Los médicos mendocinos evalúan una actualización del valor mínimo de la consulta, conocido como “coseguro”. En un contexto inflacionario que licúa los valores rápidamente, los profesionales han acordado aplicar un aumento a partir de enero por lo que las próximas semanas mantendrán reuniones para definir el porcentaje.
La última actualización había sido a partir del 1 de noviembre y se estableció en $7.000. En ese entonces, se acordó hacer una revisión cada dos meses.
Se trata del monto mínimo que los profesionales decidieron fijar ante el atraso en los valores de las prestaciones que abonan las obras sociales y prepagas que les impiden cubrir los costos de su trabajo. Tras diversos reclamos a las prestadoras que no obtuvieron respuesta positiva, los médicos mendocinos implementaron este valor desde el 1 de setiembre y fue actualizado una vez en noviembre.
Según comentó a Los Andes uno de los referentes de las Asociaciones Médicas de Mendoza, hasta hoy las obras sociales y prepagas “nunca llamaron a la Mesa de la Salud para negociar (...) Algunas aumentaron y llegaron a $7000 pero son las menos y más chicas, ninguna prepaga”.
Respecto del incremento, está por verse de cuánto será. La intención es que sea en función del índice de precios al consumidor (IPC), sin embargo, como es sabido, este dato no se informa en tiempo real. En unos días se sabrá cuál fue el registro de noviembre. Según las primeras estimaciones de algunas consultoras, el mes pasado hubo una nueva aceleración, afectada por el contexto eleccionario y la incertidumbre asociada. Por ello, estiman que estará en torno al 12%. En octubre había sido de 8,3% a nivel nacional.
De todas formas, los médicos aseguran que los pacientes están asistiendo con la misma demanda previa a la implementación de la medida, tras haberse resentido al principio.
Demoras en los pagos sin solución
Otro de los reclamos de los profesionales, es lograr que se acorten los plazos de pago de la prestaciones que se hacen efectivos hasta en 90 e incluso 120 días. Con una inflación interanual de 142,7% hasta octubre se entiende cómo afecta esto a valores ya de por sí bajos. Es que hay algunas obras sociales que pagan menos de $3.000.
Sin embargo, el obstetra Cristian Palomba, vicepresidente de OBUM, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Mendoza dijo que no han logrado avances en este sentido. Comentó que en tal caso, una clínica de Mendoza está absorbiendo esa dilación para poder hacer efectivo el pago a los profesionales en menor tiempo.
“La Clínica de Cuyo armó una ingeniería para poder acortar los tiempos de pagos en aproximadamente un mes, para eso puso el dinero para adelantar las liquidaciones a los médicos y acortar un poco los tiempos de pago, pero las obras sociales y prepagas no han hecho nada al respecto”, destacó.
El conflicto
Tras atrasos en los valores de larga data y reclamos irresueltos a las prestadoras, desde el 1 de septiembre diversas asociaciones médicas de Mendoza, establecieron un valor mínimo de la consulta en $6.000 y de $8.000 para Psiquiatría.
Se trató de una avanzada que luego se extendió al resto del país. Tiene su origen en las dificultades financieras que para los médicos ha tenido sostener los costos esenciales que necesitan para trabajar con valores que arrastran largos atrasos por parte de obras sociales y prepagas pero que además se concretan entre 60 y 120 días de prestado el servicio.
El cambio de las condiciones económicas, con una aceleración de la inflación, complejizó más las cosas y los empuja a tomar nuevas decisiones.
La medida implica que las prestadoras paguen el valor establecido y en el caso de aquellas que no lo alcancen, establecer un copago a cargo del paciente para cubrir la brecha. Sin embargo, se da el caso de aquellas que tienen un valor muy bajo y en cuyo caso directamente los médicos han optado por no recibirlas. En esa situación los usuarios pueden acceder de manera particular y pedir el reintegro a la entidad, al igual que sucede con el coseguro. Sin embargo, algunas prestadoras han informado que solo trabajarán con los médicos que aún siguen en la cartilla y que no reconocerán esos pagos.
En Mendoza, 22 entidades médicas tomaron esta posición ante una situación que, aseguran, les resulta insostenible. Nuclean a las especialidades de terapia intensiva, dermatología, cirugía general, pediatría y neurocirugía, obstetricia, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia y traumatología, traumatología, gastroenterología, hepatología, neurología, anestesiología, medicina familiar, medicina respiratoria, neonatología y psiquiatría. Luego se sumaron a reclamos similares bioquímicos y kinesiólogos.
