La Iglesia Católica dejó de recibir aportes del Estado desde el último día hábil de 2023. Se trata de un cambio considerado histórico y que recibía críticas por provenir de un Estado no confesional y que además privilegiaba una religión por sobre otras.
Así dejará de enviarse la asignación mensual que recibían arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares de todo el país.
Esto fue informado en un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina emitido el 29 de diciembre.
“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, informaron.
“A partir de consultas recibidas se comunica también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
Además informó que el monto actual de la asignación es de $ 98.000.
Origen
Esta asignación había sido dispuesta por una ley de la última dictadura, tal cual destaca Clarín.
Ya hace años que hay un movimento que demanda la “separación” entre la Iglesia y el Estado, lo cual cobró más ímpetu en el marco de del debate por la legalización del aborto en el país desde 2018.
En ese marco, la Iglesia anunció que iniciaba el proceso para renunciar al aporte que venía analizando internamente y puso en marcha un plan de autosostemiento, refiere la publicación.
La ley normativa se enmarca en el artículo 2 de la Constitución que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico. El medio sostiene que en detalle estipula que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, pero hacía años que el monto no se actualizaba.
También se establecía una pequeña ayuda a párrocos de frontera que en los últimos años comenzó a ser reemplazada por ayuda social. Y otra a unos pocos seminaristas diocesanos que se encamina a su total eliminación, detalla el autor que es especialista en temas religiosos, Sergio Rubín.
