Nadie sabe cuándo empezaron a robar, por lo que el cálculo total de las pérdidas para la empresa es incalculable. Después de casi un año de investigación, un grupo de 21 personas finalmente quedó detenido, acusado de robar petróleo de YPF, destilarlo y venderlo a estaciones de servicio de bandera blanca. Para esas acciones habrían dañado el medio ambiente de manera ostensible, lo cual también es materia del caso.
Curiosamente, los propios delincuentes cometieron una grave “torpeza” en su modus operandi, que llevó a profundizar la atención de la Justicia. A principios de año, un operario murió quemado durante los trabajos clandestinos para succionar el hidrocarburo. Y aunque desde octubre hayan sido seguidos por los investigadores, cuándo los sujetos comenzaron a robar todavía es un misterio.
De acuerdo con la investigación, cuya instrucción se encuentra a cargo de la fiscalía federal 2 de Lomas de Zamora, los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción -a través de los oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF- hasta el transporte y, en algunos casos, su destilación en una planta clandestina que vierte los desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Los maleantes pincharon una tubería de YPF en Coronel Dorrego y transportaban el crudo hacia piletones que construyeron en el suelo. De allí extraían el petróleo con bombas y lo cargaban en camiones cisterna. A modo de pantalla usaban tosqueras para no ser descubiertos. En una de ellas, ubicada en Máximo Paz, los agentes hallaron una cisterna de YPF con 20.000 litros de crudo.
Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas.
Las operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día.
El martes se realizaron 39 allanamientos simultáneos en cuatro provincias, dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Además de los 21 de detenidos, se secuestró evidencia crucial y valiosa.
Los procedimientos se concretaron en distintos puntos del conurbano -tanto del sur, como del oeste y del norte- y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén.
Los agentes incautaron bombas de succión, 15 tramos de mangueras para cisterna, soldadoras y herramientas especiales para hacer la unión “boca de pez” y extraer el petróleo, siete camiones, seis cisternas, 12 autos y camionetas. También encontraron 12 millones de pesos, 3.700 dólares, 2.485 euros y 1.010 pesos bolivianos, según precisó Clarín. Por último, 17 celulares, tres escopetas calibre .16, una carabina .22, una pistola Glock calibre .40, siete notebooks y 130 cartuchos de bala de distintos calibres.
Está claro que quienes llevaron adelante las maniobras tenían el conocimiento técnico y los recursos necesarios. Y aunque las identidades de los detenidos no se dieron a conocer, habría involucrados empleados de la compañía estatal y hasta un concejal de Lanús de Juntos por el Cambio.
Se sospecha que contaban con información interna sobre el funcionamiento de YPF, ya que los delincuentes sabían cuánto petróleo podían robar sin que se activaran los sensores de control que tiene la compañía. Según estimaciones, el inmenso desfalco alcanzaría la suma de US$ 5 millones anuales.
