En el marco de la crisis económica del país, las demoras de pago de obras sociales y prepagas y la inflación, desde hoy los mendocinos deben pagar $7.300 en caso de acceder a una consulta médica, lo que representa una suba cercana al 20% respecto al valor dispuesto originalmente en septiembre.
Según informaron, por disposición de la Comisión Directiva de la Federación Médica de Mendoza, desde “el día miércoles 1° de noviembre del presente año, el valor ético y digno mínimo sugerido para la consulta médica es establecido en $7.300″, en lugar de los $6.000 que venían cobrando.
Los dirigentes explicaron que esta decisión fue “tomada tras una cuidadosa deliberación y con el respaldo del Consejo Directivo de la COMRA (Confederación Médica de la República Argentina), entidad de la cual nuestra Federación es miembro activo”.
“Esta medida se fundamenta en la necesidad de adaptar los honorarios a la realidad económica actual, permitiendo continuar brindando un servicio de salud de calidad a la comunidad. Solicitamos a todos los actores involucrados la comprensión y pronta aceptación de este nuevo valor”, reza otra parte de la comunicación enviada a la prensa.
En qué casos pagan la consulta los afiliados a prepagas y obras sociales
Por su parte, desde el Círculo Médico de la provincia indicaron que “en caso de no adhesión al mismo, los profesionales de la salud tendrán la facultad de requerir a sus afiliados la diferencia necesaria para completar el monto mencionado. Confiamos en que esta medida será entendida como un esfuerzo por preservar la sustentabilidad y excelencia del sistema médico, garantizando la atención adecuada para todos los ciudadanos”.
En cuanto a la periodicidad de los aumentos, las autoridades de esta organización informaron que será de forma mensual basada en los índices de inflación que publiqué el Gobierno Nacional a través del Indec.
Los Andes se comunicó con José Lodovico Palma, titular del Círculo Médico de la provincia, quien explicó como es la situación con las obras sociales o prepagas, con las que se inició el conflicto por el pago de los aranceles y la demora en los plazos de cobro.
“Si la obra social acepta el valor propuesto, el paciente no debe pagar nada, ahora si la prepaga acepta que solo sea de 5 mil pesos, ahí el paciente debe pagar la diferencia hasta llegar al valor de la consulta médica que se estableció, que desde noviembre es de 7.300 pesos”, manifestó.
Esta situación entre los profesionales y las entidades de salud viene de desde agosto y si bien se han tomado algunas medidas, parece que el conflicto no tiene un final.
En este contexto, Lodovico se refirió también a lo que sucede con aquellos médicos que no acepten cobrar ese monto que han comunicado desde el Círculo.
“No existe un porcentaje real de cuántos médicos en la provincia deciden no aceptar el valor fijado para la consulta porque es una decisión que se toma en cada ámbito de trabajo, lo que sí puedo decir es que la mayoría de los profesionales han aceptado la sugerencia porque lo que percibe sin el ajuste es insuficiente”, acotó.
Por otra parte, la presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza, Gabriela Dik, expuso cuál es la situación de sus profesionales ante el valor de las consultas por sesiones. “Tenemos este sábado una Asamblea extraordinaria para tratar los montos porque han quedado atrasados, al ser Colegio tenemos asambleas ordinarias donde uno de los puntos es la actualización de los valores mínimos sugeridos, como la próxima asamblea ordinaria es en marzo o abril se ha convocado una asamblea extraordinaria”, explicó.
En la actualidad, el valor mínimo sugerido por una sesión está pautado en 3.700 pesos, una cifra muy por debajo de la que están cobrando los médicos de otras especialidades.
Los plazos de pago
El plazo en que el profesional de la salud cobraba por sus prestaciones es uno de los mayores inconvenientes que tienen con obras sociales y prepagas. Hay casos en que la demora superaba los 90 días, situación que licuaba el valor por la inflación del país.
Ante esto, Lodovico señaló que desde el Círculo “recomiendan que el pago de honorarios por parte de las prestadoras de salud sea dentro del mismo mes de atención al paciente y en cuanto a las facturaciones, deben presentarse de forma quincenal a fin de evitar problemas en los pagos”.
Este inconveniente también lo tienen otras áreas del sector de la salud como por ejemplo los prestadores de personas con discapacidad, quienes aún están en conflicto con las obras sociales por no respetar los tiempos de cobro. Han elevado reclamos a la Superintendencia de Salud de la Nación y realizado paros, pero la situación no muestra mejoría.
El origen del problema
A mediados de este año, los profesionales de la salud, la mayoría nucleados en el Círculo Médico, tomaron la decisión de no atender más a obras sociales y prepagas por un conflicto que mantenían por el valor de las prestaciones y por el tiempo de cobro de las mismas, que en muchos casos excedía los 90 días.
Esta situación originó que se determine cobrar una consulta mínima particular que fue tasada en 6.000 pesos, con lo cual el paciente por más que tenga obra social o prepaga debía abonar ese valor en la especialidad que fuese a hacerse atender. Acá hay que hacer un paréntesis porque en el caso de los psiquiatras, allí el monto era mayor a esos 6 mil fijados por el Círculo.
Si bien el conflicto surgió en Mendoza, el mismo se fue trasladando a varios puntos del país (Córdoba, Río Negro, Neuquén, entre otras provincias) donde también se tomaron medidas similares para los precios de las consultas médicas.
Los bioquímicos también en crisis
Los problemas de la economía argentina parecen no dejar a nadie exento. Hace algunas semanas, los bioquímicos también mostraron su realidad y tomaron una determinación ante los bajos valores que perciben por su servicio por parte de las obras sociales o prepagas.
En este caso en particular, se supo que en Mendoza dos obras sociales comenzaron a cobrar un honorario extra de 3.000 pesos por atención en los laboratorios. Se trata de la Caja Forense, del sector de los abogados, y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iofsa), cuyos afiliados tendrán que abonar este monto cuando necesiten realizarse algún análisis, sea de rutina o de mayor complejidad.
En su momento, desde la Asociación de Bioquímicos de la provincia, que preside Gustavo Yapur, señalaron que esta medida sólo atañe a estas dos entidades de salud que tenían un “valor bajo” y que para el resto “se sigue negociando porque la situación continúa de la misma forma que cuando inició el reclamo. Con este pago de 3.000 pesos, lo que los laboratorios hacen es cubrir, al menos, el costo de los insumos como descartables, jeringas, agujas y guantes”.
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