El caso del religioso jesuita César Fabián Fretes, quien fue expulsado de la Compañía de Jesús en 2007, tras haberse confirmado que había abusado de -al menos- 10 niños del Colegio Del Salvador (Buenos Aires) tiene su correlato en Mendoza. Y es que entre 2003 -momento en que los Jesuitas (como se conoce popularmente a la compañía) lo apartaron de su cargo en el colegio ante las primeras denuncias y confirmaciones- y 2007 -cuando fue dimitido por una orden desde el mismísimo Vaticano-, Fretes estuvo destinado a la sede de los Jesuitas en Mendoza. De hecho, tras ser expulsado como “hermano”, Fretes siguió viviendo en Mendoza hasta 2015, cuando finalmente falleció como consecuencia de un cáncer.
Hace unos días, dos de las víctimas de Fretes en Buenos Aires y que habían sido abusadas en 2002 (cuando los chicos tenían entre 10 y 11 años) presentaron un reclamo administrativo al colegio donde, entre otras cosas, reclaman una reparación millonaria. Además, públicamente reconstruyeron en una nota periodística los tormentosos momentos de los abusos. Mientras tanto, desde la Compañía aclararon que Fretes fue trasladado a Mendoza para que cumpliera tareas administrativas en 2003 y mientras avanzaba la investigación que terminaría por derivar en su expulsión 4 años después.
En ese sentido, el delegado del provincial para Prevención de Abusos Sexuales de la Comunidad Jesuita en Argentina y Uruguay, Álvaro Pacheco destacó que Fretes había sido asignado a tareas en la sede central de la comunidad en Mendoza (manzana comprendida entre calles San Martín, Colón, 9 de julio y San Lorenzo, en el centro) y que tenía una restricción para acercarse a menores de edad y, especialmente, al colegio San Luis Gonzaga, perteneciente a los jesuitas y ubicado en esta misma manzana.
“No existen denuncias en Mendoza, lo que puede hacernos pensar que se cumplieron las restricciones con que se lo trasladó”, destacó Pacheco hace unos días, y resaltó que Fretes estuvo en el colegio porteño entre 1999 y 2003 donde, a diferencia de sus últimos años en la orden y ya en Mendoza, tuvo roles educativos y de contacto con los chicos.
El detalle es que durante los últimos días se conoció una novedad sobre las funciones que desempeñó Fretes en Mendoza. Y, si bien siguen sin haber denuncias contra él en la provincia (por ahora), estos registros dejan en evidencia que las funciones administrativas dentro de la compañía en suelo mendocino no se limitaron exclusivamente al templo central. De acuerdo al listado de curas y religiosos que estuvieron en la sede de Jesuitas en Mendoza en 2004 -con información de la Arquidiócesis de Mendoza-, César Fabián Fretes se desempeñó como “ministro. Ecónomo” y quien “colabora en la Parroquia Virgen de los Pobres”.
Entre los denunciantes y el abogado que los acompaña en el pedido de reparación -el mendocino Carlos Lombardi- esto genera ciertas dudas, a tal punto de que no se sienten en condiciones de descartar que Fretes haya estado en contacto con niños o niñas en esa parroquia (ubicada en el Barrio San Martín, de Ciudad), lo que hubiese implicado un incumplimiento en la restricción de acercamiento. En especial porque a la parroquia asisten vecinos de la comunidad, entre ellos familias enteras y niños de una escuela ubicada a menos de 10 cuadras del lugar.
Ante esta novedad, el delegado de los Jesuitas, Álvaro Pacheco destacó que “puede ser que (Fretes) fuera a misas dentro de la parroquia los fines de semana”, aunque aclaró que -incluso en esta dependencia- debería haber seguido cumpliendo la prohibición de acercarse a menores.
“Como ‘Ministro’, él se ocupaba de cosas administrativas, así se le llama a las funciones tales como el orden, la cocina, abrir la puerta. Pero él no se podría haber desempeñado como párroco, ya que no era cura. Y tampoco debería haberse podido acercar a niños”, destacó el vocero de la compañía. E invitó a que si existen personas que hayan sido víctimas de Fretes en Mendoza, realicen la denuncia.
La oscura historia del “hermano” César Fretes: los abusos y el traslado a Mendoza
César Fabián Fretes nació en 1970. En 1988, con 18 años ya cumplidos, ingresó al seminario de los jesuitas, donde permaneció entre 7 y 8 años. Al momento de ordenarse como religioso, lo hizo como “hermano” y no como “sacerdote” de la Compañía de Jesús. Esto le permitió llevar adelante distintas tareas administrativas, pero no confesar. No obstante, para los “hermanos” también se mantienen los votos de castidad.
Precisamente como hermano se desempeñó durante 19 años dentro de la Comunidad Jesuita, primero en Buenos Aires y luego en Mendoza. En 2002, mientras Fretes desempeñaba funciones dentro del ámbito educativo del Colegio Del Salvador (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a los Jesuitas), una serie de denuncias por abusos sexuales cometidos contra niños que estudiaban en el colegio de varones lo ubicaban como autor.
Pablo Vio y Gonzalo Elizondo, ambos de 31 años en la actualidad, fueron dos de las víctimas y quienes no solo hicieron el pedido al colegio porteño sino que, además, tomaron valor para exponer públicamente hace unos días los abusos que sufrieron mientras estudiaban en el Colegio Del Salvador. Ambos estaban en sexto grado en el momento en que fueron atacados, y es un hecho que hay más víctimas. Desde la propia Compañía de Jesús reconocen que hay “entre 10 y 12 testimonios más”, mientras que los denunciantes hablan de -por lo menos- 20 chicos más que fueron víctimas del Fretes.
Los primeros abusos de los que se tomó conocimiento dentro de la Compañía -y que tuvieron como víctimas a los hoy denunciantes- datan de 2002 y ese mismo año se inició una investigación interna dentro del colegio de Buenos Aires. En 2003, y para que no existieran trabas ni posibles impedimentos (al menos según lo argumentado desde la compañía religiosa) en este trabajo, Fretes fue trasladado a Mendoza; mientras que en 2007 se confirmó que el religioso había abusado de las víctimas y fue expulsado de la Iglesia por una orden que llegó desde Roma.
En diálogo con Los Andes, Pacheco destacó que mientras estuvo en Mendoza y fue parte de la comunidad –hasta su expulsión-, Fretes tenía una orden de restricción para evitar que se acercara a los niños y a las instalaciones del colegio San Luis Gonzaga. “El religioso no fue trasladado a otra institución y luego al colegio, sino que cuando se recibió en 2003 la primera denuncia, el rector de entonces le pidió al rector provincial que lo alejara del colegio y que se iniciaran los trámites con vista a establecer responsabilidades. El rector provincial lo destinó a la comunidad jesuita de Mendoza, pero con una restricción específica de no tener ningún rol con menores, o sea que en esos años –entre 2003 y 2007- se limitó a tareas internas de la comunidad y en el templo. No tenía ningún rol en el San Luis Gonzaga”, insistió Pacheco a Los Andes el 19 de julio.
El delegado jesuita para Argentina y Uruguay aclaró, además, que las funciones de Fretes en Mendoza se limitaron (o deberían haberse limitado, de acuerdo a las indicaciones con las que se lo envió) a tareas administrativas y de mantenimiento sobre el sector que da a calle San Martín, sin siquiera acercarse a la esquina de 9 de julio y Colón por la que tiene entrada el colegio.
No obstante, hace unos días Los Andes accedió a la documentación que deja constancia de que Fretes no solo se desempeñó en el templo central, sino que también colaboró en la Parroquia Virgen de los Pobres, ubicada en el barrio San Martín y creada en 1983 precisamente por uno de los curas jesuitas que más hizo por los vecinos de ese barrio, el querido y recordado Padre José María “Macuca” Llorens, clave en la urbanización del lugar.
En el listado de curas jesuitas de Mendoza de 2004, se lee que César Fabián Fretes colaboraba en el lugar y se lo identifica como “Ministro” y “Ecónomo” en el lugar. Y es este dato el que lleva a los denunciantes a dudar de si efectivamente en esta iglesia también cumplió la restricción que, según dicen lo allegados jesuitas mendocinos, cumplió en calle San Martín de mantenerse alejado del colegio y de los niños. “La Parroquia Virgen de los Pobres está muy vinculada al templo central en la figura del Padre Llorens. Si el listado de 2004 lo ubica como colaborador de la parroquia, puede ser que Fretes haya ido a colaborar a la parroquia durante las misas. Y si bien allí se lo identifica como ‘Ministro’, las funciones precisamente de un ministro tienen que ver con tareas administrativas, logísticas y de provisión de comida, por ejemplo”, destacó Pacheco, delegado de los Jesuitas en Argentina y Uruguay para causas relacionadas a abusos sexuales.
“El hecho de que haya estado colaborando en la parroquia no lo eximía de su prohibición de acercarse a niños, por lo que es algo que debería haberse seguido y controlado en ese momento. Porque, además, cerca del lugar está la escuela Padre Llorens, y había muchos niños en la zona”, agregó Pacheco, quien insistió en que no hay denuncias contra Fretes mientras estuvo en Mendoza ni en la compañía en Mendoza, ni en la Justicia ni en el Arzobispado
Fretes tenía 37 años cuando perdió su estado clerical y se quedó en Mendoza hasta que en 2015, con 45 años murió como consecuencia de un cáncer que padecía. Sus últimos años fueron de mucho padecimiento, precisamente a raíz de su complicada situación de salud. Y él mismo lo evidenció en su cuenta de Facebook, donde mantenía al tanto a sus amigos y conocidos sobre su estado de salud.
La presentación de las víctimas y el pedido de reparación
El abogado que acompaña en el reclamo administrativo a los dos denunciantes en Buenos Aires, Carlos Lombardi se ha especializado en causas canónicas y de abusos sexuales eclesiásticos.
“Presentamos el reclamo administrativo a las mismas personas que iniciaron la investigación que derivó en la expulsión de Fretes y que, en distintas cartas, reconocieron a las víctimas los abusos que cometió. Hemos solicitado un resarcimiento integral –que incluye lo económico- y si no se da respuesta, pues iremos a lo civil entonces.
Todavía estamos dentro del plazo de prescripción para la causa civil, ya que si bien los hechos fueron hace 20 años, las notas que reconocen los abusos y donde las autoridades piden perdón comienzan a partir de septiembre de 2019. Eso quiere decir que estamos en los 3 años del plazo de prescripción”, indicó Lombardi a Los Andes hace una semana.
Vio y Elizondo dijeron que Fretes les preguntaba sobre aspectos íntimos, incómodos e invasivos sobre sexualidad, la masturbación e –incluso- uno de ellos contó que una noche despertó durante un retiro y encontró al religioso en su cama con él mientras le tocaba los genitales al niño.
Si bien en ese momento no hubo denuncias judiciales, en el interior del Colegio Del Salvador hubo mucho ruido interno y movimiento. Como medida máxima se dispuso el traslado de Fretes a la comunidad jesuita de Mendoza. Recién 17 años después de los abusos y 16 años después del traslado, las víctimas se encontraron con otros ex compañeros y estos les contaron que habían sufrido lo mismo por parte del religioso. Allí cerró la cadena de abusos.
Ante esta realidad, la semana pasada, Pablo Vío y Gonzalo Elizondo presentaron un reclamo administrativo al Colegio Del Salvador en exigencia de un “resarcimiento económico del daño moral, psicológico y patrimonial” que sufrieron.
En el pedido formal se citan fragmentos de distintas cartas que las autoridades de la institución enviaron a los denunciantes entre 2020 y 2021 y donde los propios directivos reconocen que las medidas adoptadas para asistirlos y contenerlos son “insuficientes” y que la colaboración resulta “exigua”. Incluso, el escrito –con firma de Lombardi- hace referencia a pedidos de perdón y promesas de futura ayuda, a los que califica como “gestos precarios y poco eficaces”.
Amparándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) es que solicita entonces una “indemnización compensatoria”, que incluye “la valoración de daños materiales e inmateriales”. Entre otras cosas, ambas víctimas reclaman una indemnización económica millonaria al Colegio Del Salvador.
Lombardi destacó a Los Andes, además, que recurrirán a la justicia civil si la propuesta de reparación integral no es satisfactoria, y fundamenta esta decisión en que las cartas en que se reconocen los delitos datan de menos de 3 años.
“Se está analizando el reclamo presentado por los denunciantes. El abogado ha incluido algunos argumentos que se van a estudiar, aunque consideramos que no se trata de un reclamo administrativo, sino más bien de una petición”, destacó este martes Pacheco a Los Andes.
En cuanto a la posibilidad de recurrir a la justicia civil en caso de que no haya una respuesta satisfactoria para las víctimas -algo que menciona Lombardi-, el delegado de la Compañía de los Jesuitas destacó que ellos consideran que el periodo de prescripción de los hechos comienza a computarse desde que fueron consumados y no cuando se reconocen en una carta. “Igual esos son sus argumentos y se están estudiando, así como todo el pedido”, resaltó Pacheco.
