A partir de la aparición de las armas nucleares por parte de Estados Unidos, muchos países anhelaron poseer dicha tecnología.
El 31 de mayo de 1950, Perón crea la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) para dar el sustento administrativo al costoso proyecto del físico Ronald Richter que había prometido lograr la fusión nuclear controlada en el fallido Proyecto Huemul.
Luego de la experiencia Richter, la conducción de la CNEA pasó del Ejército a la Armada Argentina en 1952. En los años siguientes se conformó una cultura nuclear de escala nacional y se generó un desarrollo tecnológico de envergadura.
En el plano internacional, desde fines de 1953, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower, promueve el programa “Átomos para la paz”. Este parece tener varios objetivos. Por un lado, tratar de eclipsar la imagen apocalíptica generada por las explosiones nucleares y justificar la enorme inversión que significó el proyecto Manhattan y, por otro lado, tratar de contener y controlar el crecimiento de esta tecnología en los países en desarrollo. Esta fue la primera acción hacia la no proliferación y la intención de mantener el monopolio de las armas nucleares. Argentina suscribió dicho programa en 1955.
La CNEA creció en instalaciones, tecnología y recursos humanos en forma continua hasta que, en 1976, durante el gobierno militar, recibió un impulso extraordinario en recursos, al asumir su conducción Carlos Castro Madero. Su gestión se extendió hasta el retorno de la democracia en 1984.
En este período se concibió un ambicioso plan nuclear que preveía la instalación de seis centrales nucleares de potencia hacia el fin del milenio.
En 1967, Argentina firmó el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, pero algunos de los artículos fueron fuente de controversia. Estos eran los referidos a explosiones nucleares para “usos pacíficos”. Argentina y Brasil interpretaban que el tratado autorizaba este tipo de utilización mientras que, para Estados Unidos, el tratado implicaba la veda de explosiones pacíficas. En realidad, no hay forma de distinguir si un artefacto diseñado supuestamente para usos pacíficos puede ser usado para fines militares. Finalmente, Argentina no ratificó el tratado, tampoco Brasil.
En 1968 es abierto a la firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT). También se abstuvo Argentina de firmarlo junto con otros países entre los que se encontraba Brasil, Israel, India, Pakistán, Sudáfrica, Francia, Portugal y España.
La explosión de un dispositivo nuclear, en 1974, por parte de la India, disparó un botón de alarma en el plano internacional. El programa nuclear argentino mostraba muchas semejanzas con el de la India. Es difícil no llegar a la conclusión de que estaba diseñado para pasar rápidamente al desarrollo de armas. No hay dudas de que, detrás del ambicioso proyecto nuclear argentino, se gestaba también la intención de desarrollar explosivos nucleares para uso militar.
En 1979 se firmó un contrato con la empresa Sulzer Brothers para la construcción de una planta de agua pesada con capacidad de producir 250 toneladas anuales en Arroyito (Neuquén).
Para aumentar las sospechas de una derivación militar en el programa nuclear argentino, Castro Madero anunció que se había contratado a la empresa Techint para construir una planta para reprocesar plutonio en el Centro Atómico Ezeiza.
Se creó la empresa Invap SE a fines de 1976 como desprendimiento de CNEA. Poco tiempo antes de asumir el presidente electo Raúl Alfonsín se anunció la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu que había sido desarrollada en secreto por Invap. Esto tomó a las agencias norteamericanas por sorpresa.
Quedaba explícita la duda sobre qué otros proyectos secretos estarían en curso y sobre cuáles serían las intenciones ocultas del desarrollo nuclear argentino.
La confirmación de esta segunda intención está en el Proyecto del RA– 7 o RPI (Reactor de Potencia Intermedia) desarrollado a partir de 1976 durante el Gobierno militar. Este reactor era del tipo tanque con combustible de dióxido de uranio natural en barras y agua pesada. Este tipo de reactor utilizado para la producción de plutonio junto con la planta de reprocesamiento en el CAE, sería la forma más directa para desarrollar explosivos nucleares. Este fue probablemente el camino seguido por Israel en el Centro Nuclear de Dimona. La India desarrolló sus explosivos nucleares en un reactor de este tipo, el Cirus provisto por Canadá en el centro atómico Bhabha. Es también el camino que quería seguir Irán en el centro nuclear de Arak.
Sería injusto decir que el desarrollo nuclear argentino estaba destinado solamente a fines militares. Sólo una fracción pequeña de la gran inversión que se realizó durante el gobierno del proceso militar, era necesaria para tal fin.
El proyecto del RA–7 fue abandonado a fines de 1983 con la restauración de la democracia. La planta de reprocesamiento de plutonio nunca se terminó y se canceló el contrato con Techint en 1993.
El proceso de integración con Brasil iniciado por Alfonsín y Sarney, culminó en 1991 con la concertación del “Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear”. Por medio de este acuerdo, se creaba un sistema común de control de materiales nucleares que se implementaría a través de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abacc). Finalmente, Argentina suscribió el tratado de Tlatelolco en 1992 y firmó el TNP en 1994.
Es paradójico que la renuncia al desarrollo de armas nucleares se haya planteado a partir de una sospecha de Brasil, nación con la que no mantenemos ninguna disputa territorial y no se haya considerado la disputa con Gran Bretaña que sí generó una amenaza seria de utilizar armamento nuclear en el conflicto del Atlántico Sur en 1982.
