Luego de ser reprogramado por la situación epidemiológica en Mendoza (debería haber comenzado el 12 de abril), el inicio del segundo de los juicios por abusos a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo fue confirmado para lunes 3 de mayo. Las audiencias serán remotas en su totalidad (virtuales y sin necesidad de estar presencialmente en los Tribunales de Mendoza).
En total hay 9 mujeres imputadas por los abusos a ex alumnos y alumnas que estudiaban y dormían en los albergues del establecimiento ubicado en Carrodilla (Luján de Cuyo); y se las acusa de haber sido partícipes y autoras -en algunos casos- de los abusos.
En noviembre de 2019 ya fueron condenados por los hechos dos curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, quienes recibieron condenas de 45 y 42 años de prisión respectivamente) y un ex jardinero (Armando Gómez, condenado a 18 años de cárcel). A ellos se suma el ex monaguillo Jorge Bordón, condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión.
Las claves del juicio
-Remoto
A pesar de que en un principio estaba previsto que el juicio fuese semipresencial -con audiencias presenciales y virtuales-, la situación epidemiológica de Mendoza y el país en pleno desarrollo de la segunda ola de la pandemia de coronavirus llevó a que el proceso se confirme como 100% remoto. De acuerdo a lo planificado, las audiencias se extenderán de lunes a viernes, de 8 a 13.
A priori solo se permitirá la presencialidad de un solo representante por cada una de las partes; y resta definir si las imputadas deberán estar presentes en el lugar al momento de la lectura de las imputaciones. No se permitirá la presencia de periodistas y medios en la sala (por tratarse de delitos de instancia privada) ni en el edificio judicial, dados los protocolos y recomendaciones en medio de la pandemia.
-Duración; un año
Las 9 acusadas (entre ellas, dos monjas) contarán con casi 15 abogados defensores; la mayoría particulares, aunque también hay defensores oficiales. Las víctimas, en tanto, tendrán 11 abogados y abogadas querellantes.
Se espera que sea un proceso más complejo que el de hace casi dos años, teniendo en cuenta que -en un principio- hay audiencias fijadas hasta el mes de agosto. En total se ha incluido a 189 testigos para que presten declaración.
-Las víctimas
Durante el primero de los juicios (entre agosto y noviembre de 2019), el inicio del debate estuvo marcado por un enfrentamiento formal y técnico entre los abogados de los denunciantes (en conjunto con el Ministerio Público Fiscal) y la única abogada defensora oficial de los tres imputados (Corbacho, Corradi y Gómez).
Mientras que la abogada de los imputados (y luego condenados) insistía en que las víctimas declararan nuevamente sobre los abusos que sufrieron y ya habían denunciado; el fiscal y los abogados de los jóvenes resaltaban que no todos ni todas estaban en condiciones de hacerlo y que eso podría significar una situación de revictimización.
En ese primer juicio, el tribunal resolvió que se permita la reproducción de las declaraciones de los denunciantes en las cámaras Gesell –grabadas durante la instrucción- y que sean consideradas como las declaraciones oficiales durante el mismo debate. En ese sentido, se estableció además que de ser necesario, las víctimas podrían ampliar en el momento sus declaraciones; siempre y cuando los peritos psicológicos y psiquiatras concluyeran en que el o la joven estaba en condiciones óptimas para declarar.
Para este segundo juicio, se ha dispuesto la reproducción de 39 cámaras Gesell (en el primer juicio fueron 10). Y, al igual que en el debate de 2019, se ha especificado que -de ser necesario-, se citará a la víctima a declarar de manera presencial. Una vez más, de acuerdo al protocolo confeccionado, será responsabilidad del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) desarrollar los exámenes que permitan determinar si las víctimas están en condiciones de declarar de forma presencial –a través de cámara Gesell- o si no pueden volver a prestar declaración.
A diferencia de lo ocurrido en el primer juicio, se espera que los abogados defensores de las acusadas aporten (como peritos de parte, subjetivos) sus propios intérpretes de Lengua de Señas Argentina. Y aquí es probable que se generen algunos cortocircuitos, teniendo en cuenta que las intérpretes oficiales de la causa son la columna vertebral de la causa, y un grupo de abogados defensores de las imputadas basó su estrategia (previa a la llegada del juicio) en desacreditar y desmentir las interpretaciones que hicieron los y las intérpretes a lo largo de toda la investigación (aún, incluso, cuando estos profesionales recibieron el apoyo y aval de instituciones oficiales). Y también arremetieron contra psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, quienes indicaron que en las denuncias de los ataques sexuales no había indicios de manipulación o fabulación.
-Las imputadas
De las 9 imputadas que estarán en el banquillo durante el segundo de los juicios, 8 de ellas están en libertad. Ellas son la monja Asunción Martínez (53); la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual (65); las ex directoras del instituto Gladis Pinacca (66), Cristina Leguiza (50), Valeska Quintana (48), Laura Gaetan (60); la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la ex cocinera del Próvolo, Noemí Paz (63).
La novena es la monja japonesa Kumiko Kosaka (46); la única que está en prisión a la espera del juicio y la sentencia (la cumple en modalidad domiciliaria). Precisamente este martes fue confirmada la prórroga a la prisión preventiva durante 3 meses más.
La monja Kosaka cuenta con 7 acusaciones formales, con la misma cantidad de víctimas denunciantes. Entre otras denuncias, una de las víctimas (menor de 18 años al momento del hecho) señala que fue la monja -quien cumplía funciones como encargada del albergue de mujeres del instituto- quien le ordenó ingresar a la habitación de uno de los curas para entregarle una cesta con pan que habían horneado en el taller.
De acuerdo a la declaración de la víctima, en esa ocasión el sacerdote la violó. Además, Kosaka cuenta con tres acusaciones por ser autora de episodios de corrupción de menores; y con otra imputación por abuso sexual simple, acompañada –esta misma situación- de un nuevo episodio de corrupción. Además, tiene una acusación formal por parte de un joven (también menor de 18 años al momento del hecho), quien la señala como la autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
En cuanto a las otras 8 imputadas, son 11 los denunciantes y las imputaciones están diferenciada según cada una de las protagonistas; aunque todas giran en torno a la figura de comisión o partícipe de comisión por omisión (al no denunciar las situaciones atípicas, consideran que facilitaron los abusos y episodios de corrupción contra niños y niñas).
-Radiografía del juicio
Tribunal:
-Horacio Cadile (presidente).
-Gabriela Urciuolo (primera vocal).
-Rafael Escot (segundo vocal).
-Belén Salido (primera suplente).
-Belén Rena (segunda suplente).
Fiscalía:
-Alejandro Iturbide (Jefe de Fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual).
-Gustavo Stroppiana (Fiscal que instruyó la causa).
Imputadas:
-Kumiko Kosaka (46, monja).
-Asunción Martínez (53, monja).
-Graciela Pascual Ivars (65, ex representante legal).
-Gladys Pinacca (66, directora del Próvolo entre 1997 y 2008).
-Cristina Leguiza (50, directora del Próvolo entre 2008 y 2010).
-Laura Gaetan (60, directora del Próvolo entre 2010 y 2013)
-Valeska Quintana (48, directora del Próvolo entre 2013 y 2017).
-Cecilia Raffo (43, psicóloga que se desempeñó en el instituto).
-Noemí Paz (63, ex cocinera del instituto).
