La cifra es estremecedora: según puede deducirse de los registros más recientes, un promedio mayor a cinco casos diarios de abuso sexual infantil (o en adolescentes) se registran en Mendoza. El dato surge del relevamiento que durante el año 2020 realizó el Programa Provincial de Prevención del Maltrato Infantil, y que registró 2.074 situaciones con diagnóstico de abuso sexual.
En 2019 había sido un número similar, aunque desde el área reconocen que durante el primer año de pandemia la proporción de estos casos creció 12% respecto de otro tipo de situaciones, debido a que disminuyó la detección de estos últimos.
Silvina Mollo, responsable del programa explicó a Los Andes que esto puede atribuirse a varios factores, en particular a que durante el año pasado se le dio prioridad a los hechos de abuso sexual y maltrato grave. “En estos casos pudimos interrumpir el círculo del abuso”, destacó.
Siete de cada 10 víctimas de este delito son mujeres, y los más afectados son púberes de entre 10 y 14 años, lo que alcanza a 29% de los hechos identificados. Tienen entre 2 y 4 años 5% de los casos, 5 a 9 años el 21% y 15 a 18 años el 16%. “Mientras antes se llegue se inicia antes la reparación del daño”, destacó la licenciada.
Hay que recordar que la línea 102 es un canal a través del cual pueden denunciarse situaciones, incluso si son de sospecha. Allí hay personal especializado que está preparado para la escucha y atiende las 24 horas todos los días.
Condicionantes
La pandemia de Covid cambió ciertas condiciones: hubo limitaciones en el trabajo de los profesionales que perdieron presencialidad y las realidades quedaron guardadas puertas adentro de los hogares, donde usualmente se cometen estos delitos. Cabe recordar que lo habitual es que el victimario sea familiar o conviviente.
Mollo explicó que los equipos del PPMI trabajan en contextos de salud, entonces por el Covid no llegaron todas las situaciones que deberían. Por otra parte, el cierre de las escuelas (y otros entornos) implicó la inexistencia de un espacio en el que estos hechos suelen identificarse.
“En 2020 se mantuvieron las situaciones de abuso sexual y disminuyeron las de negligencia o maltrato psicológico”, explicitó pero aclaró que quizás estas últimas se canalizaron por otros ámbitos.
“Atendimos el mismo número absoluto que el año anterior pero fue un incremento de 12% en 2020″ en proporción respecto de otros casos.
Al ser consultada sobre si el mayor tiempo de convivencia incrementó estas situaciones, como sucedió con la violencia de género, lo relativizo. Explicó que si bien puede influir lo cierto es que no cualquiera abusa, tienen que haber otras características.
“Venimos con un incremento importante de las situaciones de abuso infantil que identificamos”, señaló. Esto tiene que ver en gran medida con que antes no se visibilizan, consideró. Y en este punto, quienes trabajan en la temática coinciden en cuánto ha impactado la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, que permitió entre otras cosas, desnaturalizar ciertas acciones delictivas o de abuso, identificarlas, generar un espacio de diálogo y canales para salir de ese contexto.
“En particular se necesita un ámbito de escucha, en confianza”, destacó Mollo, ya que dijo que muchas de las víctimas no los encuentran o sus dichos son puestos en duda. “Mucho de esto va de la mano de la ESI, que nos ha permitido identificarlo. Quizás no lo identificaban como situación grave, pero influye la dependencia del adulto que lo cuida y es difícil decirle a otra persona lo que está haciendo un adulto”.
“En otras circunstancias se puede apelar a abuelos o vecinos, pero sin escuelas y guarderías ni control de niños sano, es más difícil que sepamos lo que está pasando dentro del domicilio”, apuntó.
El licenciado Sergio Reynoso, trabajador social y referente del equipo PPMI del hospital pediátrico Humberto Notti, reconoció las dificultades que se presentaron. Pero al mismo tiempo destacó que debió emplearse a nuevas formas de abordaje y a mucha creatividad.
Entre otras cuestiones se ganaron espacios de trabajo en terreno, particularmente en los domicilios. Aclaró que su equipo hace evaluación en contexto de internación.
“Durante las medidas, sobre todo Aspo (el aislamiento obligatorio), el flujo de pacientes que suelen interconsultar disminuyó y creo que fue por dos razones, una porque los niños estaban en casa y había situaciones que no llegaban a los efectores de salud y también disminuyeron las derivaciones desde el ámbito judicial, entonces los canales estaban afectados”, relató.
Reconoció que ni bien se dispuso el aislamiento pensaron en prevención a partir de una hipótesis: si la violencia se encripta en el hogar, queda puertas adentro y cuesta que esto salga.
Maltrato físico
Además, durante 2020 se registraron 2.271 casos de maltrato físico.
La responsable del programa agregó que el maltrato físico en menores de 5 años, lo que sería primera infancia, es difícil de identificar porque son más vulnerables y se les dificulta expresar lo que les sucede. El menor acceso a efectores de salud, en particular para el control de niño sano, también fue un obstáculo ya que allí suelen detectarse estas situaciones.
Entre los 5 y los 14 años es el segmento en el que se identifica más frecuentemente el maltrato general.