Finalmente, el Senado provincial aprobó ayer la ley -impulsada por el Ejecutivo- que modifica el código contravencional y pena a aquellos que violen la cuarentena con reuniones entre amigos.
Según se informó a partir de ahora, como medida “ejemplificadora” se establecen sanciones de entre 15 y 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días para quienes no cumplan con las normas que regulan estos encuentros familiares. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble.
La nueva norma también estipula que las reuniones familiares podrán realizarse con hasta un máximo de 10 personas con parentesco en razón de la naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Dichos encuentros podrán realizarse sólo los domingos de 11 a 19.
La propuesta, anunciada a mediados de junio por el gobernador Rodolfo Suárez y con media sanción de Diputados, fue aprobada por el Senado provincial por 22 votos positivos, tres negativos y 13 abstenciones. De esta forma, se incorpora el artículo 119 bis al Código Contravencional Mendoza y ahora, pasó al Ejecutivo para que sea promulgado.
“Me parece bien la cárcel para el que viole la cuarentena, lo que no me parece es que se restrinja a juntadas en casa solamente y no sea para aquellos que salen a pasear por la montaña avalados por la reserva en algún lugar gastronómico o quienes deciden pararse a sacarse fotos en distintos puntos turísticos”, dijo Fernando, un mendocino consultado.
En tanto, Agostina opinó que está en contra de esta medida. “Con precaución y los cuidados, no hace falta más. Hay que ser responsables. La situación económica no nos da a todos para pagar un bar o una cabaña”, dijo.
Fruto de los incumplimientos
A través de normativas nacionales y provinciales, se adoptaron distintas medidas para prevenir el contagio del virus, entre ellas, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con lo cual, “entre los diversos derechos que han debido reglamentarse durante la emergencia, se encuentra el de reunión, que resulta estratégico en virtud de las características de contagio” del Covid-19, dice la fundamentación de la propuesta presentada por con la firma del gobernador.
Además enuncia que, “en virtud de los cambios producidos en la situación epidemiológica de la Provincia, y habiendo constatado ciertos incumplimientos respecto de las normas generales” es que “resulta necesario contar con una herramienta jurídica (...) para sancionar a quienes incumplen la normativa”.
Así, el objetivo es imponer “una sanción ejemplificadora a quien de manera irresponsable pone en peligro a la sociedad toda, no sólo por la posible propagación del COVID-19, sino también con la consecuente limitación a las actividades que han sido habilitadas, lo cual repercute a su vez en aspectos sociales y económicos”.
Mayor efecto disuasorio
La senadora Mercedes Rus fue la miembro informante por parte del oficialismo, y enfatizó que este proyecto pretende la incorporación de un artículo al Código de Faltas. “Lo que el gobernador quiere lograr es que tenga un efecto disuasorio mayor”, destacó.
El legislador Alejandro Abraham (PJ) planteó sus reparos: “Es un proyecto controversial. Tenemos situaciones complejas en este tema. Lejos de simplificar las cosas se generará un disturbio judicial que le impida dar un mensaje a la sociedad. Me parece que desde el punto de vista legal este proyecto no podría prosperar”.
Asimismo el senador Pablo Priore se mostró preocupado por la situación actual de pandemia. «Creo que es necesario este tipo de herramientas para el Poder Ejecutivo. La vamos a acompañar desde el bloque Pro. Es una medida acertada que lleva a generar conciencia para la ciudadanía», aseveró.
El senador Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda)criticó la propuesta del Ejecutivo. Destacó que su bloque la acompañó la iniciativay tampoco su par Marcelo Romano, del bloque Protectora.
