Esta semana tuvo lugar la audiencia pública para definir el nuevo precio del boleto de colectivo. La escalada de subas en combustibles, en los salarios y en la modernización de las unidades tuvo su impacto en el pedido de las empresas concesionarias, con un incremento del 72%. El Gobierno asumió que deberá haber una suba frente a esta realidad y el gobernador Rodolfo Suárez afina el lápiz para encarecer el servicio lo menos posible, teniendo en cuenta que es el boleto más barato del país, luego del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Conforme a lo que dejó la audiencia pública, se estima que el boleto pasará de los $40, que es la tarifa plana actual, a $65 o $70.
“Queremos que afecte lo menos posible al bolsillo de las personas que usan el transporte, pero tenemos que adecuar el boleto que tenemos a la inflación y es un precio alto. Si tuviéramos que cobrarle lo que vale la tarifa, realmente no lo podría pagar nadie. Estamos analizando hasta qué punto debemos subsidiarlo y vamos a tratar de buscar un aumento que se aproxime a la inflación pero sin que la alcance”, dijo esta semana el mandatario provincial al ser consultado por los medios. La decisión se comunicará antes de fin de año, pero se cree que regirá a partir de enero o febrero, de 2023, luego de las paritarias estatales.
De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Servicios Públicos, en la actualidad se registran 750.000 transacciones diarias, que representan una cantidad de casi 300.000 usuarios por día. Son 500.000 si se tiene en cuenta también el servicio de media y larga distancia.
Abonos amortiguan la suba
Sólo el 40% de los mendocinos que viajan en el transporte público abonan la tarifa plena porque el 60% tiene beneficios de gratuidades, como el abono docente, seguridad y sanitario (con el 100% de la gratuidad), abono estudiantil (con un 60% para alumnos de primaria). El abono para estudiantes de Nivel Medio tiene un descuento de 50%, mientras que para el pasajero frecuente la rebaja es de 40%, con dos trasbordos gratuitos.
Una familia mendocina tipo que utiliza el transporte para trabajar y llevar a los hijos a la escuela tiene un consumo mensual de entre 5.000 y 7.000 pesos, siempre usando todos los beneficios del sistema, que amortiguan el gasto. Aunque aún no está definido el porcentaje, teniendo presentes los números planteados por el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) y por las empresas concesionarias, el boleto aumentaría un 39%.
El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, mostró cómo quedaron los números del precio del kilómetro recorrido en Mendoza a partir de los incrementos al ritmo de la inflación: en 2022 cada kilómetro recorrido tenía un costo de $240 y en 2023 representará $360.
En Mendoza, como en otras provincias, el sistema se rige no por la cantidad pasajeros sino por el valor de los kilómetros que recorren las unidades, en donde hay frecuencias con mayor recargo de pasajeros y otros con menos usuarios.
“Si miramos otras provincias, todas han tenido dos y hasta tres aumentos en lo que va del año y Mendoza ha logrado mantener los subsidios. De hecho, por eso es el boleto más barato del país, después del AMBA. No podemos tapar el sol con la mano, lamentablemente tenemos que actualizar la tarifa en algún momento. Imagínese todas las veces que aumentó el combustible. Hemos tenido tres paritarias en este año y las subas del dólar que repercuten en el sistema”, analizó Mema para concluir: “No nos va a quedar otra que aumentar y aplicar los subsidios que podamos afrontar nosotros”.
El funcionario explicó que se está evaluando con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, cómo influye el costo de todos los servicios públicos en los salarios más bajos de los trabajadores, que es de $51.500, para que haya un equilibrio dado que una fuerte suba podría atentar contra el mismo sistema y que los usuarios busquen medidas alternativas para moverse en el Gran Mendoza, dejando de lado el micro.
Menos subsidios nacionales
Mendoza viene haciendo un fuerte reclamo junto a otras provincias del interior del país para recibir la misma proporción en subsidios que el AMBA y así poder continuar con un precio de boleto acorde a la prestación del servicio.
De acuerdo con la pauta del Presupuesto 2023 que está siendo tratado en la Legislatura, el gobierno de Alberto Fernández sólo le aportará a Mendoza el 15% del total del sistema, con un aporte de $6.396.000.000. Mientras que la provincia aporta el 72% con una inversión de $31.554.000.000.
El cálculo de la recaudación, con la recuperación casi total de los usuarios que viajaban en prepandemia, será $5.636.928.000, que implica el 13%. El costo total del transporte proyectado es de $43.000 millones.
Al comienzo del segundo semestre, Mendoza participó del Comité Federal del Transporte (Cofetra) y allí se puso énfasis en la problemática de la distribución desigual de los subsidios. En aquella mesa también se respaldó el proyecto que está en el Congreso para que el reparto sea por ley.
Uno de los impulsores de esta iniciativa, el senador Alfredo Cornejo, explicó en aquella oportunidad la raíz del problema: “Este proyecto es federalismo en serio, no es federalismo de discurso. El 35% del subsidio al transporte queda en AMBA, pero el origen del financiamiento del subsidio al transporte es el impuesto a los combustibles”. “Este impuesto se cobra en todo el país en las 24 jurisdicciones y ese impuesto de todo lo que se recauda, que es muchísimo dinero, 95% se aplica en AMBA y sólo el 5% se aplica en el interior del país. No hay nada más injusto y menos federal que la distribución de este impuesto”, disparó el ex gobernador mendocino.
“Precios razonables”
El presidente de la Fundación de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), Raúl Mercau, destacó que el sistema de transporte que tiene Mendoza “tiene precios razonables”. “No tiene costos más altos que otras provincias y hay una satisfacción del usuario que no se puede resignar en un ajuste, en un contexto nacional en el que se están aplicando medidas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional”, apuntó. Al tiempo, destacó el aporte de Mendoza para seguir prestando el servicio sin afectar al usuario.
Mercau recalcó que se trata de un sistema en el que permanentemente se tiene que poner en prioridad la calidad y la capacitación del personal en servicio del pasajero. “A través de la fundación Autam cuidamos mucho la capacitación, que es un eslabón fundamental, a través de los simuladores de manejo y la atención al público”, concluyó.