El alcance global de la pandemia COVID 19 y sus efectos en la vida cotidiana de millones de personas y familias ha dado lugar a debates, diagnósticos y estrategias múltiples con el fin de diseñar y gestionar instrumentos de política pública con capacidad de recomponer la situación de vulnerabilidad social preexistente y posterior a su irrupción.
Ante la crisis sanitaria el gobierno nacionales y los provinciales impusieron medidas de excepción que profundizaron la crisis económica e impactaron de lleno en el aumento de la pobreza en sectores de bajos ingresos o con inserciones laborales precarias quienes experimentan mayores carencias educacionales, habitacionales y de salud. Un informe reciente de la CEPAL destaca que América Latina concluye el año 2022 con más de 200 millones de pobres lo que representa el 32,1% de la población total del territorio; a su vez, el impacto social del cierre de escuelas durante la pandemia (que casi duplicó al resto del mundo) exacerbó la brecha por problemas de conectividad, equipamiento y habilidades digitales.
Ni Argentina ni tampoco Mendoza escapa a esa realidad: según los datos del INDEC, en el primer semestre de este año la pobreza llegó al 36,5% de la población y afecto a 17,3 millones de personas y la indigencia se ubicó en el 8,8% (4,2 millones). Los datos para el Gran Mendoza son preocupantes en tanto equiparan el índice de las grandes concentraciones urbanas de la provincia y ciudad de Buenos Aires (37%).
A continuación el documento completo de Los Andes y el Incihusa, firmado por Gastón Bustelo y Patricia Olguin.
