Un acto de amor siempre trasciende, logra un impacto concreto en la realidad. Desde un pequeño gesto voluntario hasta lo inconmensurable de celebrar la vida. La mendocina María Gabriela Capó lo entiende así, ella es donante de órganos vivo y con la intención de ampliar este círculo planteó junto a un equipo interdisciplinario la posibilidad de modificar la Ley Nacional 29.928 de Protección a las personas trasplantadas, persiguiendo como sueño el trasformar el día a día de los donantes y de muchas personas más.
Ella tiene 57 años y desde hace cuatro vive con un solo riñón, desde el mimo momento en el que decidió compartir una parte vital de su cuerpo con su esposo, el bodeguero Carlos Crotta. María trabaja, estudia, cocina, lava, practica deporte, atiende a su familia, cuida a sus nietos, viaja. Su vida es intensa, plena y abrió un nuevo capítulo en una sala de operación del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (ITAC), aquel 3 de diciembre del 2019.
“Fue un acto de amor y creo que este anteproyecto de ley es una forma de completarlo. No me quede quieta, en casa, porque conocí mucha gente que atravesaba distintas dificultades y me propuse ayudar; me parece justo y razonable que todos tengan esta oportunidad de donar un órgano y de sentirse cuidados. Para mí es completar este acto de amor en mi familia, para darle voz a otras tantas personas que no la tienen, que no saben cómo hacerlo. Desde mi lugar, el de un actor en el sistema de trasplantes salí a pedir ayuda”, cuenta Capó.
Jorge Lanata, Sandra Mihanovich son algunos casos más famosos que recibieron o donaron uno de sus riñones. “Desde hace un mes estamos trabajando con el equipo para ultimar los detalles del anteproyecto que será presentado en el Senado y que persigue la asistencia médica integral al donante vivo; es sencillo, no hay grandes modificaciones a la ley 29.928 de Protección a las personas trasplantadas, buscamos que estos derechos planteados en la legislación también sean extensivos para quienes decidieron dar vida”, subraya la empresaria.
El equipo, además de Capó, está integrado por el ex diputado nacional Luis Petri, quien se ocupa de las labores legislativas; la contadora y ex diputada Julieta Marconi, y los médicos especialistas en trasplante Rafael Maldonado, Francisco Osella y Domingo Casadei. “Aspiramos que al igual que la Ley Justina (N° 27.447), que fijó que todo los fallecidos sean donantes de órganos, tejidos o células, salvo que se deje constancia previa, fuese aprobada en el Congreso por unanimidad”, destacó la mendocina.
De la experiencia a la oportunidad
En la actualidad, en Argentina un paciente debe esperar –en promedio- cinco años en la lista de espera para conseguir un riñón, mientras tanto realiza el tratamiento de diálisis. “Hay tanta necesidad de órganos, que la espera resulta demasiado tiempo; quizá un familiar le pudiese donar un órgano a un paciente; hay que trabajar en la asistencia familiar, así sería más fácil el acceso a un trasplante”, explicó Copo.
“Somos personas con vidas reales, con necesidades; no tengo el registro de la cantidad de los donantes fallecidos, pero no es fácil encontrar esa correspondencia para un trasplante. Es un tratamiento médico, está en riesgo su vida, el órgano no funciona más; el trasplante le permite a una persona volver a empezar. Tenemos que divulgar esta situación, enseñar que los paciente en diálisis tienen derecho a entrar en la lista de espera por un órgano, tenemos que generar conciencia como sociedad para que haya donantes vivos y pensar también como sociedad en que nos hacemos cargo; debemos generar empatía con que le pasa al otro, porque esto sucede esto una y otra vez”, puntualizó María Gabriel Capó.
“Más allá de las palabras, protejamos a estas personas que donan, con lo mínimo, por lo menos”, destacó Copo. Uno de los problemas que intenta solucionar el anteproyecto de ley es el tiempo de postoperatorio que está considerado de 30 días para el trasplantado, intentan que el mismo tiempo sea extensible para el donante, además de una cobertura integral para el tiempo de recuperación y acceso a la asistencia médica luego de su recuperación.
