Tal como fue anunciado por el gobernador en la Apertura de Sesiones el pasado 1 de mayo, en la Legislatura provincial se está trabajando sobre un proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Renovador, José María Videla. Mediante el mismo, como primera medida, se propone la adhesión de Mendoza a la ley nacional Nº 27.350 que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados y que fuese reglamentada el 21 de septiembre de 2017. Lo novedoso y lo que despierta el apoyo del Ejecutivo al proyecto de una fuerza que compone la alianza oficialista, es la visión de desarrollo productivo y económico.
Actualmente se está trabajando en conjunto con los dos ministerios a los que atañe fundamentalmente la iniciativa, el de Economía y Energía y el de Salud, Desarrollo Social y Deportes. “El proyecto es importante porque implica un marco jurídico frente a la posibilidad de producir, de generar una cadena de valor y que fundamentalmente puede aportar seguridad a los pacientes”, comentó el diputado Videla.
“La idea comenzó al observar una especie de mercado paralelo al que muchas personas con ciertas enfermedades o dolencias recurren para adquirir productos como el aceite o cremas de cannabis de los cuales se desconoce el origen y la calidad. Y al mismo tiempo, frente a una matriz productiva provincial que está bastante agotada, ver allí la oportunidad de desarrollo de nuevos polos productivos”.
La provincia de Mendoza cuenta con una ley pionera (N° 8952) promulgada en abril de 2017 que encomienda al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes la implementación, vigilancia y control de investigaciones médicas y científicas, incluidos experimentos clínicos con aceite de cannabis y sus derivados de grado farmacéutico de pureza requerida por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Crea la Unidad de Vigilancia Tutelada conformada por profesionales especialistas de los Hospitales Central, Notti y demás efectores públicos del interior de la Provincia, cuyo propósito es la implementación del Protocolo de Directrices Clínicas sobre el uso de productos cannabinoides y la revisión de los criterios de admisión y utilización de los derivados en salud humana, pudiendo modificarlos según los resultados obtenidos en los pacientes y en la evidencia disponible. “En la actualidad, los pacientes incluidos en la Unidad rondan un número aproximado de 10, ya que se suman o se restan según la respuesta al tratamiento”, comenta el Dr. Andrés Barboza, jefe de Neurología del Hospital Central y miembro de la Unidad de Vigilancia Tutelada.
La provisión de aceite de cannabis y sus derivados para los pacientes incluidos es gratuita y en la legislación, se otorga al Ministerio de Salud provincial la facilidad de importación por medio de la ANMAT. Según informó el diputado Videla, en el período de abril de 2018 a marzo de 2019, la provincia importó más de 14 millones de pesos en aceite de cannabis producido en Canadá y Estados Unidos. Estas son las cifras que despiertan el interés del legislador impulsor en cuanto al carácter económico que implicaría poder sustituir las importaciones con producción local, aumentando las posibilidades en el mercado nacional entre provincias. Aporta más números: en 2019, en Canadá, la facturación de dicha industria representó el 0,3% del PBI. Estados Unidos, por su parte, generó 20 mil millones de dólares.
“Creo que puede generar fuentes de trabajo, y una entrada de dinero para la provincia. Puede permitir que en zonas de donde el cultivo de la vid tiene un valor menor, se pueda diversificar el cultivo”, comenta Videla y explica que las posibilidades que ofrece el cultivo de cáñamo no sólo se reducen a la industria farmacéutica o cosmética, hay experiencias de producción de plástico biodegradable, de uso en la producción de biodiesel para fines industriales, y hasta en la manufactura textil.
José María Videla explica que en el proyecto que en las próximas semanas será tratado en la Comisión de Salud de la Legislatura provincial, abre la posibilidad de participación a personas humanas y/o jurídicas públicas o privadas para el desarrollo de proyectos productivos, los cuales podrán comprender todas las etapas de la cadena de valor.
En cuanto al cultivo autónomo o “autocultivo”, en la actualidad, el mismo no se encuentra contemplado por la legislación nacional por lo que no puede avanzarse a nivel provincial.
“Desde antes del siglo XX, el cannabis estaba presente en el botiquín de los médicos, aunque no hay registro de cura de enfermedades con su uso”, comenta el neurólogo Barboza. Los derivados de cannabis como su aceite representan hoy una alternativa más dentro de los tratamientos de alivio sintomático pero no la única. Seguir incentivando la investigación y una producción bajo estándares de control y calidad puede propiciar en el futuro una mayor prescripción médica de los derivados de la planta de Cannabis, lo que posibilite continuar con la evaluación de efectos positivos y adversos como poner en valor el uso del cannabis como un medicamento más.
El jefe de Neurología del Hospital Centra considera importante contemplar estas posibilidades dentro del ámbito legislativo sin embargo expresa que “existen muchas necesidades más urgente e importante que no son contempladas, como poder garantizar el acceso a neurólogos especializados, el acceso a estudios complementarios, y el acceso a la medicación de forma gratuita”.
Debate sobre la incorporación del autocultivo controlado
El pasado agosto, La Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE), la Sociedad Argentina de Neurología Infantil (SANI), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Neurología (SNA) firmaron una comunicado frente a la propuesta de nueva reglamentación de la Ley 27.350 que, entre otros, permite el autocultivo controlado.
“Si bien el autocultivo por los propios familiares parecería proteger a los pacientes de este riesgo potencial de adquirir productos adulterados, advertimos que dicha situación, en la que los familiares se convierten en prescriptores y productores del tratamiento de sus seres queridos, dista de ser lo más recomendable. Esta práctica podría cargar a la familia de una excesiva responsabilidad y no está exenta de riesgos ya que estimamos que no será sencillo que las autoridades puedan controlar de manera adecuada la producción (composición del aceite) de cada familia en particular. La incertidumbre que esta situación plantea al profesional médico, al desconocer la calidad y composición del cannabis artesanal que recibe el paciente, ocasiona un conflicto en la tradicional relación médico-paciente. Estamos a favor de que todos los pacientes que requieran cannabis medicinal tengan un acceso garantizado a un producto de calidad certificada, sin que haya una diferencia de oportunidades basadas en la condición socio económica”.
Y para finalizar, “estas Sociedades instan a la reflexión a las autoridades que les compete y ofrecen sus grupos técnicos para asesorar con sus experiencias y conocimientos en beneficio de los pacientes”.
