Los techos que faltan, las casas que se caen a pedazos, que sin embargo son un hogar, las cuatro paredes que abrigan a demasiados, el sueño inalcanzable.
El déficit habitacional es como una piedra en el zapato que nunca sale, es seguir andando con una pesada carga a cuestas, con la que inevitablemente cada tanto se da de bruces.
Lo cierto es que no solo es muy difícil acceder sino que ni siquiera hay datos actualizados sobre esta necesidad. Según las estimaciones mínimas y el promedio de entrega de las últimas dos décadas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), harían falta 43 años para cubrirlo. Es que en el contexto actual, son casi inexistentes otras vías de acceso y para los sectores socioeconómicos medios es casi “un imposible”.
Esta semana, tristes imágenes mostraron una de sus caras más dramáticas: policía y conflictos mediante, 160 familias con niños fueron desalojados de un predio tomado, del asentamiento 19 de febrero de La Favorita, en Ciudad. Piedras, insultos, angustia fueron parte de una escena que no hace más que sacar a la luz la deuda que, al menos hoy, parece insaldable.
Sobre el déficit habitacional se manejan estimaciones porque no hay números “frescos”. Los datos oficiales se basan en el último censo, que fue realizado en 2010 y 12 años no es poca cosa. Postergado el de 2020 por la pandemia, por estos días ya se está realizando el nuevo que permitirá tener algo más certero. Entre tanto se manejan aproximaciones en base a esos datos ya antiguos y la demanda que se puede percibir a través de los municipios.
Las estimaciones del sector inmobiliario apuntan a que hacen falta unas 130.000 casas. Así lo señaló Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza. Tristemente, fue el mismo número que estimó en 2019, Miguel Astorga, ex titular de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, en una nota con Los Andes. Pandemia mediante o no, las cosas no parecen haber cambiado demasiado.
En tanto, para el gobierno es la mitad: el Ministerio de Planificación e Infraestructura estima que se requieren alrededor de 70.000 soluciones habitacionales: unas 35.000 viviendas y otras tantas refacciones de algunas existentes que no están en condiciones.
Por otra parte, según los últimos datos que maneja el IPV, de 2010, serían 117.356 las necesidades habitacionales: 46.937 corresponden a la necesidad de una vivienda ya sea por reemplazo de alguna irrecuperable o hacinamiento y 70.419 requieren ampliaciones y/o refacciones.
Entre tanto, la población más vulnerable vive como puede y los sectores socioeconómicos medios que no cuentan con vivienda, hoy tienen prácticamente nulas posibilidades de acceder en un contexto hostil desde diversos puntos de vista.
Baja entrega de casas
Para el sector inmobiliario, la situación es irresoluble por largos años hacia adelante. En tanto, el ministro de Infraestructura y Planificación, Mario Isgró, se manifestó más esperanzado: aseguró que están trabajando en reformular estrategias y consideró que esto permitirá mejorar la situación en el mediano plazo. En particular destacó que toda vivienda es social, porque soluciona una problemática social.
Los últimos dos años, con la pandemia complicando todo, las entregas se redujeron. Sin embargo, si se observa la cantidad de viviendas otorgadas los últimos 20 años por el IPV se aprecia un recorrido de fluctuaciones y de logros que dejan gusto a poco, ya que la solución es solo para una pequeña porción. Incluso, la disminución en las entregas tiene una baja notable a partir del año 2009 y se profundiza en 2019, cuando solo se entregaron 90 casas.
La primera década, entre 2002 y 2011 se entregaron 20.647 viviendas, es decir un promedio de 2.064 casas por año. Luego, entre 2012 y 2021 fueron 11.929, una media de 1.192 por año. En definitiva, entre una década y otra hubo una disminución de 42%.
Desde 2009, con excepción de 2018, ningún año superó las 2.000 casas entregadas.
“Buscamos hacer una cantidad promedio de viviendas por gestión y tratar de que ese número se vaya achicando pero eso no puede pasar en una o dos gestiones”, apuntó Isgró.
En Mendoza hay al menos 18.500 familias que viven en barrios vulnerables, donde faltan servicios básicos. Se ubican en 261 asentamientos distribuidos en toda la provincia pero con más concentración en el Gran Mendoza, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Otros asentamientos no ingresan en el registro.
Hay otra pata en el asunto: los créditos que otorga en IPV pueden ser para la construcción de casas o para refaccionar aquellas que no están habitables, que necesitan determinados arreglos o incluso que resultan insuficientes para el grupo familiar, lo que implica que vivan en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, aunque esto último requiere menores costos, lo cierto es que no se está invirtiendo en ello. Según datos del IPV, al menos desde 2019, las entregas por año no han incluido un solo mejoramiento.
De todas formas, desde el gobierno destacan que la gestión del gobernador Rodolfo Suárez ha entregado 1.803 casas, desde fines de 2019. Informaron que a través del IPV hay 1.055 soluciones habitacionales en ejecución, que no incluyen ningún mejoramiento. Además, hay 2.341 soluciones habitacionales en proceso de iniciarse, dentro de las cuales hay 829 mejoramientos.
Clase media sin chances
Con las condiciones económicas actuales, las perspectivas no son muy buenas. Los salarios han perdido poder adquisitivo y no hay capacidad de ahorro. Mucho menos si se está pagando un alquiler, situación en la cual se vuelve prácticamente imposible.
El salario promedio ronda los 75.000 pesos pero la inflación suele ganarle y para cada vez más familias llegar a fin de mes es un desafío.
Las consecuencias de la ley de alquileres están agravando la situación: con la actualización anual este abril el aumento en los contratos de alquiler deberá ser de 53,6%. Como para tener una noción, en Mendoza para acceder a un inmueble de dos ambientes hay que pensar en unos 30 mil pesos que pasarán a ser 45 mil.
El elevado nivel de pobreza deja claramente a millones de personas sin posibilidades de acceder a una vivienda desde hace años. Peor aún, Cuyo es la única región donde aumentó la pobreza tras los últimos datos anunciados el miércoles sobre la situación en el segundo semestre de 2021 e incluso está por encima de la media nacional. En Mendoza 44,6% de las personas son pobres.
Irrera dijo que las casas que entrega el instituto los últimos años han estado más destinadas a resolver el drama habitacional que permita erradicar asentamientos. Con una pobreza que aumenta, es claramente una misión imposible si se vuelve a caer o se suman nuevos afectados.
En este sentido, es que la clase media, corre con la peor parte. No solo han adelgazado los salarios si no que, si siempre ha sido difícil el acceso al crédito, ya que costaba cumplir con los requisitos de ingresos, hoy es prácticamente inexistente.
Irrera resaltó que prácticamente no hay oferta de estos ni demanda que provenga de ese financiamiento. Como si fuera poco y por la misma causa, las mutuales o cooperativas que antes funcionaban como una opción más “pagable”, ya prácticamente no existen.
“Es muy poco lo que hay como crédito, muy esporádico, son algunos que quedaron de algún Procrear, no tenemos crédito al que pueda acceder cualquier persona”, expresó en referencia a que las tasas bancarias son impagables para este segmento y pueden alcanzar el 70% anual.
“Antes construía el banco Hipotecario, IPV, Fonavi, y eso hoy no existe y tampoco tenemos créditos que logren superar esa situación (...) con una inflac de +50% no hay tasas crediticias”, expresó en cuanto a que no hay sueldos que puedan afrontarlo.
Para tener una noción estimada del esfuerzo necesario calculó que una casa sencilla puede costar unos 50.000 dólares, si se toma como parámetro que el salario mínimo es de 38.940 pesos en abril, se requerirán 256 sueldos para pagarla.
En definitiva, tienen más chances de acceder las personas de un asentamiento que la clase media.
Expectativas
Una mora de alrededor de 60% en cuotas al IPV restan un retorno necesario para encarar nuevos proyectos. Por eso, en Infraestructura apuntan a abrir líneas crediticias para sectores medios, de manera tal de tener ese retorno y así lograr soluciones en un menor plazo.
“Se anunciaron el año pasado nuevas líneas que nos van a permitir dar respuesta a todo un segmento poblacional”, expresó Isgró.
Una de las aristas en las que se podría avanzar es en acuerdos con organizaciones como sindicatos para crear barrios al estilo de los de antaño, como por ejemplo fue el barrio Supe, de Godoy Cruz, entre tantos.
Mientras tanto, lo que hay son alquileres que se pagan con sudor y lágrimas, un peregrinaje constante donde haya alguien que pueda ofrecer un techo, hacinamiento y en el peor de los casos, nada. Es que justamente una de las situaciones que profundizó la “crisis del Covid” junto con la inflación y otros condimentos, es que expulsó a la calle a gente a la que la caída libre desde la clase media insostenible los dejó sin poder pagar un alquiler. Así lo aprecian quienes se dedican al trabajo solidario con personas en situación de calle.
