El desfile de Francisco Pérez por los pasillos judiciales no se acaba. El denunciante José Rubio -que ayer sufrió un traspié judicial con el cuádruple sobreseimiento dispuesto por el juez David Mangiafico- continuará litigando contra el ex gobernador Francisco Pérez y sus colaboradores del área de hidrocarburos, Walter Vázquez, Marcos Zandomeni y Pedro Sánchez.
Ayer confirmó que en los últimos días solicitó -y obtuvo del fiscal Díaz Bancalari- una compulsa que le permitió comenzar una nueva causa en la Fiscalía de Delitos Económicos de Susana Muscianisi.
En este caso la acusación apunta a la figura de “fraude a la administración pública”. “No hubo ningún nuevo pozo en un área de dos yacimientos a lo largo de cuatro años entre 2011 y 2014. Tampoco hubo control estatal que le pusiera coto a esos incumplimientos de inversión. Lejos de ello existió una prórroga de concesión seguida de una venta de la petrolera incumplidora (Chañares Herrados) a otra empresa (Medanito) sin que hubiera intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que genera un movimiento de 42 millones de dólares registrado en Uruguay”, remarca Rubio. Y con referencia a Mangiafico, dejó caer que “hasta el propio juez que sobresee hace saber que en su íntima convicción considera que acá hubo connivencia”.
Rubio es un abogado que lleva pleitos que involucran a empresas petroleras. En una anterior entrevista se definió ante Los Andes como “un ganso de centroizquierda”.
También apunta a la causa que inició en noviembre de 2016 en la Justicia Federal (juez Walter Bento, secretaría Del Campo) por la incorporación de Chañares Herrados al programa Petróleo Plus (que permitía mayores ingresos a las petroleras que aumentaban las reservas o la producción). “Por este programa ingresaron a Chañares 32 millones de dólares que en sus balances figuran como ‘dividendos’, aunque no hubo aumento sino disminución de reservas y de producción”, dispara Rubio.
Convencido de que tiene “argumentos sólidos” para un fallo revocatorio en la segunda instancia y que las causas avanzarán tanto en la justicia federal como en la provincial de delitos económicos, Rubio pidió compulsa por falso testimonio contra un inspector del área de Hidrocarburos. Considera que hasta el momento “la Provincia ha perdido por regalías e Ingresos Brutos, al menos 520 millones de pesos”.
Tampoco descarta el inicio de nuevas demandas hacia adelante sin fijarse demasiado si se mete con la anterior administración de Francisco Pérez o con la actual de Alfredo Cornejo. Si bien considera que el decreto de caducidad a Chañares Herrados que firmó el actual Gobernador "me da la razón porque certifica incumplimientos", hay algunos puntos que le llaman la atención. Es que se convirtió un área de dos yacimientos en dos áreas. En una se dispuso la caducidad y el llamado a licitación para un nuevo concesionario. Mientras que en la otra se permitió la continuidad y se admitió un plan reparador de unos incumplimientos que abarcaron las dos nuevas áreas.