El reciente ataque asesino de Eric Van de Velde (29) contra su familia, con el saldo de un niño muerto y dos mujeres en gravísimo estado, ha reactualizado el debate sobre la ley de salud mental y qué hacer con personas con trastornos psiquiátricos que cometen delitos.
El joven desquiciado usó un machete y un cuchillo de caza para matar a su sobrino de 12 años y dejar al borde de la muerte a su madre y a su hermana. Hoy se sabe que registra dos internaciones previas en establecimientos neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Córdoba. Frente a estos antecedentes médicos, surge la pregunta sobre el seguimiento de su caso y los mecanismos de prevención que se usaron para evitar la tragedia.
Como suele suceder, la Policía detuvo a Van de Velde y la Justicia dispuso su internación en el Centro de Psicoasistencia (CPA) de la provincia de Córdoba. Allí se busca su estabilización, a la espera de determinar con pericia multidisciplinaria si es inimputable por no haber comprendido o tenido control sobre sus actos, como todo parece indicar.
Mientras tanto, en el fuero del Crimen esta semana ha vuelto a discutirse lo que se está haciendo en la provincia mediterránea con la Ley Provincial de salud Mental 9848/10 (reglamentada en 2012) y su aplicación en la Justicia, en particular con aquellas personas con problemas psiquiátricos que entran en conflicto con la ley penal.
Fiscales, peritos psicólogos y psiquiatras, jueces, asesores letrados, abogados han hecho oír sus voces desde que se desató la locura asesina en barrio Kairos, al sudeste de Córdoba, durante la siesta del pasado sábado.
En general, hay desazón por crímenes que podrían haberse evitado si Van de Velde no se hubiera descompensado hasta el extremo de matar a sus seres más queridos. Esto ha generado la discusión sobre la aplicación de la normativa y las prácticas de internación, tratamiento y seguimiento de personas con afecciones psiquiátricas.
Buenos comienzos
La discusión de esta ley se produjo para dejar atrás casos irregulares y abusivos. Personas olvidadas por el sistema con internaciones perpetuas, ingresos compulsivos de familiares a personas “declaradas” insanas, a veces en forma irregular, y toda una gama de situaciones deshumanizantes.
Había muchas internaciones psiquiátricas involuntarias (sin consentimiento o compulsivas) de personas que cometían un delito y eran enviadas a la Colonia Vidal Abal, de Oliva. Esos individuos eran corridos a un costado y “chau”, nunca más se ocupaban de ellos, por décadas.
Si eran olvidados desde la salud mental, tampoco la Justicia se ocupaba de ellos, y transcurrían años sin revisar su causa. Además, las viejas instituciones psiquiátricas eran obsoletas y su infraestructura dejaba mucho que desear.
El país y la provincia se adaptaron al imperativo impuesto desde el extranjero con la adhesión a convenios internacionales con raigambre constitucional y adhesión en las leyes internas.
El paradigma que imperaba en esta necesidad de reformar la ley era la “desmanicomialización”, dejar atrás los manicomios que como depósitos albergaban “locos” y olvidaban alternativas superadoras. De la mano de tendencias más actuales, como la psiquiatría italiana y los hospitales neuropsiquiátricos de puertas abiertas, se buscó “externar” a los pacientes.
Pero esto debe ser completado con un tratamiento ambulatorio con su respectivo seguimiento. Se habla de alternativas superadoras, como las “casas de medio camino” con planteles de profesionales, o los “padrinos” (familiares o no) que se hacen cargo del paciente y de que se cumpla el tratamiento.
Esto último, alguna alternativa de seguimiento puertas afuera, parece ser lo que no se estaría cumpliendo en la actualidad y que genera problemas que, en personas peligrosas para sí o para terceros, provoca consecuencias drásticas.
Alguien que conoce el movimiento de Tribunales y de los internados psiquiátricos resume la situación actual: “Cerraron los manicomios, pero ahora los tienen dando vueltas”.
Presupuesto y política
“Cualquier ley, para ser aplicada, necesita de presupuesto”, comenta el médico psiquiatra Eduardo Naides, exintegrante de la órbita pública de la salud mental durante las décadas del ‘70, ‘80 y ‘90. El exfuncionario sostiene que la idea es que el hospital o la internación deben ser el último recurso, pero hay que adecuar la situación para el seguimiento de los pacientes cuando pasan al tramo ambulatorio.
“Si vos tenés un presupuesto, con dinero, para que estas situaciones (de desborde) no sucedan, garantizás que esa persona sostenga un tratamiento”, comenta el profesional, desde Barcelona. “Está la posibilidad de que vaya ‘al Neuro’ a tratarse, pero es necesario que ahí haya un enfermero, una trabajadora social, médicos... que se le arme una red que le permita asociarse. Esto se soluciona con presupuesto y que el Estado ponga en marcha una política orientada a eso”, agrega Naides.
Para aclarar el concepto, el profesional sostiene: “El Estado debe invertir y hacerse cargo políticamente de sostener a estas personas, que tengan que ser controladas por un equipo que los contenga, no solamente desde el punto de vista psiquiátrico”. Para graficar lo que sucede en la actualidad, Naides amplía: “El ‘loco’ se estabilizó, pero debe tener una continuidad en su tratamiento. El tipo que está de guardia en el ‘Neuro’ no es una estructura que lo contenga”.
Recorrido
Los actores judiciales relatan algo de lo que sucede con una persona que comete un delito en una situación de “brote” psicótico. La familia, los vecinos o un tercero llaman a la Policía y los uniformados, preparados para determinadas situaciones, lo llevan “preso”.
El procedimiento se entrega “con preso” que sigue con sus facultades alteradas, por lo que un médico de Policía Judicial lo evalúa y luego es enviado al CPA.
El CPA es muy parecido a una cárcel, a juzgar por su estructura edilicia: dos pabellones con ocho celdas, con camas de mampostería, sin baño y una reja como puerta. Allí los “internos” hacen sus necesidades en una botella, salvo que tengan suerte al llamar a los guardias para que los lleven al sanitario. Salvo calificados profesionales de salud mental que los atienden, no tienen mejor tratamiento que en una cárcel, sin talleres, sin televisor y con un patio cerrado de menos de 20 metros cuadrados. Allí pueden pasar unos 30 días, hasta que la Justicia determina si son imputables o inimputables.
Si el judicializado es inimputable, pero no reviste riesgo para sí o terceros, se le da un tratamiento ambulatorio que debe cumplir por sí mismo. Si es inimputable, pero peligroso, se ordena su internación involuntaria y queda a disposición del juez de Control. Puede ir a una institución pública (como el ‘Neuro’) o si tiene dinero o una obra social, a una clínica psiquiátrica.
Cuando este enfermo mental se compensa, se le da el alta y se contacta a alguien de la familia. Sale con una bolsa de medicamentos que debe tomar para sostener el tratamiento en casa. A veces, se medica sin control y genera un nuevo problema. Luego, debe volver unas semanas después, para controlar el tratamiento y recibir más “pastillas”.
Los que “van y vuelven”
En Tribunales 2 (Córdoba) hay algunos “judicializados” que ya son habituales y repetidos. Su aparición con relación a delitos es reiterada y parece responder a un ciclo ininterrumpido. Se habla de los casos de “Palavecino”, de “Fanloo” y tantos otros que cumplen con el mismo circuito: los detienen, los declaran inimputables y los liberan. En el medio, en ocasiones se agrega un período en el que son estabilizados, tras lo cual vuelven a la vía pública para caer detenidos y reiniciar el ciclo.
Esto no se resuelve y en algunas situaciones los “van y vuelven” son peligrosos. Lo que refieren peritos y otros actores judiciales sobre “Palavecino” es que en los últimos meses agredió a cuatro mujeres: a una le rompió un diente en una estación de servicio, atacó a dos mujeres policías y también golpeó a otra en una galería céntrica. En septiembre pasado, una asesora letrada se sumó a los pedidos de los profesionales para tratar de que se cortara el circuito de repitencia. “Habla de muerte de mujeres y golpea mujeres”, advierte una persona integrante del área pericial de Tribunales.
Otro profesional critica que para tomar cartas en el asunto se utiliza el criterio de “riesgo inminente”, y eso significa que ya es tarde. “Lo que valida es el acto preventivo, no lo consumado”, sostiene el perito para señalar que es indispensable actuar antes de que sea demasiado tarde.
“Uno ve las señales previas y sabe cuándo hay que actuar”, dice el especialista que completa la idea: “Estoy seguro de que si ‘historizamos’ al chico del machete (Van de Velde), si vas ‘para atrás’, encontrás indicadores de lo que iba a hacer”.
Menos médicos y fármacos
La psicóloga Antonia Caparroz trabajó durante 30 años como responsable del departamento Psicología del Hospital Neuropsiquiátrico. Actualmente en el posgrado que se dicta en esa manzana, entiende que “no se trata de que la ley sea mala”, pero entiende que “no alcanza con que exista esa ley: el tema es su aplicación, y ahí la cosa está complicada”.
La psicóloga dice que “no se toma en consideración lo presupuestario” y añade que “el presupuesto de salud mental es bastante reducido y no se contemplan los dispositivos alternativos a la internación”. Además, asegura que “el principal recurso en salud mental no es la aparatología, ni la tecnología, sino el recurso humano, en cantidad y en calidad, garantizando capacitación en formación continua”.
Caparroz opina que para emprender “caminos serios” es necesario que “la desmanicomialización no sea sólo “cerrar manicomios”, sino que se generen los recursos para las alternativas, que los pacientes y el entorno no encuentren como respuesta un desierto”. La profesional sostiene que en ese “desierto” también caen “las demandas del equipo de salud mental que no se están escuchando”.
Desde otro punto de vista, añade que hay que “afianzar la multidisciplinariedad” y romper con “la hegemonía puramente médica y también con la medicalización”. La psicoanalista entiende que, sin obviar la internación y los fármacos, debe darse “la palabra al sujeto, escucharlo, como persona sufriente, como un sujeto de palabra”. Caparroz entiende que no hay que trabajar sobre el paciente, sino “con él o junto a él”.
“Cuando no se aborda al sujeto con su sufrimiento, termina en la segregación y la exclusión”, asegura la psicóloga, quien lanza una definición: “No hay voluntad política, no hay decisión de apostar en acciones. La ley no alcanza si no se operativiza”.
