Este miércoles luego un recurso extraordinario presentado por la querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal realizadas durante el Gobierno de Cambiemos quedó provisoriamente suspendida, ya que el caso se seguirá tramitando en Lomas de Zamora.
Mariano Borinsky, el titular de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, emitió hoy un comunicado simple con el que habilitó el tratamiento del recurso presentado por el abogado Carlos Beraldi para que el caso de espionaje pasara de Comodoro Py a Lomas de Zamora.
El recurso extraordinario será tratado porque fue presentado dentro de los plazos establecidos y cumple con todos los requisitos formales para su tramitación y genera “efectos suspensivos” sobre la decisión recurrida, según explicaron fuentes judiciales al medio Télam.
En el proveído de una carilla, Borinsky le indicó al juez federal de Lomas de Zamora que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones que les remitiera la la semana pasada.
El juez Auge ya había enviado a la sala I de la Cámara Federal porteña los expedientes digitales de las causas en la que se investiga el espionaje político ilegal y la inteligencia ilícita desplegada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la expresidenta, pero había supeditado el envío de los legajos físicos hasta el momento en que quedara definido el juzgado en el que tramitaría el expediente.
A partir de ahora, la sala IV tiene 10 días para definir si le habilita la vía para que el recurso extraordinario presentado llegue a la Corte Suprema de Justicia, o si no lo hace.
Durante el tiempo que la Casación le dedique a la tramitación del recurso, el juez Auge podría tomar decisiones en el expediente en el que, por ejemplo, quedaron sin resolver los pedidos de procesamientos a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de imputados, formulado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Entre los argumentos que esgrimió el abogado de la vicepresidenta para solicitar que la causa quede en Lomas de Zamora destacó el de “afectación de la garantía del juez natural”, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició y la “gravedad” de los hechos que se investigan.
“Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones”, señaló el abogado en el recurso.
¿Por qué la causa de espionaje llegó a Comodoro Py?
La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal había sido tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Borinsky y Javier Carbajo y el rechazo de Angela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
El pasado viernes, la mayoría eventual de Casación ordenó que se debían enviar a Comodoro Py la causa por vigilancia del Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como “Súper Mario Bros” y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.
El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción fue que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.
El recurso extraordinario presentado por el abogado de Cristina
Por el contrario, Beraldi entendió que “la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad”.
En atención a la gravedad de los hechos investigados, el penalista reclamó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales”.
Hasta hoy, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz y el director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cámara Federal de La Plata.
“Un desplazamiento (de las causas) a esta altura” analizó Beraldi “podría neutralizar tales avances, o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios”, puntualizó.
Para la querella que impulsa la vicepresidenta, la mudanza de las actuaciones implicaría “el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes”.
Luego de la enumeración de efectos negativos sobre la investigación penal, Beraldi resumió: “En definitiva, (el cambio implicaría) una puesta en conocimiento y posible revaluación del curso de las actuaciones que sólo podría traducirse en un retraso importante”.
