El domingo último, 24 de enero, entró en vigencia la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); aprobada el 30 de diciembre del año pasado en el Congreso. De esta manera, y de acuerdo a la norma de flamante vigencia, el Estado nacional debe brindarles a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar las herramientas para acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. En esa sintonía, debe brindarles también atención postaborto en los mencionados servicios.
Siempre de acuerdo a la ley, la IVE puede practicarse hasta las 14 semanas de gestación. No obstante, por fuera de ese plazo, la persona gestante tiene derecho acceder al aborto legal solo si el embarazo fuere resultado de una violación -con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante- o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
Además, se fija un plazo máximo de 10 días de corrido desde que se solicita la IVE para garantizar la práctica.
Más allá de la reciente entrada en vigencia, las autoridades sanitarias están a la espera de la publicación del decreto reglamentario de la ley. “Estamos esperando los lineamientos generales de Nación, para saber cómo vamos a actuar en las provincias. Sin embargo, y mientras tanto, tenemos los circuitos aceitados desde la perspectiva de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Hace dos años venimos trabajando con una guía provincial, y la idea es prestar atención precoz a las pacientes que tengan intenciones de acceder a la interrupción, direccionarlas dentro del circuito”, destacó la jefa de Derechos Sexuales y Reproductivos del Hospital Lagomaggiore, Valentina Albornoz. “Estamos igualmente trabajando con un circuito parecido al de la ILE, la idea es construir un proyecto propio y específico”, insistió; y destacó que no hay una fecha estimativa para la publicación del decreto.
Se mantienen las consultas
Albornoz destacó que las consultas relacionadas a la interrupción del embarazo siempre existieron, de una manera u otra; y que no han aumentado o se han reducido con la ley.
“No es algo que se haya planteado a partir del 25 de enero que entró en vigencia la ley, del 30 de diciembre que se aprobó o de cuando se comenzó a debatir en el Congreso. Es algo que siempre existió”, destacó la especialista. Del mismo modo, resaltó que tampoco en los primeros tres días de vigencia hubo un incremento en la demanda del Misoprostol, la droga que se utiliza para la interrupción y está estipulada en la propia ley.
Hasta el momento no ha llegado tampoco desde Nación una nueva partida de esta droga, por lo que a nivel provincial se están manejando todavía con el stock disponible. Y no es precisamente una gran cantidad.
El protocolo
La jefa de Derechos Sexuales y Reproductivos del Lagomaggiore indicó que el protocolo de acción contempla a la interrupción del embarazo como una de las partes de todo un abordaje integral y que es complementario de un proyecto más amplio y que también se vincula con la Educación Sexual.
“Dentro del contexto de asesoramiento y consejería, está el acompañamiento y la habilitación de un espacio para una consulta que sea integral. Después de ello, se procede a la solicitud de estudios complementarios básicos –como controles generales, análisis de sangre-; y, si está todo bien, se continúa con la prescripción del medicamento. Además se contempla el acompañamiento post evento, que involucra a la anticoncepción y al acompañamiento posterior en caso de que lo requiera. Es un acompañamiento desde lo físico, lo psicológico y que va mucho más allá también, es todo acompañamiento terapéutico”, destacó la especialista.
Respecto al plazo máximo de 10 días de corrido desde que se solicita la IVE hasta que se garantiza, Albornos resaltó que “va a ser un verdadero desafío institucional poder cumplir con el plazo”, agregó.
Sin grandes polémicas
El lunes, justo el primer día hábil desde que entrara en vigencia la ley nacional, la directora del segundo hospital más importante de San Juan pidió licencia de su cargo por “razones personales”. Casualmente -o causalmente- la médica, Inés Garcés, había expresado públicamente su oposición a la legalización de la IVE y hasta había sostenido que “no podría garantizar” que en el hospital donde se desempeñaba (el Marcial Quiroga) algún profesional fuese a practicar un aborto legal.
Consultada sobre si en Mendoza se ha observado o percibido una situación similar dentro de alguno de los hospitales de referencia, Albornoz destacó que no se han observado situaciones así hasta el momento. Y resaltó que, a nivel institucional, la ley no contempla que todo un hospital o sanatorio público pueda inscribirse como objetor de consciencia.
Asistencia
La línea telefónica gratuita 0800 222 3444 (de Salud Sexual y Reproductiva) está habilitada desde hace mucho tiempo, y es para asistencia. Es, además, la vía de ingreso de las solicitudes de ILE.
