La monja japonesa Kumiko Kosaka (47), quien actualmente está siendo enjuiciada por los abusos a chicos y chicas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo), recuperó la libertad luego de que el tribunal que lleva adelante el segundo de los juicios por el mayor caso de abuso eclesiástico de la historia de Mendoza autorizara el cese de la prisión preventiva que solicitó su abogado. A cambio, se fijó una fianza de 2 millones de pesos y una serie de requisitos y disposiciones que deberá cumplir.
La decisión, que generó un profundo malestar en las víctimas de los abusos -por los que ya fueron condenados dos curas y otros dos trabajadores del lugar-, se fundamenta en que la religiosa cumplió el plazo máximo establecido para que una persona permanezca privada de la libertad sin condena.
La situación judicial y procesal de Kosaka, quien hasta esta mañana estaba con prisión domiciliaria, no cambia en absoluto. De hecho, la monja continúa imputada y siendo juzgada -junto a otras 8 mujeres- por su participación en los abusos que ya fueron confirmados en el instituto religioso. La religiosa tiene 7 imputaciones, y una de ellas es como presunta autora de un abuso sexual “gravemente ultrajante” contra un adolescente.
El tribunal conformado por las juezas Gabriela Urciuolo y Belén Salido y por el juez Rafael Escot hizo lugar al pedido de la defensa de Kosaka, por lo que se dispuso que recupere la libertad. Los abogados de las víctimas, en tanto, habían solicitado que se hiciera una excepción para que no se dispusiera la liberación de Kosaka.
Y es que, si bien el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que una persona no puede permanecer privada de la libertad durante más de 3 años sin sentencia, también se establece una excepción cuando la complejidad de la causa es alta en cuanto los delitos atribuidos, o bien porque se evidencie una manifiesta conducta dilatoria por parte de la defensa en lo que tiene que ver con la conclusión del debate. Allí se establece que se puede extender esa prisión y es lo plantearon los abogados de las víctimas, aunque no se hizo lugar a este pedido.
Fianza de $ 2 millones y otras disposiciones
La disposición de los jueces referida al cese de prisión preventiva de la monja Kosaka incluye una serie de reglas de conducta que la religiosa deberá cumplir. Por empezar, se fijó una fianza real de 2 millones de pesos y que no mantenga ningún tipo de contacto con las víctimas. Pero, además, se ordenó que fijara y mantuviera un domicilio legal, que permanezca a disposición del tribunal y que no se ausente de la provincia sin autorización del tribunal que la juzga.
Además, los jueces dispusieron que se abstenga de realizar cualquier acto que pudiese obstaculizar el juicio y le prohibieron salir del país.
La situación de la monja Kumiko
A principios de mayo de 2021 comenzó el segundo de los juicios por los abusos en el Próvolo. Kosaka llegó con 7 imputaciones formales (entre las que se destacan episodios como autora de abusos) al debate, que transcurre a un ritmo por demás lento y las víctimas y sus familias responsabilizan por ello a las maniobras dilatorias de los abogados de las imputadas y a una supuesta permisividad del tribunal.
La monja japonesa es la única de las 9 imputadas que estaba (hasta hoy) con prisión -domiciliaria-, y la continuidad o no de esta situación ya había sido planteada en reiteradas oportunidades por sus abogados. Kosaka quedó detenida en Mendoza el 4 de mayo de 2017, ni bien llegó de Buenos Aires -donde se entregó- trasladada por la Policía Federal y luego de que el fiscal Gustavo Stroppiana ordenara la detención inmediata y la declarara como prófuga. En ese momento, durante la investigación, los y las denunciantes ya la acusaban como parte de la red sistemática de abusos.
Desde entonces, los defensores de la monja solicitaron varias veces que recupere la libertad, sin que esto implique que deje de estar imputada. Y tanto el fiscal como los diferentes jueces sobre los que recayó el pedido rechazaron en todas esas oportunidades que recuperara la libertad.
Hasta este viernes solo había existido una excepción, en abril de 2019 y cuando los jueces Ariel Specktor, Eduardo Martearena y Diego Lusverti ordenaron el cese de la prisión preventiva a cambio del pago de una fianza de 2 millones de pesos (la misma que se mantiene ahora) al considerar que ya se había cumplido el plazo por 3 de los delitos que se le imputaban y, aunque aún no se cumplía el correspondiente a los 4 restantes, no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.
Sin embargo, en ese momento Kosaka no recuperó la libertad, ya que Stroppiana le dictó una nueva prisión preventiva (también domiciliaria) por “el caso 7″, hecho por el que había sido imputada posteriormente y que se trataba de un episodio que la ubica como autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra un niño que tenía menos 18 años al momento del hecho.
En octubre de 2019 fue la jueza Mariana Gardey ratificó que Kosaka continúe con prisión domiciliaria, mientras que en noviembre de ese año también los jueces David Mangiafico, Eduardo Brandi y Agustín Chacón ratificaron la decisión de que Kosaka siga detenida.
Ya con el segundo juicio por los abusos en marcha, el tribunal actual -conformado por Gabriela Urciuolo (presidenta), Rafael Escot y Belén Salido (vocales) y Belén Rena (suplente)- confirmó a fines de 2021 que Kosaka continuara detenida por el mencionado “Caso 7″, aquel que la tiene señalada como autora de un abuso gravemente ultrajante contra un niño. Y es el plazo máximo de esta detención el que se cumplió este viernes.
Familiares y víctimas del caso Próvolo, en alerta
Durante la mañana de este viernes -y mientras transcurría la audiencia por el segundo juicio por los abusos eclesiásticos en el Próvolo- llegaron al Polo Judicial algunos familiares de las víctimas del instituto religioso que funcionaba en Luján de Cuyo para seguir de cerca la jornada.
Desde hace ya algunas semanas que los denunciantes y sus familiares vienen acusando a los jueces por no “plantarse” ante las distintas estrategias de la defensa de Kosaka y de las otras imputadas ya que, consideran, que los magistrados no ponen un freno ante las distintas “maniobras dilatorias” a las que recurren los abogados de las imputadas.
Entre otras acusaciones, las víctimas, sus familiares y sus abogados destacan que hay víctimas que han tenido que declarar durante 25 días seguidos y que al cumplirse el primer año desde el inicio del debate solamente había declarado 10% de los testigos totales del juicio.
