El uso del agua y del territorio en Mendoza se ha caracterizado por contar con estrategias territoriales e instrumentos de ordenación en el marco de una política de Estado que ha sido continua. Se destaca la Ley de Aguas en 1884 y la Constitución Provincial en 1916, en la que a partir de la administración de los recursos hídricos se establecieron pautas de aprovechamiento territorial, basadas en el manejo de cuencas administrativas considerando las particularidades de los oasis.
Con el tiempo, el contrato social para el desarrollo provincial, basado en el otorgamiento de concesiones de agua superficial y subterránea para la realización de actividades productivas, no se ha consolidado. Entre otras causas, por falta de protección y promoción de zonas en los oasis que cuentan con derechos de aguas y poseen las mejores tierras para el desarrollo de la agricultura bajo riego.
De esta manera se ha vulnerado el principio de preservación de dos recursos imprescindibles y limitados en zonas áridas, como es el agua y el suelo que se constituyen en factores críticos de la producción. Así, en el territorio surgieron otras actividades que no cumplieron con el mencionado contrato que estableció que el recurso hídrico debe destinarse al riego agrícola de acuerdo con el objeto concesible. Esto produjo la generación de externalidades económicas negativas y presiones de usos diversos, que hacen hoy inviable la matriz productiva de Mendoza para sus 2 millones de habitantes.
En la última década, el crecimiento poblacional causó la desmedida ocupación de zonas agrícolas bajo riego a través de fraccionamientos rurales sucesivos, countries, loteos y emprendimientos inmobiliarios cerrados. Con un ritmo anual creciente de 2.000 ha de afectación de tierras agrícolas con derechos de agua, ya se evidencian problemas de integración territorial e hídrica con impactos en la sostenibilidad del minifundio productivo. De continuar esta tendencia, en dos décadas más se producirá la eliminación de importantes zonas productivas con ventajas comparativas y competitivas únicas e irremplazables. Se prevé entonces una pérdida equivalente a la de un oasis irrigado actual con efectos sociales, económicos y ambientales incuantificables.
Este trabajo es una contribución al desarrollo del ámbito productivo bajo riego mediante aplicación de herramientas de ordenamiento para preservar los escasos recursos hídricos y edáficos que aún subsisten en los oasis. De este modo, la clasificación, protección y promoción de tierras productivas en áreas irrigadas resulta ser un aporte concreto a los municipios para ajustar los usos según leyes 8051 de Ordenamiento Territorial y 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
Métodos
Para la clasificación territorial se utilizó la metodología de Evaluación Multicriterio considerando variables excluyentes, preponderantes y complementarias, destacándose el uso del suelo, su aptitud y la disponibilidad hídrica. Se incluyeron los resultados del Balance Hídrico por Unidades Administrativas de Manejo de cada cuenca hidrográfica provincial, definiéndose inhibidores y promotores para el desarrollo productivo.
Se procedió a determinar zonas con influencia en el entorno rural mediante la estratificación de información alfanumérica y cartográfica implementando técnicas de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. También se delimitaron y describieron las zonas con sus respectivos criterios.
La Zona Rural Mixta presenta coexistencia de parcelamiento rural con servicios de equipamiento, infraestructura y conexiones viales con servicios de apoyo a la actividad agropecuaria. Posee áreas de servicios para la actividad primaria y secundaria. En ella pueden implementarse instrumentos municipales a fin de generar un banco de tierras para los asentamientos poblacionales rurales concentrados, aunque con densidades diferentes y adaptadas a las áreas urbanas de interfase.
La Zona de Amortiguación Rural ofrece un potencial agroecológico para la producción agropecuaria al contar con abastecimiento de agua superficial y subterránea. Es una franja de amortiguación externa que requiere de estudios de evaluación a nivel de semidetalle para evaluar futuras actividades junto a una visión integral para armonizar el uso en entornos de transición.
La Zona Rural Protegida tiene condiciones agroecológicas para producción intensiva, siendo el uso agrícola predominante. Hay disponibilidad de agua en cantidad y calidad, ofrece suelos aptos, es alta la inversión en infraestructura hídrica, cuenta con líneas de asistencia técnica y financiera para actividad agropecuaria. Tiene conectividad y acceso al mercado.
Resultados
La propuesta metodológica posibilitó la clasificación y delimitación de las zonas rurales irrigadas por oasis con los siguientes resultados:
De este modo la zona rural protegida representa sólo el 2,72% de la superficie provincial, en tanto las zonas intermedias pueden receptar ordenadamente otros usos o actividades complementarias.
Para las zonas rurales protegidas se ha previsto la ejecución de iniciativas estratégicas vinculadas a una nueva concepción en el desarrollo de acciones para la adaptación de la variabilidad climática y fortalecimiento de zonas agrícolas bajo riego. En ellas se alcanzará mayor eficiencia a través de la instalación de métodos de distribución hídrica con sistemas de captación, regulación y reservorios colectivos para incrementar la disponibilidad del recurso hídrico. Asimismo, la gestión de la demanda posibilitará alcanzar los rendimientos competitivos que los agricultores requieren.
Se prevé además el fortalecimiento de las Inspecciones de Cauces, genuinas organizaciones de base para el desarrollo socioeconómico regional siendo necesario revalorizar la agricultura familiar en la economía local y nacional, como proveedora de alimento, mano de obra y garante del arraigo rural.
Es factible conformar un Banco de Tierras que valorice y promocione los predios con aptitudes agrícolas competitivas lo que permitirá disminuir la pérdida de superficie útil y mejorar el conocimiento territorial de las zonas agrícolas protegidas.
A su vez, en estas zonas se podrán implementar instrumentos económicos y financieros como incentivos para la inversión productiva o inhibidores para aquellos usos que no sean compatibles con la vocación de uso determinada por la zonificación.
*El autor es Docente investigador. Facultad de Ingeniería. UNCuyo
Producción y edición: Miguel Títiro
