El CC (cambio climático) incide negativamente en nuestra vida y de manera muy visible. Genera muchos riesgos: por ejemplo, la subida del nivel de los océanos vía el derretimiento de glaciares, alteración de los climas, lluvias torrenciales y/o sequías según las regiones, da incertezas a la producción agrícola y muchos otros.
Muchos de estos riesgos terminarán transformándose en costos reales económicos y geopolíticos ya que producirán hambrunas, inundaciones de territorios costeros y sus consecuentes migraciones y conflictos asociados a ella además de destrucción de biodiversidad. Por todos estos conceptos es que hoy la humanidad está poniendo en peligro el bienestar de futuras generaciones sin que hasta ahora se vislumbre la posibilidad concreta de una solución. Los especialistas han asegurado que el límite al CG (calentamiento global) es llegar a la neutralidad de carbono en el 2050 y esto fue definido en 2 grados en relación con la era preindustrial, mientras que otros estudios aseguran que, de seguir como estamos ahora, la temperatura al final del siglo podría llegar a 7,8 grados mayor en el mismo supuesto. El mundo ha lanzado muchas propuestas de mitigación desde la década de los 80 hasta ahora y todas ellas concentran su enfoque en la quema de combustibles fósiles como el gran villano de esta historia.
El éxito esperado de las acciones que se deberán tomar dependerá de los ajustes que hagamos a nuestros procesos de vida, tales como, modificar nuestro consumo de energía, diseñar y situar de modo diferente nuestras viviendas, modificar la forma de trasladar gente, reformar el modo de producir bienes o, como gestionar bosques, entre otros. La mayoría de los políticos a nivel global piensa el problema del clima en términos de objetivos de costo/beneficio en donde el costo es inmediato y el beneficio de largo plazo. El egoísmo de ese pensamiento se fundamenta en que “En el largo plazo todos estaremos muertos” según la afirmación de John M. Keynes, en el contexto de la profunda crisis mundial de 1930 donde lo principal era reconstruir. Es claro que en el tema ambiental los beneficios no se verán de inmediato. Si hacemos lo que la ciencia pide, la vida en el planeta continuará.
El economista inglés Nicholas Stern que demostró en 2006 que prevenir soluciones al CC costaría entre 1 y 2% del PBI mundial mientras que de no hacer nada este valor podría alcanzar entre el 5 y el 20% de dicha referencia.
La solución pasa por la transición a energías limpias, proceso que no es inminente por el significado económico que supone. Mientras tanto existen algunas propuestas que pueden ir facilitando el camino, como por ejemplo, la aplicación de tasas o impuestos a la energía de origen fósil cuyo propósito sea penalizar a los que emiten GEI (Gases de efecto invernadero) y con esos fondos apoyar a los que no contaminan. Algunos países europeos aplican impuestos a estas emisiones, aunque esto no significa una solución integral para el planeta, debido a que la atmósfera no tiene fronteras. No obstante son medidas positivas para cada país porque permiten desalentar el uso de energías sucias y obtener recursos para fomentar el uso de fuentes alternativas.
La otra solución posible sería la aplicación de una tasa a la emisión de GEI que fuera aceptada integralmente por el mundo, asunto que requerirá de mucha paciencia e intensa negociación, algo que debería incluirse en el programa GND (Nuevo acuerdo ecológico) actualmente en conversaciones.
Entonces, ¿cómo operaría la tasa al carbono? Según el profesor Jean Tirole (La economía del bien común-Taurus 2017, Barcelona) cada país comienza por fijar qué volumen de GEI autoriza a enviar al espacio a sus unidades productoras (huella de carbono) con el objetivo claro de permitir emisiones respetando el crecimiento de 2 grados hasta 2050. De ese modo el que emite más que esas cantidades debe pagar por ello y el que emite menos tiene el derecho de recibir créditos por la diferencia entre lo que tenía autorizado y lo que emitió. Es obvio que para poder controlar estos números debe existir un organismo administrador estatal que es el que otorga los permisos llamados Derecho de Emisión Negociables, que pasarán a formar parte de los bienes transables en los mercados financieros.
Al final del año cada unidad económica ofrecerá al estado sus permisos cumplidos en función de su actividad real y en caso de no tener suficientes por haber sobrepasado la cuota asignada, deberá comprar en el mercado los que le falta y lo mismo a la inversa al que le sobre podrá también venderlos en el mercado cuyo precio de compra y de venta serán iguales.
Sabemos que es difícil pero no imposible que esta tasa pueda ser aceptada de manera global como una herramienta importante de mitigación, ya que los grandes contaminadores no cederán fácilmente si no es a cambio de algo que les permita continuar con sus emprendimientos aunque se trate de objetivos diferentes.
Después de todos los esfuerzos que el mundo propone para corregir el camino del planeta aún tenemos una adversa realidad que, según Tirole es presentada por un grupo de países que continúan con planes de uso de fósiles para producir su energía y que son los que siempre han sostenido posturas contrarias a cualquier transición a verde.
Finalmente y hasta que no se logre un acuerdo global para el control de las emisiones no estaría mal que los gobiernos aplicaran una tasa de carbono a empresas contaminantes en su territorio al mismo tiempo que subsidiar a empresas sustentables de la misma comunidad, cuidando que el obtenido no se ingrese a rentas generales.
*El autor es especialista en temas ambientales.
Producción y Edición: Miguel Títiro.