En los últimos 10 años, el Estado concedió el estatus de refugiado a 43 personas cuya libertad e integridad física estaba en riesgo en sus países de origen por pertenecer al colectivo LGBTIQ+ y la mayoría de ellos resultaron de nacionalidad rusa (37%) o jamaiquina (25.5%), según datos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
“Cuando yo tenía 16, mis primos se enteraron que soy gay y me atacaron como para matarme. Me rompieron varias costillas y mi cabeza sangraba. Después de eso estuve un año en la calle y luego en una casa abandonada donde viven muchas personas gays que no tienen otro lugar”, contó a Télam con alguna dificultad idiomática el jamaiquino Fitzroy Beckford (25 años), uno de los refugiados que vive en Buenos Aires desde hace tres años.
Entre enero de 2010 y junio de 2020, solicitaron acogerse a esa protección establecida en virtud de la Convención de 1951 un total de 100 personas y en el mismo período, 43 obtuvieron efectivamente esa protección, es decir, casi cuatro de cada 10 respuestas fueron positivas, una proporción que duplica la media para las solicitudes de refugio en general, que fue de 19% para los últimos cinco años. Esto demuestra que “la situación de estos grupos en determinados países los vuelve una población necesitada de algún tipo de protección”, dijo el secretario ejecutivo de la Conare, Alfredo López Rita.
Pero si se tiene en cuenta que al 30 de junio de este año viven en Argentina 3.953 personas asiladas por diferentes motivos, el grupo de refugiados LGBTIQ+ representa sólo el 1%. El funcionario aseguró que “los índices de reconocimiento de peticiones de refugio a nivel internacional son siempre muy bajos” por la excepcionalidad del instituto del refugio y “Argentina supo tener históricamente un índice de 14%”. No obstante hay más personas que “siendo gays o lesbianas son reconocidos como refugiados por otras razones que merituaron este estatus” antes que su orientación sexual. La homosexualidad es penada aún en 77 Estados o regiones; en 12 de ellos con pena de muerte “efectiva o posible”, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
“En los últimos años ha habido un marcado aumento de las personas solicitantes de refugio por motivos relacionados a su sexualidad, su orientación de género o su expresión de género”, dijo el licenciado en Estudios Internacionales Esteban Scuzarello, quien realizó un estudio comparativo y cualitativo de los procesos de admisión en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. El joven plantea “dos hipótesis” para explicar este fenómeno. “Por un lado, si bien la cantidad de países que penalizan los comportamientos homosexuales cayó, se hizo más globalmente conocida la posibilidad de acceder al refugio por cuestiones sexuales, ya que si bien si bien en los 90 se otorgan los primeros, recién en 2009 y 2012 la Acnur saca directrices” específicas, dijo.
“Por otro lado, si bien los países dejan de penalizar, las sociedades no necesariamente dejan de perseguir porque tardan en acostumbrarse a las nuevas normas que en algunos lugares incluso generan un movimiento contracíclico, con un revival de cuestiones conservadoras”, explicó. En su estudio, Scuzarello encontró que en Ecuador, Chile y Perú hay una “aplicación muy pobre de la normativa”, con entrevistas de admisión intrusivas o revictimizantes; mientras que en Brasil y Argentina hay “una aplicación medianamente buena”.
“Si bien Argentina tiene procesos lentos y falla en el acompañamiento posterior, en los trámites de solicitud se respeta la identidad autopercibida y el derecho a la privacidad”, dijo. Además, “el Estado argentino no solicita pruebas psicológicas ni deja de otorgar el refugio a una persona gay, por ejemplo, porque haya tenido un pasado heterosexual o hijos”, como ocurre de manera “ilegal” en otros países porque “los estados no tienen que comprobar” la orientación sexual del solicitante, “sino si efectivamente fue perseguido o tiene un fundado miedo a ser perseguido” en virtud de ella.
Por su parte, la responsable del área de Relaciones Internacionales de la Federación LGBT+ que acompañó unos 25 solicitantes de refugio, Maribel Sgariglia, explicó a Télam que el denominador común en todos los refugiados es “mucho sufrimiento y una experiencia de mucha exclusión no sólo de su país sino también de sus hogares”. “Esto es porque para las personas LGBT, a diferencia de otras comunidades perseguidas, el primer lugar de violencia y expulsión es su familia”, dijo.
Otro elemento común es “la sensación de libertad” que experimentan al llegar. “Recuerdo un varón gay jamaiquino que se pasó llorando los 40 minutos de Ezeiza a Capital y yo pensé que era porque estaba lejos de su casa, pero me dijo que no, que era de emoción de sentirse libre por primera vez”, contó. La especialista explicó que eligen a Argentina porque “es un país de avanzada en materia legislativa y social”, pero luego “sufren constantemente el desamparo del estado de la ciudad” de Buenos Aires donde se radican todos, “que no da respuestas y los deja en estado de vulnerabilidad social y económica”. “Además, acá hay un racismo enquistado y los discriminan o insultan no por ser gays, lesbianas o trans, sino por ser migrantes y afrodescendientes”, dijo.
Por su parte, el director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (Ilgalac), Pedro Paradiso Sottile, explicó que obtener el estatus de refugiado “es muy difícil porque además de las cuestiones burocráticas está el tema económico: hay que tener fondos para poder comunicarse y pedir auxilio”, pero también para salir del país y llegar a destino, porque “no es que los estados te pagan el viaje”.
“Eligen Argentina por su impronta a nivel mundial como vanguardia en materia de derechos LGBT y libertades, y uno de los pocos países que posibilita el matrimonio igualitario de extranjeros”, dijo Paradiso, quien desde Ilga está acompañando actualmente a una pareja de mujeres rusas a tramitar esta protección.
“Las experiencias de recepción son muy diversas de acuerdo a las interseccionalidades que se ponen en juego y favorecen la inclusión o la exclusión social y económica; es decir, no será lo mismo ser trans, pobre y con origen étnico que ser un hombre gay blanco”, dijo, por su parte, la coordinadora del área legal de Caref, Lucía Galoppo. La especialista advirtió que hay un “estereotipo del refugiado” que indica que éste “no es propio de Latinoamérica”, y desde las organizaciones de la sociedad civil “estamos tratando de desarmar” en tanto afectan su reconocimiento como tales primero y su plena inclusión después.
