Mientras Mendoza lamenta el fallecimiento de Erick Mamaní, el niño de 6 años que cayó a un pozo de agua en Guaymallén, las autoridades investigan las condiciones en las que se encontraba el lugar en el momento del hecho. Según pudo averiguar Los Andes, el lote había sido clausurado y sancionado varias veces en los últimos años por falta de servicios y por no cumplir con las condiciones necesarias para ser habitado.
Según los registros de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Guaymallén, se trata de un pozo de riego que está activo desde 1976 y que tiene un metro de diámetro y un encamisado de hormigón. Miguel Valentini, titular de dicha cartera, declaró que “según las referencias de los rescatistas, tiene una profundidad de entre 50 y 60 metros”.
La versión del papá de la víctima cuenta que el menor se encontraba jugando en el lugar y, al parecer, se resbaló y cayó al interior del mismo. El accidente se produjo el miércoles a las 19.30 en Urquiza al 700, y cuando llegó la Policía se encontró con que dentro del pozo se estaba también el padre del pequeño.
Frente a la situación, se convocó a personal del Cuartel Central de Bomberos, bomberos voluntarios de Guaymallén y servicio médico del SEC. Pero cuando sacaron al niño del pozo se constató que había fallecido.
El caso es investigado por el fiscal de Homicidios Carlos Torres y se encuentra caratulado como averiguación muerte. El fiscal se encuentra tomando las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho y ver si hay algún responsable.
“Violadores seriales de normas”
Valentini reveló que el hoyo “estaba tapado con una cubierta totalmente precaria, arriba tenía una protección absolutamente irregular y carecía de todo lo seguro que debe tener un pozo, como tapa y candado”. “Eso habla del abandono y el estado que tiene el resto del loteo”, agregó.
Además, aclaró que “puntualmente en este pozo no había ninguna obra ni ninguna perforación”, aunque sí en otros sectores del predio.
El pozo se encuentra en el ingreso de un loteo de entre dos y tres hectáreas, cuyo titular es la empresa constructora Idandi S.A., según apuntó el funcionario. Dicha entidad, propietaria de “los principales lotes grandes en zona urbana” de Guaymallén, “son los señores Florentino Daniel Paco y su hermano Onofrio Paco”, agregó Valentini, quien los calificó como “violadores seriales de las normativas de construcción”.
“Lo exigible para cualquier empresa ellos lo evaden y avanzan en construcción clandestina”, continuó.
Por lo que cuenta el director de Obras Privadas del municipio, la empresa y ese loteo en particular son recurrentes en infracciones. “Desde 2015 en adelante hay cantidad de paralizaciones, clausuras y reiteración de sanciones. En este predio en particular, donde cayó el nene, les hemos sacado medidor a la propiedad en dos oportunidades porque no estaban dadas las condiciones de habitabilidad, no había servicios”, manifestó Miguel Valentini. Desde la empresa constructora no respondieron al contacto de este diario.
El funcionario apuntó que “es un loteo que esta gente empezó sin permiso, como lo hace sistemáticamente en otros sitios” y que en el lugar hay construidas más de 200 unidades habitacionales “cuya finalización de trabajo data, porque la hemos seguido en inspecciones, y en paralizaciones aproximadamente desde 2017″.
El funcionario explicó que, pese a las sanciones aplicadas, los propietarios continuaron usando el lote para guardar camiones y maquinaria, y también como dormitorio del personal que utiliza en diferentes obras en las que Idandi S.A. trabaja. “Los deja acceder ese lugar a pernoctar o a resolver su necesidad habitacional. Yo no sé si la situación de esta familia que estaba allí, si estaban de sereno, de paso o instalada en el lugar”, dijo Valentini en referencia a la víctima y sus padres.
De hecho, añadió que la noche que ocurrió la tragedia el lugar se encontraba iluminado por conexiones clandestinas “con cables de sub-distribución de propiedades vecinas”, y que en otras ocasiones “esta gente ha metido grupos electrógenos”. “Lo que pasa en ese loteo, y también en los otros, es que no consiguen la factibilidad de los servicios, como los de Edemsa y Aysam, quienes exigen generar infraestructura en la zona para mejorar condiciones y poder llegar con servicios de calidad”, detalló el director de Obras Privadas.
El funcionario también reveló que “hay denuncias penales constituidas por el municipio contra la empresa” por no respetar las sanciones aplicadas, además de otras acciones legales iniciadas por vecinos. Lógicamente, la muerte del menor llevó a una nueva clausura y la Dirección de Obras Privadas se puso a disposición de la fiscalía.
