La justicia provincial sobreseyó a puesteros que vendieron lotes en El Challao y que estaban acusados de estafa por esa comercialización.
El caso se hizo visible cuando la Municipalidad de Las Heras denunció la existencia de construcciones clandestinas, en una fracción de 7,5 hectáreas, ubicadas en calle Regalado Olguín, al este de Champagnat, distrito de El Challao.
Allí -según argumentan- residen, desde julio de 1971, Rumualdo Isaac Oviedo (77) y cinco hijos. Su esposa María Elena Pastén falleció en 2007. Esta familia está dedicada a la cría de animales, al laboreo y uso comunitario de la tierra.
Oviedo y los suyos, según sus abogados Martín Ríos y Germán Zydiak, son titulares históricos, con una ocupación ininterrumpida y pacífica durante cuatro décadas, con una tramitación en proceso de un título supletorio para asegurar su presencia en el lugar.
Hace un tiempo resolvieron vender parcelas que compraron entre 20 y 25 personas, con la intención de construir viviendas unifamiliares.
No obstante los derechos que reivindican los Oviedo, debe señalarse que hay diferentes propietarios del campo, como Vialidad provincial, la sucesión Palmero, Amitrano, las hermanas March y otros, que son titulares registrales.
Los particulares que adquirieron lotes, comenzaron a construir. Posteriormente, inspectores de la Municipalidad de Las Heras interrumpieron en el lugar, apoyados por fuerzas policiales, “para desalojarlos”, según la versión de Rumualdo; “para suspender construcciones ilegales que estaban desarrollándose en el lugar sin los permisos correspondientes”, según el asesor letrado de la Municipalidad norteña, Mariano Domínguez.
Por esta situación -hacer obras sin la titularidad de la tierra-, la comuna puso la situación en conocimiento de la Fiscalía de Estado y la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, se hizo la denuncia ante la justicia por la presunta comercialización fraudulenta de parcelas, en 22 casos, con intervención de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo de Santiago Garay. La imputación fue “Fiscal/contra Rumualdo Oviedo y otros por estelionato” (estafa, artículo 172 del Código Penal).
"Nosotros no tenemos nada que ver en la parte penal, y sí interveninos para paralizar las obras clandestinas", explicó Domínguez-
El abogado de los acusados, Zydiak, contó que se abrieron 9 causas penales en el Primer Juzgado de Garantías y en todas Oviedo y los suyos salieron sobreseídos por el juez de ese tribunal.
En las argumentaciones del magistrado se expresa que “la gente (que compró) no fue engañada y sabía que adquiría derechos posesorios”. Sostuvo más adelante que “en esta causa nadie ha negado que la señora Elena Pastén como Rumualdo Oviedo fueran poseedores de los terrenos, objeto de la presente investigación, desde el 1 de julio de 1971, y por ello podían ceder sus derechos sucesorios”.
El juzgado dictó el sobreseimiento de los imputados en mayo de este año.
En los 9 expedientes, seis correspondían a los Oviedo, mientras en las tres restantes estaban ellos como acusados y también el abogado Giancarlo Spinetta, que fue el primer representante de los puesteros y que se desempeñó como letrado en la Fiscalía de Estado (NdR: Esta persona no se encuentra en la provincia y no fue posible conocer su opinión sobre el caso).
Los actuales abogados siguen adelante con la tramitación del título supletorio de los particulares, en el 22° Juzgado Civil, Comercial y Minas.
El fiscal especial de Delitos Complejos, Santiago Garay, que había formulado la acusación penal, dijo: “El juez tiene una opinión, yo tengo una diferente”. E informó que no apelará la sentencia.
Los compradores
Oscar Delclaux, titular de la firma Cadena de Emprendimientos Regionales (CER), habló en nombre de 25 compradores de lotes, operación que se hizo en 2012. "Adquirimos fraccionamientos intermedios de buena fe. Para estar seguros corroboramos la posesión de Oviedo y los años que llevaba morando en el lugar", explicó
Al comenzar a construir, los emprendedores concurrieron al municipio, donde les informaron que debían exhibir la titularidad de los terrenos. “Como no nos pusimos de acuerdo, pese a que sacamos estacas y otros elementos, la comuna inició acciones y una fuerte presión psicológica y violencia institucional contra los tenedores de la propiedad”, amplió.
Sin embargo, la comuna negó esta actitud y señaló que su intervención se debió a su condición de policía de la construcción. De todos modos, se instruyó al director de Obras Privadas que denunciara la posible comisión de estafa en la venta de la tierra. Esta posibilidad fue descartada por la sentencia de tribunal de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial.
