La camioneta que había quedado enterrada en la Pampa del Leoncito, en el departamento sanjuanino de Calingasta, finalmente fue retirada del área protegida.
La extracción se realizó después de que la Justicia autorizara el retiro de la Toyota Hilux, así como las millonarias multas para los responsables.
El retiro de la camioneta en Pampa del Leoncito
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Gentileza / Diario de Cuyo
Daños de la camioneta manejada por un médico de Mendoza en Pampa del Leoncito (San Juan)
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Gentileza
La camioneta que había quedado enterrada en la Pampa del Leoncito, en el departamento sanjuanino de Calingasta, finalmente fue retirada del área protegida.
Fotos y videos registraron el operativo para sacar la Toyota Hilux blanca que permanecía atrapada desde el 8 de agosto, cuando ingresó por un sector no autorizado y quedó empantanada sobre la planicie de Barreal Blanco.
La extracción se realizó después de que la Justicia autorizara el retiro del vehículo y estableciera condiciones especiales para evitar que la maniobra generara nuevos daños sobre la superficie protegida, destacó Diario de Cuyo.
La sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, a cargo de Andrés Troche, dispuso que la Hilux fuera retirada el viernes pasado entre las 17.30 y las 19, bajo la supervisión y custodia de Gendarmería Nacional, la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Además, el fallo ordenó que se labrara un acta con la intervención de todos los organismos que participaron del procedimiento.
El vehículo era conducido por el médico Agustín Añó, de 46 años, y había quedado atrapado en un terreno compuesto por arcilla y limo luego de ingresar a un área prohibida de la Pampa del Leoncito.
La camioneta, registrada en Mendoza, quedó con parte de sus ruedas enterradas en la superficie de la planicie. El intento de retirarla no podía realizarse de cualquier manera debido a la fragilidad del terreno y al impacto que ya habían provocado las maniobras anteriores.
Aunque inicialmente desde el municipio habían estimado que sería necesario esperar hasta el verano para sacar la camioneta, las autoridades judiciales y ambientales evaluaron que las condiciones del terreno permitían realizar el procedimiento antes.
El juez de Paz de Calingasta autorizó entonces la extracción con la supervisión de especialistas y organismos oficiales, con el objetivo de evitar que el operativo profundizara las alteraciones sobre la superficie.
El antecedente que más preocupaba era una maniobra realizada previamente por los ocupantes de la Hilux. Cuando quedaron atascados, bajaron una moto de la caja del vehículo y utilizaron una escalera metálica como rampa para intentar mover la camioneta.
El procedimiento no permitió liberar el vehículo y, en cambio, dejó nuevas huellas sobre la planicie.
El impacto generado por la camioneta no se limita al episodio ocurrido el día en que quedó enterrada. De acuerdo con la sentencia judicial, 280 metros cuadrados del terreno resultaron afectados, con huellas que provocaron la ruptura de la costra superficial y el desplazamiento de sedimentos.
La particularidad de este ambiente hace que las marcas producidas sobre la superficie puedan permanecer durante muchísimo tiempo.
Según estimaciones de expertos de la Universidad Nacional de San Juan citadas en relación con el caso, las huellas de la tracción de la camioneta podrían tardar cerca de un siglo en revertirse.
La propia Justicia, en tanto, estimó que la recuperación natural del terreno podría demandar entre 50 y 80 años.
Por eso, el retiro de la Hilux no significa que el daño ambiental quede solucionado. La extracción permitió sacar el vehículo del área protegida, pero las marcas producidas sobre la superficie permanecerán durante décadas y requerirán un proceso natural de recuperación.
Además de ordenar el retiro de la camioneta, la Justicia sanjuanina impuso una multa al conductor Agustín Añó y a su acompañante, Pablo Andrés Abraham, por el ingreso al área protegida y por las maniobras realizadas después de que el vehículo quedara enterrado.
La sanción equivale a 16 sueldos de la administración pública provincial, correspondientes al escalafón administrativo mínimo.
Para cada uno de los dos condenados, la multa representa $4,3 millones, por lo que el monto total asciende a $8,6 millones.
