tomar en cuenta diferentes dimensiones del sistema de protección social.
Según el informe, más del 45% de las personas prefieren reformas que combinen cambios en la edad de retiro, en el nivel de las prestaciones y en las tasas de contribución, a cualquier opción exclusiva.
Una fórmula usual en este sentido es combinar elementos que amplíen beneficios con aspectos que mejoren la sostenibilidad financiera, como aumentar marginalmente la edad de retiro. Finalmente, también considera que es importante dotar al Estado de mayor agilidad, transparencia y habilidad para generar y procesar y comunicar la información que haga posible formular e implementar las políticas efectivas de protección social.
Télam
