La Justicia Civil ordenó al Estado mendocino indemnizar por $12 millones a la familia de Florencia Romano, la adolescente de 14 años cuyos restos aparecieron calcinados en una acequia el 18 de diciembre de 2020, siendo el peor final, porque hacía una semana que nada se sabía de ella. El femicidio pudo ser evitado: un vecino de Luzuriaga, donde ocurrió el crimen, pidió auxilio al 911 al escuchar los gritos de la menor en el ataque de su femicida, pero la operaria Verónica Herrero nunca llegó a generar el incidente para que se desplazara un móvil policial y, como la comunicación se entrecortaba, colgó.
En medio de la pelea judicial entre la familia de la víctima y el Estado, unos para se les reconozca una mayor indemnización y el Estado para que se comparta la responsabilidad, a casi dos años del crimen, el ministro de Seguridad Raúl Levrino aseguró que hoy el 100% del personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), donde funciona la línea de emergencias 911, realizó el curso de la Ley Micaela sobre violencia de género y que se continúa con la formación permanente del personal.
Sostuvo, además, que más del 80% de la Fuerza ya pasó por esta capacitación, que se brinda en el Instituto de Seguridad Pública (IUSP).
La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado es una ley promulgada en Argentina en 2018.
La policía Herrero -ya destituida de su cargo- no había realizado el curso, pero desde Seguridad insisten en que tuvo una instrucción diaria (academia) donde se le indicó que las denuncias de violencia de género eran prioridad.
“En Mendoza desde 2016 hay un plan y una política de seguridad que comenzó con el gobierno de Alfredo Cornejo y continuó con Rodolfo Suárez. Se profundiza con los lineamientos en cuanto a la capacitación y a los protocolos específicos de violencia de género. Desde 2019 implementamos la diplomatura en Perspectiva de Género que es única en el país, integramos de la Mesa Federal de Género y Diversidad, un convenio marco del 911, implementamos el Observatorio de Seguridad Pública y hoy se está conformando el Sistema Único de Denuncias por Violencia de Género (URGE), entre otras herramientas”, recalcó Levrino.
Diariamente ingresan a la línea de emergencias unos 4.500 llamados, de los cuales 2.000 (producen sucesos) son por hurtos, robos, otros 2.000 son hechos falsos o bromas, 500 consultas y 23 son denuncias de violencia de género. A partir de allí se genera un código rojo de prioridad, explicó el titular de la cartera de Seguridad.
“Esas 23 (llamadas) tienen prioridad y siempre la tuvieron. Se fue profundizando con los protocolos de actuación”, afirmó el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mendoza.
Una llamada clave pero ignorada
El 12 de diciembre de 2020, a las 18.50, se produjo una llamada. “Emergencias, buenas tardes; 911, emergencias, hola”, comenzaba la comunicación. Un hombre del otro lado, con la voz entrecortada, alcanzó a decir que había violencia de género en el pasaje Berra 83 de Maipú.
“No me figura la calle, señor”, respondió la agente. Y su interlocutor le preguntó si es ella era policía. La operadora entonces dijo: “Hasta luego señor, buenas tardes”, según reproducía el audio del CEO que queda registrado gracias a una tecnología que se implementó desde 2016.
La comunicación sirvió para probar lo que el Ministerio Público Fiscal y la querella consideraron “abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Herrero fue condenada a tres años de prisión condicional, inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos y quedó cesante, luego de 13 años en la Fuerza y cuatro en el 911.
Sobre esa fatídica tarde, Levrino aseguró que Herrero había pasado por una academia de 30 minutos, en donde un supervisor antes de que ingresara a su turno la instruyó sobre las prioridades, una de ellas, las denuncias por violencia de género. “Lamentablemente no actuó dentro del protocolo. La oficial cortó la llamada y la información quedó solamente en esa persona. Además, tuvo incumplimiento de los deberes de funcionario público”, subrayó el ministro.
“En 2016 empezamos a implementar estos protocolos de violencia de género, que son una de las denuncias más importantes, donde se activa un dispositivo para desplazar una movilidad y brindar contención a la víctima, generalmente por amenazas. El recurso humano es fundamental, como la tecnología, para esclarecer el ciberdelito, como son estos engaños por las redes sociales”, agregó.
La directora de Capacitación del IUSP, Paula Vetrugno, comentó que 500 policías hicieron la diplomatura en Perspectiva de Género y recalcó que el proceso de formación es permanente. “Con un cambio cultural y de deconstrucción y estamos en el camino correcto, con una participación en los distintos ámbitos federales para la prevención y la actuación en los casos de violencia hacia las mujeres”, indicó. La abogada también recalcó que está próximo a comenzar la segunda cohorte de esta carrera para la Policía.
Piden un protocolo específico
La familia de Florencia insiste en que debe haber un modelo de actuación específico en el caso de la desaparición de una mujer y debe quedar estipulado por ley, pero la norma nunca llegó a la Legislatura. Esta llevaría el nombre de Florencia Romano, convirtiéndose en un emblema para prevenir “un error” que le costó la vida a la joven, siendo uno de los hechos más cuestionados del accionar de Seguridad de la gestión actual.
“Con sus papás seguimos luchando para que se elabore la Ley Florencia, que es para que la Policía de Mendoza cuente con un modelo de actuación para los casos de femicidio y para que, cuando una chica desaparece de su hogar, no se lleve la causa como una averiguación paradero, sino como posible femicidio y no importe que después aparezca”, explicó el abogado Agustín Magdalena.
El letrado recordó que en la sentencia penal contra Herrero, el juez David Mangiafico instruyó al Ejecutivo para que se capacitara la Fuerza de seguridad en violencia de género.
“Hubo reuniones, con nuestro aporte de datos y de documentación con un abogado del Ministerio de Seguridad, trabajamos muchísimo, pero no se avanzó y nunca se pudo presentar esta ley”, disparó el querellante.
Respecto de este tema, Levrino dijo que se habló en su momento “de darle fuerza de ley al protocolo de actuación del 911 en los casos de violencia de género, pero se habló nada más”. El funcionario sostuvo que “se cumplió con el deber de capacitar a la Fuerza y eso se viene haciendo desde 2016″.
Los Andes también consultó a la Inspección General de Seguridad, el organismo disciplinar de la Policía donde se llevan las investigaciones administrativas, si se generaron nuevas causas por incumplimientos de agentes del 911, luego del caso Florencia Romano y señalaron que, hasta el momento, no hubo nuevas investigaciones abiertas por hechos similares.
