Eugenia mira una foto impresa, revelada –algo prácticamente en peligro de extinción- ubicada en el living de su casa, sonríe y dice: “¡Es muy bonita mi hijita!”. Sin dejar de sonreír, contempla la foto donde están sus dos hijos, tomada hace ya más de una década. Y la mayor es una niña sonriente, quien no está en casa con ellos desde el lunes por la noche. Y quien ya tiene 21 años.
El lunes pasado, la joven –a quien se identificará como C. para resguardar su identidad- fue trasladada e internada en un hospital especializado en Salud Mental. En sus casi 22 años, C. ya tiene 24 internaciones, todas relacionadas a consumos problemáticos de estupefacientes. Y, si se tiene en cuenta que la primera de ellas fue horas después de que cumpliera 14, todos estos ingresos han sido en los últimos 8 años.
“Ayer (por el lunes), entre las 20 y las 21, tuvo su última crisis. Yo salí de trabajar y me llamaron para que viniese a casa, y ella estaba desbordada. Ella estaba encerrada en el baño de la casa de un amigo, y lloraba desesperada. Me dijo que se iba a internar si yo le daba 4.000 pesos”, resumió la mujer de 54 años este martes, a menos de 24 horas de haber vivido y padecido lo que –hasta ahora- ha sido la última crisis de su hija mayor.
“Ella estaba en casa de un amigo desde hacía unos días, y yo había solicitado a la Justicia dos órdenes de internación nuevas. Anoche (por el lunes), cuando me enteré de la crisis, llamé al 911 y, por suerte, me tocó un oficial que ya la conocía y había intervenido en otra de las crisis de mi hija. Me dijo que me fuera a la casa de su amigo y que me quedara afuera, que ellos ya llegarían. Y cuando llegaron se dio toda la situación. Afortunadamente, pudieron internarla”, resume con algo de calma.
Aunque, -lamentablemente-, Eugenia sabe que es muy probable que esa calma sea pasajera, porque la situación de su hija (y su hija en sí) son una bomba de tiempo, de esas que se activan y estallan en el momento menos esperado. Ella lo sabe, porque ya lo ha vivido cientos de veces.
“Dentro del sistema de salud, en lo que es Salud Mental, hay una falla muy grande. Las consultas no pueden ser de 15 minutos y, si bien a partir de este año se puso foco en el trabajo de los equipos, hay hospitales donde solo trabajan de mañana. Y, por la tarde, solo hay guardias. Entonces, si hay una crisis, todo pasa a ser una cuestión de criterio del profesional que esté de guardia”, reflexiona la mujer, quien ya ha pasado por los hospitales más importantes (públicos y privados) que trabajan con foco en Salud Mental. “El criterio es muy laxo y, en Salud Mental, se observa que hay falta de atención, de un protocolo o al menos un manualito”, agrega. “Me vi muchas veces representada en la madre del Chano Moreno Charpentier”, cierra la idea en alusión a la mamá del cantante y quien, ante distintas crisis de su hijo y en las que ella pidió ayuda de forma desesperada, volvió a poner sobre la mesa de discusión la siempre delicada Ley de Salud Mental.
Desde lo administrativo y judicial, los padres de C. se han encontrado, además, con distintos obstáculos. Desde asuntos formales y de facultades hasta legales, protocolares y burocráticos.
“Hay un vacío interminable y, justamente por eso, depende mucho de la predisposición de la fiscalía que interviene o del Juzgado de Familia. Pero, por lo general, nadie se quiere comer el garrón de firmar una autorización para sacar a los chicos de sus casas”, destaca con absoluta sinceridad la mujer.
“Con mi esposo estamos yendo a un grupo diocesano, y nos está haciendo muy bien en cuanto a apoyo y contención. Allí coincidimos a otras personas, otras familias que tienen a sus hijos con situaciones de consumo problemático. Y muchos de los chicos van también, incluso. Nos hemos encontrado con situaciones en que –directamente- a los chicos los llevan a otras provincias. Ojalá todo esto pudiera cambiar, para que no haya más chicos y chicas como mi hija. Pero, lamentablemente, está lleno”, reflexiona en voz alta.
UNA HISTORIA COMPLICADA
C. nació en mayo de 2002, por lo que en poco más de un mes cumplirá 22 años. Ya desde chiquita, con solo 4 años, su madre recuerda que presentaba algunos trastornos en el sueño, sumado a algunas situaciones que trascendían los berrinches habituales de cualquier niña. “No podía bajarla de mis brazos siquiera para cocinar porque empezaba a llorar y patalear”, rememora. Cuando C. tenía 8 años, Eugenia dejó de trabajar para ser madre full time, no solo de C., sino también de su hermano menor.
Cuando estaba en primer año del secundario, con 12 años, la adolescente empezó a autolesionarse y hacerse a sí misma heridas cortantes en sus piernas. El contexto escolar no acompañaba demasiado, ya que C. sufría bullying de parte de sus compañeras y, cuando dejaba mensajes preocupantes en las redes sociales, la atacaban aún más, la provocaban.
“Tenía 11, 12 años y, apenas noté que había empezado a cortarse, yo le espiaba las redes sociales todo el tiempo. Los mensajes que dejaba eran terribles. Y empezamos un tratamiento neurológico”, recapitula Eugenia.
Sumida en una situación de extrema vulnerabilidad, la mujer vivió y sufrió como su hija experimentó todos los peligrosos desafíos virales que proliferaron en las redes sociales (entre ellos el de la Ballena Azul, aquel que fue una triste noticia hace ya 5 años e invitaba a los chicos a causarse mucho daño a sí mismos).
Hasta entonces, C. no tenía ningún diagnóstico en el plano de la Salud Mental. Pero los indicios eran claros, por lo que el seguimiento y la atención se intensificaron sobre la niña. Casi en el acto descartaron que se tratara de un Déficit de Atención, mientras que también fue en ese momento (entre los 12 y los 13 años) que C. comenzó a fumar tabaco y probó la marihuana.
“Semanalmente teníamos consultas psicológica y psiquiátricas, y así mi hija llegó a la Dinaf, Estuve a punto de perder la tenencia de mi hija, porque desde el primer momento el foco se centró en mí, en que yo era el problema y no que mi hija tenía un trastorno”, rememora Euge. Y ejemplifica que, con 12 años, su hija ya había estado dos veces en la lista de personas en averiguación de paradero, ya que se había escapado de su casa.
Pero los principales -y más críticos- episodios de consumo problemático se iniciaron en C. el mismo día en que cumplió 14 años. “Ya había empezado con las malas juntas, y el mismo día de su cumple, la llevaron a la calle y le dieron cocaína para que pruebe. También con 14 años estuvo por primera vez entre 3 y 4 días perdida. Y la encontrábamos en la calle, muy golpeada porque había mezclado cocaína y marihuana”, se extiende Eugenia en sus dolorosos recuerdos.
Por entonces, ya había irrumpido en la vida de C. y de su madre el médico psiquiatra Rubén Contreras (QEPD), quien fue –según palabras de la propia Eugenia- “un ángel” que ayudó -tiempo después- a que terminara de entenderse y definirse la situación de la, por entonces, adolescente. Y a encarar el tema por donde correspondía.
Ya institucionalizada –una vez que intervino la Dinaf -, en una de las oportunidades en que C. Fue derivada al Hospital Notti, ella contó que su madre la maltrataba y otra vez todas las sospechas y acusaciones se posaron sobre Eugenia. “A mi hija ni la atendieron ni revisaron, y a mí casi me llevan presa”, acota la mujer.
DESBORDADA
Tras concluir en que presentaba todos los criterios para traslado e internación, C. fue llevada entonces a una clínica privada, mientras que la recomendación fue que la chica viviera con su padre, mientras que Eugenia se fue a vivir a otra casa que tenía la familia. Esa fue la condición que, extraoficialmente, se fijó para que su hija pudiera externarse y dejar la clínica.
“Me habían sacado a mis hijos y entré en un proceso depresivo. Después averigüé que esa medida de exclusión y que implicaba que yo me fuera de casa para que ella fuera externada nunca quedó firme y no pasó de una recomendación, por lo que a los dos meses volví. Y, entre otras cosas, me enteré un año después de que, ni bien la externaron de la clínica, a los dos días de haber vuelto a casa, mi hija ya había vuelto a la calle. Y estuvo 9 días perdida hasta que la encontraron”, resume.
Por entonces, Eugenia no podía dejar de espiar las redes sociales de su hija, ni tampoco los mails. Y allí estaban todas las conversaciones de las personas a quienes C. les compraba droga. Con 16 años, además del consumo de sustancias, C. también era parte de un grupito de chicos y chicas que pungueaban (robos menores).
“Una de las veces rescaté a mi hija de un prostíbulo, aunque –afortunadamente- no la estaban explotando en el lugar, sino que era un hotel que tenían los padres de una amiga de ella. Y ella estaba viviendo allí. Fue terrible sacarla de allí”, rememora euge sobre una de las tantas situaciones traumáticas que debió vivir. Como aquella otra en que un vecino le llamó para decirle que había visto a C. parada en la baranda de un zanjón, a punto de saltat. O como las incontables veces en que salió a buscarla a las 4 de la mañana por distintas plazas.
Como si la situación no fuera difícil para la mujer, la psicóloga de C. volvió a enfocar el problema sobre Eugenia el día en que la madre le envió a la profesional las capturas de mails y mensajes de redes sociales donde la adolescente manifestaba estar comprando y consumiendo drogas. “Me cuestionó que invadiera su privacidad”, agrega Eugenia.
Recién cuando C. tenía entre 16 y 17 años lograron diagnosticar el trastorno de la adolescente. Siempre con el acompañamiento incondicional de Rubén Contreras, llegaron a la “presunción de trastorno border”, también llamado “de límite de la personalidad” o “trastorno emocional crónico”. Y recién en ese momento, también apoyado por las declaraciones del otro hijo de Eugenia –y quien contaba que si hermana golpeaba a su madre y tenía miedo-, el foco se centró en la situación de la chica y no en su madre.
Antes, C. estuvo en un hogar de la Dinaf también, donde estuvo alejada de su madre durante un tiempo. Y, aunque a veces C. pedía que Eugenia fueraa verla, otras veces la adolescente llegó a golpear con violencia a su madre. Estando en el hogar, la chica también se escapó y hasta se tiñó el pelo para que no la encontraran.
“No la iban a encontrar nunca, porque nadie la estaba buscando. Sí, mientras estuvo fugada, fue al cine, a comer y ella sola volvió a nuestra casa”, acota la madre. Cuando C. regresó a su casa, pidió ella misma que levantaran la orden de restricción y acercamiento que aún pesaba sobre Eugenia, porque cayó en la cuenta de que necesitaba a su madre con ella.
Al cumplir 18 años, C. entró en el sistema de los hospitales especializados en Salud Mental públicos dentro del programa de adolescentes de OSEP. Pero el padecimiento para la joven y para su familia lejos estuvo de llegar a su fin.
“¿Te acordás que en Mendoza hubo un caso muy conocido de un casino clandestino que funcionaba en un barrio de Mendoza? Un día me enteré que mi hija trabajaba como copera ahí, y el día en que fue el allanamiento, de milagro no estaba ahí”, grafica su madre, quien antes de que su hija cumpliera 18 años inició un pedido legal para que se la designara a ella como persona responsable (teniendo en cuenta que se acercaba la mayoría de edad de la joven y ella no estaba en condiciones de valerse por sí misma).
LAS CRISIS MÁS RECIENTES
El ingreso al sistema público de Salud Mental –ya en sintonía con las incontables internaciones en clínicas privadas que acumulaba- no trajo una solución mágica. Y, a decir verdad, tampoco se esperaba que ello ocurriera. Porque la magia queda para las películas y libros de fantasía.
“Recuerdo haber llegado a hospitales a las 23, con mi hija esposada, y que me dijeran que no iba a poder quedarse porque no tenían lugar. O haber ido en plena medianoche, durante una crisis, y que me ofrecieran en el momento un turno para dentro de 15 días”, repasa Eugenia, con angustia.
La policía ha ido, al menos, 20 veces a la casa de la casa de la familia. Y, aunque Eugenia haya tenido una orden de traslado en ese momento, a veces le faltaba la de internación. Y si estaban las dos órdenes, a veces faltaba el criterio médico.
“Una vez mi hija estaba encerrada en el baño con un cuchillo y yo, desesperada, llamé a la policía. Cuando llegó, me dijeron que si no había personal femenino, ellos no podían entrar al baño ni intervenir”, agrega entre tantas escenas apocalípticas que describe.
Luego de una de las tantas crisis, el padre de C. y ella se fueron a vivir solos a la misma casa donde, años antes, se había mudado Eugenia. Pero el hombre debió regresar por temas familiares, por lo que C. quedó sola en esta segunda casa. En cuestión de días, la joven vendió todo lo que había en esa casa y la convirtió en el refugio para las “malas juntas”, como las describe su madre.
Las solicitudes de oficios al Poder Judicial para ordenar traslados e internaciones, ya con criterio médico especificado, eran una constante. Pero, por X o por Y, la situación era inabordable. Y, mientras tanto, C. seguía haciéndose daño. Dentro del sistema de salud público, a C. la convocaban periódicamente –con su madre- a hospitales específicos, aunque únicamente para trabajar con ella con turnos programados.
Hace unos 10 días Eugenia consiguió que la Justicia de Familia firmara las admisiones correspondientes para que se disponga el traslado e internación con criterio médico. Así las cosas, fueron a buscar a C. a la casa de un amigo, que era donde estaba viviendo, y lograron por fin concretar el traslado. Sin embargo, C. no pudo quedarse internada, y regresó a casa de este joven.
El capítulo más reciente de esta dura historia de vida es aquel con el que comenzó este relato: el lunes pasado, en horas de la noche y luego de la más reciente de las crisis (hasta el momento), C. logró ser trasladada e internada. Fue luego de que se encerrara en el baño de la casa de su amigo y mientras hablaba con su madre, quien estaba afuera.
SALUD MENTAL EN MENDOZA: QUÉ SE HA HECHO Y QUÉ RESTA
Manuel Vilapriño cuenta con una destacada trayectoria como psiquiatra y, justamente, la Salud Mental y el debate sobre su ley es una de sus especialidades. Tanto que, tras ser designado como director de Salud Mental de la Provincia en la actual gestión, el especialista lo vio como una inmejorable oportunidad para seguir trabajando en un tema que, desde siempre, ha dado que hablar.
“La clase política se ha dado cuenta de que hay un problema grave en Salud Mental, que viene incluso de antes de la pandemia. Pero que se agudizó con la pandemia”, destacó Vilapriño.
La Ley de Salud Mental vigente data de 2010 y permitió redefinir ciertos conceptos o ideas que, prácticamente desde siempre, habían estado instalados. Y que revisten peligros. Entre otras cosas, la normativa actual permitió que se abrieran guardias en hospitales generales (no únicamente en aquellos especializados en Salud Mental), además de dispositivos intermedios infanto juveniles.
“No vamos a caer en la idea de que la Ley no tiene nada para ser observado y que es perfecta, ni tampoco en decir que es un desastre y que hay que derogarla. La ley tiene aspectos destacables, que restaura derechos y otorga derechos que antes no existían. Además, establece que se destine 10% del presupuesto de Salud a Salud Mental, algo que es difícil de cumplir. Pero también tiene sus cosas a revisar”, indicó Vilapriño.
Uno de los detalles que más ha dado que hablar de esta ley es el referido a las internaciones voluntarias. Esto significa que cada persona es quien decidirá si quiere quedar internado en un hospital o no, salvo que exista un riesgo cierto e inminente, para ella o para terceros. En ese caso, la internación debe efectuarse sin dar a elegir.
“Es un aspecto que sería importante evaluar e intentar modificar. Porque, en Salud Mental, son muy pocos los casos de riesgo cierto e inminente, pero sí está demostrado que el riesgo existe si no se toman medidas. Claro que tampoco es llegar al otro extremo que proponía el DNU nacional de considerar ‘peligrosidad’ y que las internaciones no sean voluntarias, porque hablar de peligrosidad implica criminalizar el funcionamiento del paciente en Salud Mental”, resumió.
El psiquiatra destacó, además, que el trabajo en Mendoza está apuntando a que los hospitales generales también sumen sus especialidades y servicios de Salud Mental, sin que ello implique el cierre de los hospitales especializados (también llamados monovalentes). “Es algo difícil, porque el recurso humano en psiquiatría no abunda, pero hay que trabajar en esa dirección”, afirmó.
El caso de C., de la misma manera en que el de Chano a nivel nacional y con mayor exposición, ha llevado a que se vuelva a discutir sobre el criterio de internación y si debe ser voluntaria o no.
“Chanos hay montones, nada más que él fue el más famoso y por eso se habla tanto. Si el paciente va a la guardia y tiene criterio de internación, el médico puede y debe enviar el pedido de internación, ya que es una medida de protección. Eso se puede complicar un poco más cuando abordaje es en la vía pública o en una casa”, explicó.
Además, Vilapriño insistió en la necesidad de entender que en Salud Mental no sirven las posturas binarias y extremistas. “Es importante trabajar y que se entienda que hay cuestiones que tienen que ser observables. Pero generar posturas muy binarias en torno a la Ley de Salud Mental no le ha hecho bien. Porque en el medio están los pacientes, que son personas sumamente vulnerables”, concluyó.
