La justicia aceptó que el Estado se presente como querellante en la causa en la que se investiga a dos jueces y un fiscal, por violar la cuarentena en un encuentro por el Día del Amigo del que participaron en Catriló, donde se originó un masivo brote de contagio en la provincia, mientras que los involucrados pidieron el cierre de la causa.
Se trata de la habilitación dada por la jueza de Control de Santa Rosa, Florencia Maza, quien en las últimas horas aceptó el pedido del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto para que el Estado sea querellante en el proceso judicial contra los funcionarios judiciales, que podrían perder sus cargos.
La causa involucra al juez del Tribunal de Impugnación Penal Pablo Balaguer, al juez correccional Miguel Ángel Vagge y al fiscal general Guillermo Sancho, los tres funcionarios judiciales por los que distintas organizaciones políticas y sociales de La Pampa piden un Jury de Enjuiciamiento y el gobierno solicitó presentarse como querellante por violación de la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.
La investigación se inició a partir de la denuncia que hizo el subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, quien señaló que la cena se llevó a cabo en la noche del 20 de julio, cuando en ese horario no se permitían encuentros sociales en las viviendas particulares a raíz de las medidas restrictivas para evitar la propagación del nuevo virus.
En esa cena dos personas eran positivas de Covid-19, y a los pocos días comenzó un brote masivo motivo por el que el gobernador Ziliotto decidió retrotraer a la Fase 1 a la capital, Santa Rosa, General Pico y las localidades de Macachín y Toay.
En este proceso de investigación, la jueza ordenó distintos allanamientos en los domicilios particulares de los funcionarios y del empresario Carlos Ruiz, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares mientras, a través del abogado José Mario Aguerrido, solicitaron el cierre de la causa.
