El 1 de agosto de 2018, en el fuero civil de la Justicia de Mendoza, comenzaron -formalmente hablando- la mayoría de los juicios civiles iniciados por los niños sordos y niñas sordas que habían sido abusadas en el instituto Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) y por sus familias. Literalmente fue un inicio formal ya que, desde entonces y más allá del ingreso de las demandas, es poco y nada lo que se ha avanzado desde lo procesal y práctico.
Uno de los abogados que encabeza algunas estas demandas (más precisamente, siete de ellas y por la misma cantidad de demandantes) responsabilizó a la Iglesia por las demoras y la acusó de no estar colaborando para que estos episodios tengan una resolución.
“Este 1 de agosto se cumplieron tres años de las primeras demandas civiles que se presentaron y, a la fecha, están sin sentencia. No solo ello, sino que están híper frenados los procesos y solamente en uno de ellos se ha llegado a celebrar una audiencia inicial. Pero hay una resistencia de la Iglesia, que no se muestra dispuesta a colaborar”, destacó el abogado Juan Manuel Lavado, quien representa a las siete víctimas de los abusos involucradas en estas demandas.
Luego de que el mayor escándalo por abusos eclesiásticos de menores en Mendoza -y uno de los más importantes del país- salieran a la luz en noviembre de 2016, tres años después (el 25 de noviembre de 2019) los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez fueron condenados a 45, 42 y 18 años de prisión respectivamente por la Justicia penal como autores de los abusos en el instituto religioso.
Poco más de un año antes de la condena penal, en el fuero civil se presentaron las demandas. Y en este plano los avances son prácticamente nulos. “En seis de los siete juicios estamos en la primera etapa, la de notificación de las partes y todavía no logramos notificar a todas. En el séptimo, en tanto, estamos ya en la etapa probatoria, pero no se ha llegado a la instancia de alegatos y sentencia”, destacó el abogado.
Lavado presentó la demanda contra la Asociación Civil Obra San José (a la que pertenecía el Próvolo en la provincia) y contra el Arzobispado de Mendoza. “El principal problema que se observa en el desarrollo del juicio es la poca colaboración de la Iglesia para que no avance la causa. Y ni siquiera hay una voluntad conciliadora, ya que se llegó a una primera instancia conciliatoria y fracasó porque ofrecían suman irrisorias como reparación”, destacó Lavado.
Fallida notificación al Vaticano
La Nunciatura Apostólica en Argentina es el equivalente a la Embajada del Vaticano en el país. Hasta esta sede (ubicada en Buenos Aires) se dirigieron durante los últimos días los abogados de las víctimas que iniciaron las mencionadas siete causas civiles, con la intención de hacerles llegar a sus autoridades el oficio en que la jueza que interviene solicita que se deriven a las causas la documentación relacionada con investigación canónica que inició el Vaticano contra Corbacho y Corradi (falleció en julio de este año).
“Cuando llegamos a la sede de la Nunciatura, hace dos semanas, entregamos el oficio en que la jueza aceptaba que se incluyeran como prueba los avances de la investigación canónica (algo que habíamos ofrecido). Pero salió a recibirlo una persona que, tras revisarlo y averiguar, nos dijo que no iban a recibir nada que no llegara por medio de Cancillería y lo devolvieron. Por esto mismo ayer regresó una escribana, quien dejó constancia de que se resistían a recibir este oficio”, destacó Lavado.
El abogado destacó que, a partir de este momento, aguardarán a ver si el Vaticano contesta la notificación de la escribana. En caso de seguir sin respuesta, oficiarán a Cancillería para que se notifique a la Nunciatura que la Justicia Civil aceptó como prueba la documentación relacionada a la investigación canónica contra los sacerdotes.
La investigación canónica, también demorada
En simultáneo a las causas penales (luego de la primera condena, por estos días avanza en tribunales el segundo juicio penal contra nueve mujeres imputadas) y a las causas civiles, el Vaticano inició una investigación eclesiástica contra los sacerdotes.
Se trata de un proceso independiente a las de la Justicia ordinaria, y por medio de esta investigación se busca determinar si hubo alguna responsabilidad o delito por parte de los religiosos. Uno de los posibles desenlaces incluye la decisión del Papa de expulsar a los acusados de su condición de cura, y esto representa a la condena mayor. Claro que, al tratarse de un procedimiento independiente, no tiene ninguna repercusión o incidencia que los curas ya hayan sido condenados penalmente.
Esta investigación eclesiástica también se encuentra por demás demorada; y fuentes cercanas a este procedimiento destacaron que esta situación se debe a la pandemia y a la imposibilidad que tuvieron -durante algunos meses- los enviados del Vaticano de viajar para entrevistarse con Corradi y Corbacho. De hecho, el primero de ellos falleció hace poco más de un mes y, pese a tener una condena penal a prisión, murió siendo cura y con el procedimiento canónico sin resolverse.
