El segundo de los juicios por los abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas que estudiaban y dormían en el instituto religioso Antonio Próvolo comienza su recta final. Este jueves, 28 de abril, comenzarán los alegatos en el segundo proceso, que tiene a 9 ex trabajadoras imputadas (entre ellas a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada como autora y encubridora de abusos).
Pero, además, la causa ya tiene a 4 condenados como autores de los abusos contra los niños y niñas: los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi (a 45 y 42 años de prisión), el ex jardinero Armando Gómez (a 18 años de prisión) -los 3 condenados en noviembre de 2019- y al ex monaguillo, Jorge Bordón, quien fue penado con 10 años de prisión en septiembre de 2018. Este último fue condenado luego de que él mismo reconociera la autoría de los abusos por los que había sido denunciado.
En paralelo a las causas que avanzan en el Poder Judicial de Mendoza -que incluye a los dos juicios penales (el ya concluido y el que comenzará con los alegatos esta semana) y a sus derivadas causas civiles-, la Iglesia lleva adelante su propia investigación, la canónica -ordenada por el Vaticano- y que, en caso de encontrar culpables a Corradi y Corbacho puede derivar en la expulsión de los religiosos como curas (algo que solo puede disponer el Papa).
Y es de esa propia investigación que se desprende el motivo por el que el Arzobispado de Mendoza solicitó, en 2017, que la investigación interna al instituto y a los dos curas sea llevada adelante por un tribunal diocesano ajeno al de la Arquidiócesis de Mendoza.
“Con sincero ánimo de velar por los intereses de la justicia eclesial y considerando la peculiar situación que atraviesa la Iglesia de Mendoza a raíz de las denuncias contra los 3 religiosos de la Compañía de María para la educación de los sordomudos (NdA: además de Corradi y Corbacho con sus denuncias por abusos sexuales a niños y niñas, las denuncias por irregularidades en el Próvolo incluían al cura Ramón Amarilla por mantener relaciones afectivas y sexuales con una trabajadora del lugar), me permito manifestarle que llevar adelante desde nuestra Arquidiócesis esta investigación sería claramente contraproducente”, se lee al inicio de una carta enviada desde el Arzobispado de Mendoza el 2 de enero de 2017.
Con la firma del entonces arzobispo Carlos María Franzini -y dirigida hacia el monseñor Luis Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ubicada en el Vaticano)- en la carta se exponen los motivos por los que el Arzobispado de Mendoza consideraba que era preferible que otro tribunal diocesano tomara la investigación canónica.
Por qué la Iglesia de Mendoza se excusó de hacer la investigación canónica por los abusos en el Próvolo
Enumerados punto por punto, en la carta enviada por Franzini al Vaticano, se detallan las razones por las que, consideraron a comienzos de 2017, que sería conveniente que la Iglesia de Mendoza no lleve adelante la investigación.
“La expondría (NdA: a la Arquidiócesis de Mendoza) a un serio riesgo de reclamos de indemnizaciones civiles por el solo hecho de realizar la investigación (...) Ya con el solo Caso Próvolo, la Arquidiócesis tendrá una ardua tarea en los tribunales civiles de Mendoza. Sumar el escenario de la investigación preliminar no parece conveniente”, detallaron en el primer punto.
En el segundo, en tanto, citan como antecedente la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de abril de 2015, donde se consideró que el procedimiento investigativo canónico “viola los Tratados Internacionales de Derechos Humanos al no permitir la participación del denunciante y la posibilidad de recibir información fehaciente, oportuna, por escrito y completa del curso y contenido del mismo”, agregaron.
En ese sentido, desde el Arzobispado aclararon que esa solicitud se traduce en la pretensión de retirar las actas de la investigación preliminar y compulsar, lo que lleva a que esas actas se lleven al fuero civil “en espera de recibir una indemnización por daños y perjuicios”.
“Lo cierto es que el Caso Próvolo, cuya trascendencia nacional e internacional es notoria, más el antecedente de la Corte mendocina referido, acompañado de una praxis forense de abogados dedicados al tema, condicionará seriamente cualquier análisis objetivo del tema y facilitaría la imputación de cualquier reclamo contra la Iglesia de Mendoza”, explicaron.
Acoso legal y mediático
En el tercer punto de la carta donde solicitan que la investigación canónica no recaiga sobre el Arzobispado de Mendoza, Franzini destaca que “la instrucción del Arzobispado sufriría, dado el alto impacto mediático del caso, un previsible acoso legal y mediático”
Además, aclara que “cualquier intervención del Arzobispado, por más rigor técnico y disposición moral y espiritual que tenga, será desacreditada”.
Entre las razones expuestas, el Arzobispado de Mendoza también se refiere a la desconfianza que se había despertado, oportunamente, por parte de los familiares de los niños (que terminarían confirmándose como víctimas de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón tras la condena del 25 de noviembre de 2019).
“Los padres, tutores, curadores, representantes o guardadores de las víctimas no querrían colaborar; o, al menos, no lo harían con la disposición esperada. Incluso, varios de ellos han marchado por las calles de Mendoza acusando al Arzobispado e, incluso, manifestando explícitamente su rechazo a la ayuda ofrecida por la Sede Eclesiástica”, manifestaron en la nota desde el Arzobispado.
Pedido de que se traslade la investigación
Al cierre de la carta firmada por Franzini (arzobispo) y por dos notarios, queda en claro el pedido concreto de la Arquidiócesis de Mendoza.
“Por todo lo expuesto es que ruego encarecidamente a Su Excelencia encomendar la tarea de la investigación preliminar a algún representante de la misma Compañía de María para la educación de los sordomudos (...) o bien a jueces de Tribunales Eclesiásticos de Argentina. Concretamente, me animo a sugerir considerar la posibilidad de encargar este servicio a los Vicarios Judiciales de Córdoba o de La Plata que, por distintos motivos, están al tanto del tema y conocen la peculiar situación mendocina”, concluyeron.
La investigación se inició en Córdoba
Más de dos meses después del envío de la carta firmada por el arzobispo Franzini y donde se pedía al Vaticano que derivara la investigación a otro tribunal eclesiástico, el 27 de marzo de 2017 llegó la respuesta desde el Tribunal Interdiocesano de Córdoba. Con firma del vicario judicial Dante Simón (quien finalmente llevó a la investigación preliminar adelante), se confirma que la dependencia se hará cargo de la investigación.
Además, en esa misma carta se solicita que se envíe toda la documentación disponible en el Arzobispado de Mendoza sobre los curas denunciados y sobre el instituto Próvolo mendocino. Además, el propio Simón mantuvo una serie de entrevistas con religiosos de la Arquidiócesis de Mendoza y ex trabajadores y trabajadoras del instituto para consultarles por las referencias y antecedentes de los 3 sacerdotes (Corradi, Corbacho y Amarilla).
La investigación canónica casi no avanza
Según se desprende de la copia del expediente canónico enviado desde el Tribunal Interdiocesano de Córdoba al Ministerio Público Fiscal (algo que se concretó luego de que los fiscales Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbide lo exigieran), la causa canónica se encuentra estancada.
Tras haber mantenido reuniones y entrevistas con distintos actores involucrados, a 6 años de haber comenzado aún no hay ninguna resolución referida a la culpabilidad o no (dentro del fuero eclesiástico) de los curas.
En ese sentido, Corradi falleció en julio de 2021 mientras cumplía su condena en prisión domiciliaria y siendo todavía sacerdote. Mientras tanto, Corbacho pasa sus días en la cárcel de Boulogne Sur Mer, también siendo aún sacerdote y hasta cumpliendo funciones de acompañamiento religioso y espiritual a otros internos del lugar.
