Abusó de niños, lo mandaron a Mendoza y lo expulsaron de la Iglesia: los últimos años de César Fretes

Aunque no llegó a consagrarse como sacerdote, César Fretes completó el seminario en la Compañía de Jesús (conocido popularmente como la Compañía de los Jesuitas) y llegó a ordenarse como “hermano” –una especie de “título” intermedio-. Precisamente esto le permitió desempeñarse como religioso durante 19 años dentro de la Comunidad Jesuita, primero en Buenos Aires y luego en Mendoza. En 2002, mientras Fretes –quien falleció en 2015- desempeñaba funciones dentro del ámbito educativo del Colegio Del Salvador (Buenos Aires, perteneciente a los Jesuitas), una serie de denuncias por abusos sexuales cometidos contra niños que estudiaban en el colegio de varones lo ubicaban como autor de estos abusos.

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Hace unos días, dos de las víctimas dieron su testimonio a Clarín sobre los abusos que sufrieron de parte de Fretes. Sin embargo, se estima que –además de estos dos jóvenes que hicieron públicos sus testimonios y que estaban en sexto grado en el momento en que fueron atacados- hay, por lo menos, entre 10 o 20 chicos más que fueron víctimas del “hermano” Fretes.

En 2007, luego de que se iniciara una investigación canónica contra el denunciado, se confirmó que el religioso había abusado de las víctimas y fue expulsado de la Iglesia por una orden que llegó desde el mismo Vaticano. Sin embargo, lo llamativo es que entre 2003 –cuando se comenzaron a investigar las denuncias- y 2007 –cuando se confirmó y se decidió su dimisión-, Fretes estuvo asignado a la comunidad jesuita de Mendoza, a la que había llegado trasladado mientras se investigaban las denuncias en su contra.

Ante esta realidad, consultado por Los Andes, el delegado del provincial para Prevención de Abusos Sexuales de la Comunidad Jesuita, Álvaro Pacheco aclaró que el de Fretes no fue un traslado para “encubrir” los abusos, y aclaró que mientras estuvo en Mendoza y fue parte de la comunidad –hasta su expulsión- tenía una orden de restricción para evitar que se acercara a los niños y a las instalaciones del colegio San Luis Gonzaga, el establecimiento de la comunidad en Mendoza que funciona en la misma manzana donde está el predio de los jesuitas en Mendoza (comprendida entre calles San Martín, Colón, 9 de julio y San Lorenzo).

“El religioso no fue trasladado a otra institución y luego al colegio, sino que cuando se recibió en 2003 la primera denuncia, el rector de entonces le pidió al rector provincial que lo alejara del colegio y que se iniciaran los trámites con vista a establecer responsabilidades. El rector provincial lo destinó a la comunidad jesuita de Mendoza, pero con una restricción específica de no tener ningún rol con menores, o sea que en esos años –entre 2003 y 2007- se limitó a tareas internas de la comunidad y en el templo. No tenía ningún rol en el San Luis Gonzaga. El proceso, que llegó hasta Roma, terminó con la dimisión (expulsión) del religioso en 2007″, destacó Pacheco a Los Andes.

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El delegado jesuita para Argentina y Uruguay aclaró que las funciones de Fretes en Mendoza se limitaron (o deberían haberse limitado, de acuerdo a las indicaciones con las que se lo envió) a tareas administrativas y de mantenimiento sobre el sector que da a calle San Martín, sin siquiera acercarse a la esquina de 9 de julio y Colón por la que tiene entrada el colegio.

“No existen denuncias en Mendoza, lo que puede hacernos pensar que se cumplieron las restricciones con que se lo trasladó”, destacó Pacheco, quien resaltó que Fretes estuvo en el colegio porteño entre 1999 y 2003 donde, a diferencia de sus últimos años en la orden y ya en Mendoza, tuvo roles educativos y de contacto con los chicos.

El abogado mendocino que acompaña a los dos denunciantes en el reclamo administrativo que presentaron recientemente –Carlos Lombardi, especializado en causas canónicas y de abusos sexuales eclesiásticos- por su parte indicó que por fuera de los dos jóvenes que decidieron hacer público su padecimiento hay cerca de 20 víctimas más que han manifestado haber sido víctimas de Fretes, aunque no han hecho denuncias ni reclamos aún. Desde la comunidad religiosa, en tanto, hablan de “entre 10 y 12 víctimas″.

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“Presentamos el reclamo administrativo a las mismas personas que iniciaron la investigación que derivó en la expulsión de Fretes y que, en distintas cartas, reconocieron a las víctimas los abusos que cometió. Hemos solicitado un resarcimiento integral –que incluye lo económico- y si no se da respuesta, pues iremos a lo civil entonces. Todavía estamos dentro del plazo de prescripción para la causa civil, ya que si bien los hechos fueron hace 20 años, las notas que reconocen los abusos y donde las autoridades piden perdón comienzan a partir de septiembre de 2019. Eso quiere decir que estamos en los 3 años del plazo de prescripción”, indicó Lombardi.

La historia del hermano Fretes

César Fretes nació en 1970. En 1988, con 18 años ya cumplidos, ingresó al seminario de los jesuitas, donde permaneció entre 7 y 8 años. Al momento de ordenarse como religioso, lo hizo como “hermano” y no como “sacerdote”. “Eso le permite hacer otras tareas administrativas, y no confesar. Pero se mantienen los votos de castidad”, explicó Pacheco a Los Andes. Durante 19 años Fretes fue parte de la Comunidad Jesuita, hasta que en 2007 el padre general de los jesuitas dispuso su dimisión. “El caso llegó a Roma, pero no al Papa. El Papa es quien resuelve la expulsión de los curas, pero no de los hermanos. Y fue el superior de la orden jesuita quien dispuso la expulsión”, se explayó el delegado de los jesuitas para episodios de Abusos Sexuales en Argentina y Uruguay.

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Fretes tenía 37 años cuando perdió su estado clerical y se quedó en Mendoza hasta que en 2015, con 45 años murió como consecuencia de un cáncer que padecía. Había llegado a la provincia en 2003, trasladado luego de que se iniciara la investigación eclesiástica por los ataques sexuales. Sus últimos años fueron de mucho padecimiento, precisamente a raíz de su complicada situación de salud.

Entre 1999 y 2003, Fretes se desempeñó en el Colegio Del Salvador (Ciudad de Buenos Aires). Todavía estaba en funciones educativas y en contacto con los distintos alumnos –era tutor y consultor de los niños de sexto grado-, y fue allí donde cometió los abusos descriptos por los denunciantes, Pablo Vio y Gonzalo Elizondo, ambos de 31 años. Son los únicos que han hecho públicas sus denuncias en los medios, pero se estima que hay entre 10 y 20 víctimas más.

“Hace unos años ya que estamos en contacto con estos dos ex alumnos, acompañando lo mejor que se puede sus procesos y su dolor por lo ocurrido en 2002. A ellos les ayudó hacer público lo que pasó, y respetamos por supuesto sus testimonios. Otras víctimas han pedido, al contrario, discreción y no consideraron oportuno hacer la denuncia en su momento. Eso también se respetó. Creo que el comunicado del Colegio refleja este respeto y transmite un sincero pedido de perdón. Hoy tenemos protocolos más exigentes y la legislación es más severa. Hay además muchos esfuerzos de prevención que parece están dando sus frutos”, destacó Álvaro Pacheco sobre la situación y las otras víctimas que, no quedan dudas, existen.

En el caso de los denunciantes que contaron su historia a los medios, tenían 10 y 11 años cuando cursaban en sexto grado del Colegio Del Salvador y fueron abusados. Vio y Elizondo dijeron que Fretes les preguntaba sobre aspectos íntimos, incómodos e invasivos sobre sexualidad, la masturbación e –incluso- uno de ellos contó que una noche despertó durante un retiro y encontró al religioso en su cama con él mientras le tocaba los genitales al niño.

Si bien en ese momento no hubo denuncias judiciales, en el interior del Colegio Del Salvador hubo mucho ruido interno y movimiento. Como medida máxima se dispuso el traslado de Fretes desde Buenos Aires a la comunidad jesuita de Mendoza. Recién 17 años después de los abusos y 16 años después del traslado, cuando los jóvenes que habían sido abusados por Fretes se encontraron con otros ex compañeros y estos les contaron que habían sufrido lo mismo por parte del religioso, allí cerró la cadena de abusos.

“Se suele hacer un equívoco al interpretar algunos traslados. Una cosa es un traslado para encubrir, y que de alguna manera permite que el abusador siga cometiendo sus delitos en otras partes (cosa que lamentablemente se dio mucho en la Iglesia de esos años), pero otra muy distinta es apartar al denunciado del lugar habitual donde cumple funciones para que los chicos no sigan corriendo riesgos y para que no entorpezca la investigación con su presencia”, destacó el delegado jesuita para Argentina y Uruguay a Los Andes, quien aclaró que el traslado no fue para ocultar a Fretes, sino para facilitar la investigación. “Esta segunda opción es la que se sigue recomendando hoy para el tratamiento de casos de abuso: apartar al denunciado, enviarlo a otra parte con restricciones, e iniciar un proceso con todas las garantías”, se explayó Pacheco.

El pedido de resarcimiento y una posible demanda a futuro

La semana pasada, Pablo Vío y Gonzalo Elizondo –representados por el abogado Carlos Lombardi- presentaron un reclamo administrativo al Colegio Del Salvador en exigencia de un “resarcimiento económico del daño moral, psicológico y patrimonial” que sufrieron los hoy jóvenes.

En el pedido formal se citan fragmentos de distintas cartas que las autoridades de la institución enviaron a los denunciantes entre 2020 y 2021 y donde los propios directivos reconocen que las medidas adoptadas para asistirlos y contenerlos son “insuficientes” y que la colaboración resulta “exigua”. Incluso, el escrito –con firma de Lombardi- hace referencia a pedidos de perdón y promesas de futura ayuda, a los que califica como “gestos precarios y poco eficaces”.

Amparándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) es que solicita entonces una “indemnización compensatoria”, que incluye “la valoración de daños materiales e inmateriales”. Entre otras cosas, ambas víctimas reclaman una indemnización económica millonaria al Colegio Del Salvador.

Lombardi destacó a Los Andes, además, que recurrirán a la justicia civil si la propuesta de reparación integral no es satisfactoria, y fundamenta en que las cartas en que se reconocen los delitos datan de menos de 3 años.

Por su parte, delegado del provincial para Prevención de Abusos Sexuales de la Comunidad Jesuita, Álvaro Pacheco indicó que la comunidad está analizando el pedido se reparación oficializado por las víctimas.

El sábado pasado, luego de que se presentara este reclamo administrativo y se conociera la historia de las víctimas en la prensa, el Colegio Del Salvador emitió un comunicado público.

“Al final del ciclo lectivo 2003 se recibió la primera denuncia de abuso de menores contra el entonces hermano jesuita César Fretes. Las autoridades de la Compañía decidieron sacarlo inmediatamente del colegio para evitar que hiciera más daño, fue apartado de todo trato con menores y, luego de un proceso interno, fue dimitido de la Compañía de Jesús. Las familias en ese momento no estimaron oportuno hacer una denuncia en el ámbito civil, algo que sólo ellas podían hacer, de acuerdo con la legislación de esa época. César Fretes murió en el año 2015″, aclaran en el comunicado.

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Además, sostienen que lamentan los episodios y destacan la asistencia y compañía que les han brindado a las víctimas. “Los hemos escuchado y les hemos ofrecido y ofrecemos acompañamiento. El dolor es grande y por eso pedimos perdón a las víctimas. No debieron sufrir eso en nuestra institución. Como parte de la toma de conciencia de toda la Iglesia en relación con este flagelo, en los años sucesivos hemos puesto en marcha protocolos (que se actualizan periódicamente) y mecanismos de prevención para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones abusivas como las que lamentamos. Si algún otro antiguo alumno se ha visto afectado y aún no se ha acercado a conversar, puede hacerlo por el canal indicado en https://jesuitasaru.org/prevencion o por cualquier otro medio”, destacan.

Además, dejan de manifiesto su compromiso a poner todos sus esfuerzos en el acompañamiento de los afectados, así como a continuar con los máximos empeños de prevención para evitar que se repita este tipo de abusos.