El segundo de los juicios por los abusos a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (que se cometieron contra estudiantes que estuvieron en el lugar hasta 2016) sigue su curso en los tribunales mendocinos. Este miércoles, en la tercera de las jornadas, el protagonismo recayó sobre el Tribunal -en un primer momento- y también sobre la Fiscalía y los abogados de las víctimas.
Luego de que durante las primeras dos audiencias los abogados de la monja japonesa Kumiko Kosaka (Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet) se explayaran -una vez más- en dos pedidos que ya habían efectuado y habían sido rechazados con anterioridad; esta vez llegó el momento de las resoluciones a estas solicitudes.
Juez confirmado
Por un lado, los letrados de la religiosa -que llega a juicio con 7 imputaciones como autora de un hecho de abuso sexual, de otros episodios de corrupción de menores y también como partícipe de más ataques sexuales- habían recusado al presidente del Tribunal, el juez Horacio Cadile; solicitando que se apartara de la causa. Lo habían hecho por considerar que el magistrado había preopinado, precisamente al rechazar con anterioridad también el segundo de los pedidos en cuestión, y que tiene que ver con que se declare la nulidad plena del juicio al considerar -desde la óptica de los abogados defensores- que se había vulnerado el derecho a legítima defensa de Kosaka durante la instrucción.
Pasadas las 8:30 de este miércoles, Cadile y sus pares, Gabriela Urciuolo y Rafael Escott, resolvieron por unanimidad rechazar el pedido de recusación y declararon la solicitud “inadmisible por extemporánea”. En criollo, consideraron que no era momento oportuno para tomar esta importante decisión.
El fiscal defendió las cámaras Gesell
El Caso Próvolo cuenta con diversas particularidades que lo han convertido, desde el principio de la causa, en un caso por demás complejo. No obstante, esto no significó un obstáculo para que en noviembre de 2019, los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fuesen condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente; tras ser declarados culpables como los autores de los abusos. Y a ellos se sumaron el ex jardinero Armando Gómez (condenado a 18 años de cárcel) y el ex monaguillo Jorge Bordón (sentenciado a 10 años de prisión).
Y es de estas complejidades de las que se aferran los abogados de la monja Kosaka para pedir la nulidad del segundo de los juicios (el primero se resolvió con las cuatro condenas ya detalladas). Al tratarse de niños y adolescentes, las denuncias y sus respectivas ampliaciones que se sucedieron desde noviembre del 2016 tuvieron lugar en cámaras Gesell. Se trata de un dispositivo que se activa cuando las víctimas son menores de edad, y consisten en entrevistas desarrolladas por psicólogos y psiquiatras oficiales y en un contexto de intimidad. Para entenderlo un poco mejor aún, son aquellas entrevistas que -en las series y películas- se suelen graficar con el niño (o la niña) en una sala, el especialista junto a él; y el fiscal y abogados del otro lado de un vidrio espejado (lo que los hace invisibles para el denunciante).
A esa complejidad se le suma, además -y en el Caso Próvolo- que las víctimas no solo eran menores de edad (al momento de hacer las denuncias); sino que además son sordas. Y es aquí donde entran en juego otras actrices claves de la causa: las intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA). Son tres las profesionales que participaron desde el inicio de la causa, y son las intérpretes oficiales de la causa (al igual que psicólogos y psiquiatras que participaron de las cámaras Gesell, no son peritos aportados por alguna de las partes).
Pese a haber sido ratificadas y avaladas por el Ministerio Público Fiscal y por instituciones académicas a lo largo de toda la investigación, las intérpretes fueron denunciadas oportunamente por los abogados de la monja. Concretamente, las acusaron de manipular las declaraciones de los chicos -al momento de interpretarlas-; y la misma estrategia llevaron adelante con los informes psiquiátricos y psicológicos realizados por los peritos oficiales. A estos profesionales también los denunciaron, por “falsear” las conclusiones y “manipularlas”.
También durante la instrucción de la causa (antes de que llegue al primero de los juicios), estas denuncias fueron desestimadas y archivadas por la Justicia; lo que significó un respaldo judicial a la labor de intérpretes y peritos oficiales. No obstante, es sobre este mismo cuestionamiento sobre el que Fallet y Varela Álvarez basaron la reciente presentación.
Los abogados consideran que no se respetó el derecho de legítima defensa de Kosaka; ya que no estaban presentes sus abogados cuando tuvieron lugar aquellas entrevistas (todas fueron grabadas y se reproducirán durante el juicio). El detalle es que, al momento de celebrarse estas cámaras Gesell, Kumiko Kosaka no estaba imputada todavía. De hecho, el fiscal Gustavo Stroppiana oficializó la imputación contra la monja a fines de abril del 2017, y la monja quedó detenida el 4 de mayo de ese año. Desde el momento de su primera imputación y de la detención, Varela Álvarez ha sido el abogado de Kosaka.
En la jornada de este miércoles, fue el jefe de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide (quien representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio) quien defendió el trabajo y la forma en que se actuó precisamente desde esa dependencia durante la instrucción.
En ese sentido, Iturbide rechazó los planteos de la defensa de la monja por “inexistencia del agravio planteado”, al considerar que en ningún momento se violó el derecho a legítima defensa. El fiscal planteó, además, que este mismo asunto ya había sido tratado y rechazado con anterioridad por diferentes magistrados y en audiencias previas. Incluso, Iturbide destacó que la propia defensa que actualmente pide la nulidad de esta prueba, la presentó oportunamente para abonar su teoría objetiva del caso.
En la misma sintonía, los abogados querellantes Oscar Barrera y Sergio Salinas adhirieron a lo expuesto por el fiscal, y presentaron sus propios alegatos considerando por qué consideran que debería ser rechazado el mencionado pedido de nulidad.
“Estamos conformes con lo ocurrido durante la jornada de hoy, porque el juicio está bien hecho; y eso permite probar que Kumiko Kosaka, Pascual, Raffo y las demás imputadas son culpables”, concluyó Salinas al final de la jornada de hoy.
Más allá de la presentación de las partes, el Tribunal resolvió diferir la resolución de lo planteado por la defensa, por lo que resolverá si se tienen en cuenta o no las cámaras Gesell cuestionadas por los abogados de la monja recién cuando llegue el momento de la sentencia.
También durante la jornada de este miércoles, Iturbide procedió a dar inicio a la lectura de los hechos que se les imputan a las 9 acusadas en este juicio.
