Removieron de su cargo a una docente de Santa Cruz que les dijo a sus alumnos que el coronavirus no existe. Se trata de una profesora de secundaria que estaba al frente de la cátedra de Formación Ética y Ciudadana de la escuela Industrial N°7 de Las Heras.
Rosa Emperatriz Razuri negó la existencia del virus durante el dictado de una de sus clases, lo que derivó en una fuerte discusión con los padres de los chicos.
“Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Estoy dando formación ética”, dijo Razuri, quien además es abogada y dirigente del PRO.
“Usted no puede decirle a mi hija de 14 años que el Covid no existe”, reclamó una de las madres a lo que Razuri replicó: “no existe, usted está equivocada”.
En un intento por hacerla recapacitar, otra mamá contó que su familia estaba atravesando un mal momento porque habían perdido a una persona cercana a causa de la enfermedad.
“La gente no se muere de ningún Covid, porque no existe, tengo mi hermano que es científico y él me informa”, insistió la profesional.
“Se están muriendo por neumonía pero no por coronavirus”, agregó la mujer que, en su defensa, citó a Médicos por la verdad, un grupo de negacionistas que protagonizó incidentes en la última marcha contra las restricciones en Rosario.
Según informó el diario Río Negro, tras tomar conocimiento del hecho el Consejo Provincial de Educación decidió removerla de su cargo.
Médicos por la verdad
Médicos por la verdad es un grupo de negacionistas que el último fin de semana largo protagonizó una marcha en Rosario en contra de las medidas restrictivas para frenar el coronavirus.
Tras el hecho el fiscal del caso, Marcelo Vienna, acusó al líder Mariano Arriaga; al concejal de la localidad chaqueña de Las Breñas, Juan Domingo Schanovskoy; y al médico José Luis Gettor, de instigación a cometer delitos al “incitar e inducir públicamente mediante la difusión por diferentes redes sociales de acceso público” a la convocatoria al Monumento a la Bandera, violando el decreto nacional y provincial que prohíben los encuentros sociales para evitar la propagación de la pandemia.
El fiscal también acusó a Arriaga y al concejal Schanovskoy de haber incumplido la prohibición de realizar reuniones en ámbitos privados, al grabar el video en una casa con unas 20 personas.
Si bien el fiscal pidió prisión preventiva para Arriaga por dos años, la jueza Chiabrera entendió que podían mitigarse los riesgos de entorpecimiento de la investigación y ordenó su libertad, fijó una fianza de $ 250 mil pesos y le prohibió convocar por cualquier medio a marchas o manifestaciones mientras se extiendan las actuales medidas sanitarias.
