Un duro comunicado refleja la alarmante situación de los geriátricos en general, hecho que pone en peligro los derechos y la calidad de vida de sus residentes y en vilo a más de 5.000 puestos de trabajo directo en la provincia. Lo emitió en las últimas horas la Asociación Mendocina de Establecimientos Gerontológicos (AMEG), cuyo titular es Laureano Andrade.
La misiva a la que accedió Los Andes se refiere a la situación actual de las residencias, calificada como “agobiante” y financieramente tan debilitadas que les resulta muy difícil sostener la calidad del servicio.
Por ende, señala AMEG, “peligra la calidad de vida de los residentes. La mayoría de las familias no pueden acceder a sistemas de cuidados de calidad por la falta o escasa ayuda de las coberturas médicas de sus mayores, sumado a la situación socioeconómica que se vive”.
La asociación puso foco en un estudio de mercado realizado por 384 Group, consultora privada especialista en desarrollos para el adulto mayor, que profundizó en la problemática que ocupó la agenda nacional de salud y generó preocupación durante la pandemia: el caos, la cantidad de contagios, muertes y hacinamiento de público conocimiento que afectó a los geriátricos y residencias.
“Este tipo de análisis realizado por la consultora nos ayuda a visibilizar lo que hace años viene pasando con nuestro sector, deseando que sirva para poner en agenda de quienes hoy tienen el poder de comenzar un nuevo rumbo, como lo hicieron hace años muchos países con idénticos problemas”, explicó Andrade.
Las soluciones, continúa, no necesariamente representan dinero del Estado, sino que es mucho más lo que se puede lograr sólo gestionando eficientemente la interacción con todas las partes actoras públicas y privadas y responsables de los adultos mayores.
“Teniendo en cuenta todo lo expuesto: ¿Cuánto le importan los adultos mayores a los organismos que podrían ayudar a mejorar esta actividad?”, cuestiona el comunicado, para concluir: “Es el momento de hacer algo”.
Agrega el escrito que un largo proceso de olvido del sector lleva a la situación actual: el 90% de las residencias no se encuentran habilitadas debido a una legislación obsoleta, agravada por la falta de criterio e idoneidad de quienes deberían haber gestionado su cumplimiento a lo largo de los años. “A esto se le suma una carga impositiva distorsionada, siendo el único efector de prestación de salud grabado con el 21% de IVA y un convenio laboral nacional no acorde a la región. La suma de esto y otros aspectos, como falta de financiamiento y de recurso humano calificado, hace que hoy, quienes deberían ser las personas más protegidas socialmente, sean los más vulnerables”, agrega.
Sostener una residencia para adultos mayores con una prestación básica y digna representa costos sumamente elevados. El principal es el recurso humano las 24 horas y más de 50 ítems de costos asociados. AMEG mencionó el estudio de mercado realizado por la consultora que indica que en Argentina el 98,5% de los adultos mayores no podrían acceder a residencias de larga estadía ya que el costo básico de las mismas arroja 200.000 pesos aproximadamente.
“Si tenemos en cuenta el valor de las jubilaciones, la escasa y limitada ayuda a la que accede sólo un porcentaje mínimo de los afiliados a mutuales, pone a nuestros mayores en una situación de gravísima vulnerabilidad”, concluye.
Critica, además, que los responsables vinculados al sector ignoran un cambio de rumbo ya que, políticamente, esta franja es mal considerada “poco influyente” en las urnas.
Hogares clandestinos y sin registrar
Según el texto, existen en el orden privado más de 400 residencias entre oficiales y clandestinas, estas últimas obligadas a funcionar fuera del reglamento. “Necesitamos que la sociedad deje de mirar hacia el costado y urgente impulsar cambios, ya que el factor de riesgo más importante hoy de vejez es la vulnerabilidad social”, enfatiza el comunicado.
Apunta, por último, a la falta de financiamiento, herramientas tributarias, legales y académicas que beneficien al sector, así como la falta de personal calificado.
La respuesta del Estado
AMEG hizo mención, además, a la escasa respuesta del Estado, que cubre apenas entre el 7% y 9% de la totalidad de camas. “El resto, es decir, el 91%, son camas privadas porque responden a una ley obsoleta. Es decir, se remonta a cuando la expectativa de vida era más corta. Hay que utilizar estrategias de otros países que son exitosas, como hipoteca inversa, seguros, intervenciones públicas privadas”, finaliza.
En diálogo con este diario, Aldo Sáez, director de Adultos Mayores provincial, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, diferenció el sistema de los establecimientos estatales y privados y aclaró que el Estado “no puede hacerse cargo de los costos que sufren los empresarios”.
Fundamentó que las obras sociales, en especial PAMI, no se han puesto al día con las internaciones geriátricas mientras que OSEP, aclaró, apenas brinda un subsidio.
Suman siete los establecimientos públicos en Mendoza: uno en el Gran Mendoza, dos en el Este, dos en el Valle de Uco y dos en el Sur. En total, los residentes suman 215.
Mientras tanto, el número de establecimientos privados es realmente incierto, pues existen numerosas viviendas “adaptadas” para albergar abuelos.
“La Provincia cuenta con personal capacitado y entrenado para atender esa demanda. Entiendo que el caso de los empresarios privados es muy diferente”, admitió Sáez.
