Esta semana abundaron las noticias acerca de reuniones de amigos, en horarios y lugares no permitidos. Al escándalo en Maipú que involucra a un pariente del intendente y a un (ahora) ex empleado municipal, y al caso del festejo de cumpleaños realizado en instalaciones de la Dirección de Discapacidad de General Alvear en el que participaron varios empleados, se le suma como broche de fin de semana uno más, esta vez en un bar en San Carlos.
Al parecer el lugar contaba con todas las habilitaciones municipales en regla y no habría excedido la cantidad de personas permitidas, de acuerdo al protocolo de aislamiento. Sin embargo, una llamada al 911 alertó de “una fiesta con mucha gente”, debido a la cantidad de autos que podía verse en el ingreso.
El recinto es el café-bar “Malibú”, propiedad del club Sportivo La Consulta, cuya concesión estaba en manos de particulares. Antiguamente era explotado por una persona, que luego lo cedió a su hermano (hoy detenido) quien es el encargado del lugar. Éste le cambió el nombre para hacer la inauguración, porque “antes estaba habilitado como cafetería, pero el nuevo dueño lo inscribe como cafetería bar, lo cual le permite otras actividades”, según explicó el secretario de Gobierno de San Carlos, Leonardo Martínez.
El funcionario agregó que la inspección municipal lo había habilitado porque cumplía con los requisitos exigidos en cuanto a la capacidad.
En el local entran 303 personas, según manifestó la hija del encargado, Camila Di Cesare, quien además dijo ser la dueña. “A mi papá se lo llevaron detenido anoche (por el jueves) y aún no lo liberan”, explicó la mujer, y dio detalles de lo sucedido esa noche.
“Había 117 personas, incluyendo a los mozos y a nosotros, los dueños. Cerca de las 22.30 ingresaron siete policías, que en lugar de pedir hablar con nosotros, empezaron a decirle a los presentes que se desplazaran hacia otro salón, más pequeño, y bloquearon la salida principal y la de emergencias”, detalló la joven.
El dato de la cantidad de gente coincide con el informe enviado por el Ministerio de Seguridad y con lo expresado por el secretario de Gobierno municipal. Por lo tanto, teniendo los papeles en regla y cumpliendo con la cantidad de personas permitidas, no habría habido motivo de denuncia.
Lo cierto es que el hecho comenzó a salirse de control cuando una mujer entró en estado de pánico y los efectivos le negaron la salida, por lo que tuvo que ser asistida por la gente del lugar. Mientras desde la fiscalía le ordenaron a los policías que identificaran a todos los presentes.
“En ese momento se originó una riña entre un grupo de los concurrentes, por lo cual los efectivos actuantes intervienen y proceden con la aprehensión de dos de los participantes” indica el comunicado del Ministerio de Seguridad. Los detenidos, dos jóvenes de 19 y 20 años, empezaron a patear la puerta del móvil policial “ocasionándole descuadre de las puertas traseras y rotura de vidrios”, reza el mismo comunicado.
Al parecer la situación continuó puertas afuera, cuando un joven pidió a los efectivos policiales que desplazaran el vehículo de la Fuerza para poder retirarse y los uniformados habrían respondido con golpes. Este y otros hechos similares estarían asentados mediante denuncia en la fiscalía.
Por su parte, el funcionario del municipio Leonardo Martínez, expresó que “en esos momentos los inspectores volvieron al local para constatar si se estaba infringiendo la normativa, pero la Policía no les permitió el ingreso”. Por lo tanto, en los documentos oficiales no consta la cantidad de personas en el interior al momento de lo sucedido.
“Nosotros no nos presentamos como querellantes porque cumplían con los requerimientos”, expresó Martínez. En tanto la dueña, Camila DiCesare, manifestó: “Vamos a presentar cargos contra la Policía”.
Por el momento, el lugar se encuentra cerrado y con faja municipal, bajo prohibición de actividad hasta que se presenten las pruebas y la Justicia se expida. “No estamos clausurados”, aclaró la dueña, y cerró: “Podemos volver a abrir en unos días”.
