Emblemas del conocimiento, recurso simbólico de la democratización de la lectura, polos generadores de actividades culturales y fuente de consulta a la vuelta de la esquina: las bibliotecas populares encarnan todas esas virtudes. No hablamos de las bibliotecas públicas, sino de las que por voluntades individuales funcionan en un radio de comunidades más acotadas. Surgen del modelo de los clubes de lectura que instauró el presidente estadounidense Benjamin Franklin en 1727, y existen en nuestro país desde que Sarmiento (quién, si no) las trajera y fomentara, convencido de que eran un canal para llevar lo más cerca posible los libros a los lectores, sobre todo a los de menores recursos.
Pero ese modelo de 152 años está en crisis. Primero que nada, porque los hábitos y la tecnología han obligado a que se reformule su función. Pero, también, y sobre todo ahora, porque a pesar de que conservan el aura intocable, sacralizada, que suelen tener los bienes culturales, ahora pende sobre ellas una amenaza que puede acabar con muchas de las que sobreviven.
La alarma ya estaba encendida, pero quien pidió atención fue María del Carmen Bianchi, actual presidente de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), en el discurso pronunciado en medio de la populosa Feria del Libro de Buenos Aires. Allí advirtió que, en diciembre, si no se hace nada al respecto, un inciso del artículo 4 de la ley 27.432, que permite destinar fondos impositivos a la subvención de las bibliotecas dispersas en todo el país, será derogado. Eso significará un golpe difícil de soportar para 1.200 de las casi 2.000 instituciones de la Argentina.
Mendoza, por supuesto, no es ajena a esa situación. Hay 75 bibliotecas populares activas, muchas de las cuales subsisten sólo gracias a los fondos que destina la Conabip, pero también la Coprobip (Comisión Provincial de Bibliotecas Populares). El panorama local es un buen ejemplo de la fragilidad con que aún hoy sobreviven estas instituciones: hay algunas para las que estos fondos son cruciales, otras que penan por no poder acceder a ellos y pueden desaparecer, y otras que han conseguido fortalecerse gracias a encomiables acciones, no siempre replicables en las demás.
“Tenemos 75 bibliotecas desparramadas en todos los departamentos, nacidas de voluntades particulares o grupos que buscan un espacio”, resume Fabián Sama, responsable de Coprobip. El también director de Estrategias Culturales del Ministerio de Turismo y Cultura que comanda Nora Vicario en Mendoza se explaya: “Hay algunas municipales. Y hay bibliotecas populares, con buen stock de libros, donados de distintos lugares, como el gobierno, que les dona la producción de Ediciones Culturales, más lo que puede comprar con subsidios. En cuanto a los espacios que ocupan, algunas están en escuelas, otras en un garaje, y los problemas de infraestructura muchas veces son los principales que tienen que afrontar, porque no todas están en un espacio digno. De los subsidios una parte la pueden invertir en libros y otra parte para alquiler, gas, agua. Posiblemente en eso haya que trabajar más para fortalecerlos y ayudarlos a sostenerlas”.
Un ejemplo virtuoso es el de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, de Luján. Es, quizá, la más emblemática de todas las de la provincia, al menos por ser la primera: celebró hace poco sus 111 años. Lo interesante es que se trata de una biblioteca “mixta”: popular, pero con apoyo muy activo del municipio.
Rosa Ruiz Huidobro, su directora, lo dice claramente: “Nuestra situación es mejor que la de las puramente populares, pero sólo porque en Luján nosotros conseguimos que se aprobara un proyecto que presentamos en 2010 y que creaba una asociación entre la biblioteca y el municipio”. El de esta institución es un cuadro mejor que el de muchas cosas también porque, a la vez, esa voluntad de quienes sostienen la biblioteca han encontrado diversos cauces. Gracias a ello, la Alberdi cuenta con el sostén de sus vecinos, el del municipio, los fondos de Coprobip y los de Conabip, y es un prodigio de actividades diversas (talleres, obras teatrales, cursos, lecturas) que se suman al servicio de tener libros para su lectura.
En el medio están las que, sin apoyo municipal, pero sí los provinciales o nacionales, logran la subsistencia. Según un informe que solicitó este diario al Ministerio de Cultura, los fondos destinados por la provincia en 2021 fueron de $524.238. Sólo 22 de las 41 bibliotecas que lo solicitaban pudieron acceder a ese fondo. Pero el total recibido por cada una es más que modesto: $23.829 a utilizar en todo el año. “Este año los fondos para bibliotecas serán de $1.540.000, que se agruparán con los del año 2021 para llegar a $2.000.000, para elevar el bienestar de nuestra comunidad de bibliotecas”, explicaron.
Mientras tanto, en el polo opuesto a la Alberdi se hallan las bibliotecas populares que, por diversas razones, no tienen ni siquiera ese subsidio y viven la crisis desde todos los ámbitos. Cristina Tropiano es la vicepresidenta de la Comisión de la Biblioteca Ricardo Rojas, en San Martín. La institución cumplió 65 años y es la más grande del Este, pero según dicen no pasan un buen momento, a pesar de estar estrenando nuevo edificio (desde hace poco más de dos años) y de tener apoyo municipal.
“La situación es crítica”, dice Tropiano. “A pesar de que la relación con la comuna es buena, y nos pagan el edificio y algunos servicios, no es eso lo principal. Nosotros tuvimos un cambio de ubicación que nos resultó tremendo, ya que llegamos a un lugar más nuevo, pero que tiene habilitado un espacio más chico que el anterior. Además, por la pandemia, se nos venció la personería jurídica y no hemos podido recuperarla, por lo cual estamos sin ayuda más que de los poco más de 120 socios”, asegura. Para ella, la combinación de esos problemas, más el hecho de que la comisión directiva esté conformada, por razones de tiempo, casi toda por gente mayor, complica el asunto, y esto no les permite dar todos los servicios que quisieran a los lectores. Aun así, asegura, muchos vienen ocasionalmente al lugar para estudiar allí y pedir material. No mucho más.
Algo parecido sucede en la biblioteca popular Julio Argentino Roca, también de San Martín (en Palmira). Esa es una de las más antiguas también: tiene 107 años. Nació en una especie de garaje, pero hoy tiene edificio propio en pleno centro de la ciudad, aunque está en problemas. Ha buscado reinventarse para no ofrecer sólo libros y también da cursos, incluso de cuestiones que parecen extrañas al lugar, como el de RCP. “No estamos recibiendo ninguna ayuda, ni de Coprobip ni de Conabip. Hemos solicitado ayuda al municipio y la estamos esperando. Es lamentable porque es difícil sostenerla”, reconoce Carlos Fabián Tello, el responsable.
Esto de reinventarse es, en el fondo, una crisis tan grande como la económica para las bibliotecas. El propio Fabián Sama se lo pregunta para instalar la discusión: “Yo soy lector de toda la vida, crecí con las bibliotecas populares, pero me pregunto: ¿Estas bibliotecas existen como un romanticismo, nada más?”. Según el funcionario, “el modelo que están teniendo muchas no se adapta a la realidad actual. Las bibliotecas hoy pueden ser lugar para un montón de situaciones. La política cultural que estamos impulsando es esa. Es verdad que no todas tienen tecnología e internet, pero para eso deberán involucrarse los municipios. Convertir a las bibliotecas en algo más que una biblioteca creemos que es el camino. El modelo viejo deja de ser atractivo, pero si se convierte en un centro cultural hasta es más fácil conseguir subvención. También pueden abrirse a otros universos, como la salud. El cine, el teatro, también pueden tener su lugar ahí”.
Eso mismo es lo que hace, como decíamos, la biblioteca Alberdi. “Hoy tenemos muchas formas de lecturas y la biblioteca tiene que salir a conquistar ese público”, reflexiona Rosa Ruiz Huidobro. “Eso se hace a través de actividades de extensión: los talleres, los encuentros de escritores, presentaciones de libros. Hay que estar permanentemente buscando a los lectores y generando el interés”, insiste. Pero no se olvida de lo importante: “Es muy difícil lo que viven hoy en día las bibliotecas. Por más que haya una ley, no llegan los subsidios. No hay pago para personal, no se puede pagar la luz, el gas. Las cuotas sociales son muy bajas. En esto están resignando toda la cultura, porque las bibliotecas populares funcionan como centros culturales, donde se dictan talleres, la gente se reúne y hacen otras actividades. Creo que independientemente de la autonomía y autarquía, si no están conectadas a nivel gubernamental no funcionan. Si los municipios no apoyan a las bibliotecas, están perdidas”.
Para la directora de la Conabip, hay peligro de que “arrasen con una política de 125 años”
María del Carmen Bianchi, la directora de Conabip, está en campaña para evitar que en diciembre se caiga la ley que le da subsidios extras a las bibliotecas. Para ella, la situación es clara: sin esos fondos, se va a “arrasar con una política pública del libro, la lectura y la cultura de nuestro país que existe desde hace 152 años”.
“El Fondo Especial de la Bibliotecas Populares fue creado en 1986 por el Artículo 14 de la Ley de Bibliotecas Populares 23.351 (que actualiza y adecua la Ley 419 de 1870, conocida como Ley Sarmiento), y está compuesto por los recursos específicos que surgen del gravamen a los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares). En su artículo 15 aumenta un 5% el gravamen y se le otorga a la CONABIP”, detalla la bibliotecaria.
“El gravamen de emergencia a los premios ganados en los juegos de azar fue creado en 1973 a través de la Ley 20.630. Como toda asignación de recursos específicos, tiene un plazo de vigencia, y por eso esta ley va cambiando de número cada 10 años. Por eso se dice Ley 20.630 y sus sucesivas modificatorias. Estos gravámenes, tasas e impuestos que luego de recaudados son asignados directamente a un fin específico. De esta forma, los recursos ingresan al Fondo Especial de Bibliotecas Populares independientemente de la voluntad política del gobierno de turno de destinar presupuesto para financiar (o no) los organismos de fomento cultural”, explica.
Por eso es la preocupación actual. Según Bianchi, “la Ley 27.432, sancionada en 2017, establece que los recursos recaudados por el impuesto a los premios a los juegos de azar dejarán de ser destinados al Fondo Especial de Bibliotecas Populares. Estamos pidiendo la modificación del inciso A del art. 4 de la Ley 27.432, que establece que las asignaciones específicas mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. De este modo el estado nacional se queda con ese 5% adicional que la ley 23.351 le amplió al gravamen de la Ley 20.630. Es decir que la movilización cultural logró aumentar 5% el gravamen y ahora se lo queda el estado nacional y no se le asigna a las bibliotecas”.
La funcionaria asegura que “si la Ley 27.432 entra en vigencia en diciembre de este año, se le quitará a la Conabip, y en consecuencia a la red de 1.200 bibliotecas de todo el país, una de sus principales fuentes de financiamiento y esto arrasa con una política pública del libro, la lectura y la cultura de nuestro país que existe desde hace 152 años”.
Por eso insta al cambio a los que pueden cambiar esto: “Esperamos que las legisladoras y legisladores que en el año 2017 votaron por modificar esta situación que se sostenía desde distintas épocas en cada caso y, en el caso nuestro desde 1986 y un poco antes de manera más informal, lo resuelvan porque es materia del Congreso y esperamos que en breve pueda resolverlo. Porque no es verdad que vence el 31 de diciembre, esa es la fecha que tiene puesta la Ley 27.432 para entrar en vigencia este artículo, pero las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y sancionar una ley completa en diputados, senadores, pasa a comisiones, períodos de espera, etc. no lleva menos de un mes y monedas. Estamos en junio y la intranquilidad y la zozobra que genera que se quiera plantear que cada año en el presupuesto nacional se vuelva a discutir el destino de las BP nos tiene a nosotros y sobre todo a las BP muy inquieto”.
Tal como detalló Bianchi, “el presupuesto asignado para este año” para la Conabip “es de $883.159.000″. Junto con eso “las bibliotecas recaudan además dinero de talleres, eventos y una cuota ínfima que le cobran a sus socios, que ha decaído durante y post pandemia. Más de 30.000 voluntarios y casi 5.000 empleos, y 5.620.800 de usuarios en 2021″.
Parte de eso, que se expresa en números, pero no alcanza para dar la magnitud de lo que involucra, es lo que está en riesgo.
