José Luis Toso - jtoso@losandes.com.ar
El festejo de Navidad estuvo bastante alterado para Alfredo Cornejo y gran parte del oficialismo luego de conocerse el fallo de la Suprema Corte provincial para limitar detenciones y exigir a jueces y fiscales celeridad a la hora de determinar la situación de las personas acusadas de delitos.
Además, el aval del Máximo Tribunal al hábeas corpus interpuesto por organizaciones vinculadas a los derechos humanos despertó sospechas y alentó suspicacias en el Gobierno de un trasfondo político, puesto que, como el propio Cornejo dijo ayer en conferencia de prensa, los abogados patrocinantes de la medida que avaló la Suprema Corte “fueron funcionarios durante los gobiernos de Jaque y de Pérez”, mientras que al ministro que redactó la resolución, luego avalada por otros tres ministros de la Suprema Corte, Omar Palermo, muchos lo identifican con la anterior gestión. Es una fuerte sospecha de estrategia pensada desde el llamado sector garantista de la Justicia nacional y local.
También argumentan, a modo de descargo en el radicalismo, que durante los gobiernos justicialistas recientes no hubo inversión importante en materia carcelaria ni existió presentación alguna de organizaciones de derechos humanos como la que ahora se movilizó y motivo el controvertido fallo. Otro aporte a la sospecha de movida política que tienen en el oficialismo provincial.
Lo concreto es que la decisión judicial significó el primer gran encontronazo de la actual gestión provincial con la Justicia. No pasó mucho tiempo para ello, sólo unos pocos días, si se tiene en cuenta que en uno de los discursos de asunción Cornejo reclamó “mayor celeridad” a los jueces como parte de su ambicioso plan de combate a la delincuencia en Mendoza.
No obstante, en el diálogo con la prensa llevado a cabo ayer, el Gobernador se mostró más tranquilo que en las jornadas anteriores, si se tiene en cuenta que el mismo día de Navidad llegó a plantear su preocupación a la Nación, de la que obtuvo respaldo a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la que coincidió en la inviabilidad de la medida judicial, según la óptica del oficialismo local y nacional.
Se crea ahora una gran expectativa con respecto al encuentro que el titular del Ejecutivo espera mantener con los miembros de la Suprema Corte vinculados al polémico fallo.
La mayor inquietud en el oficialismo pasa por encontrar mecanismos de acercamiento con la Justicia para evitar que una posible liberación de detenidos sin situación procesal definida termine aumentando el mal humor social por la ola de inseguridad, a la que Cornejo espera atacar con firmeza. Es uno de sus grandes desafíos como gobernador y es una cuenta pendiente que tiene de su paso por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Julio Cobos.
El fallo dejó a la luz dos puntos de vista claros sobre la situación de los detenidos. En el radicalismo hubo quienes se animaron a afirmar que se había institucionalizado el criterio de “la puerta giratoria” en materia de seguridad y justicia, en clara alusión a la arraigada percepción social de que los delincuentes entran y salen de sus lugares de detención sin mayores problemas.
En cambio, aunque tibiamente, en el justicialismo hay quienes opinan que la medida tiene razonabilidad en aquellos casos de gente que permanece años detenida y que en algún momento queda libre por no haber sido hallada culpable del delito que se le atribuyó. “¿Quién se hace cargo de los años injustamente vividos entre rejas?”, se preguntó un allegado al anterior gobierno provincial consultado.
Posiblemente, mañana, en el cara a cara entre poderes del Estado, se llegue a un acercamiento luego de que, por un lado, los jueces se quejen por el hacinamiento carcelario y desde el Gobierno argumenten que la fuerza de seguridad provincial no podría operar según los requerimientos que establece el fallo.
Lo demás, sin grandes dificultades. Más allá de la inquietud generada por el inesperado fallo, en el Gobierno están satisfechos por los pasos dados en el corto tiempo transcurrido desde la asunción en el poder. Si bien dicen que quedan aún muchos cargos por cubrir en los distintos ministerios, lo que lleva a que se acumulen expedientes por falta de algunas firmas autorizadas, la idea de ordenamiento del Estado que prioriza Cornejo encuentra apuntalamiento en la medida en que avancen las propuestas que necesitan aval legislativo.
Aunque en un marco de negociaciones siempre necesario, el radicalismo logró imponer la ley de emergencia financiera, una herramienta fundamental para que la actual administración pueda planificar los pasos a seguir a raíz de la delicada situación fiscal heredada.
En cuanto a la emergencia en el área de la salud, el oficialismo no halló la misma predisposición en el PJ y debió sortear el trámite valiéndose de su mayoría en el Senado. Otro tanto deberá intentar en Diputados si no varía la postura del principal sector de la oposición.
Se sabe que, sorteada esta instancia legislativa inicial, el nuevo gran desafío de la actual administración será la discusión paritaria con los gremios estatales. Hay inflación y es muy probable que los índices sean importantes en los meses de verano, por lo que las tratativas serán a priori exigentes de parte de los representantes del personal estatal.
En cuanto a la actitud del justicialismo con relación a los proyectos en discusión, sorprende bastante por tratarse de un partido que se retiró del poder en medio de una grave crisis interna y con la acelerada desintegración del gobierno que encabezó Francisco Pérez.
En estos momentos, prácticamente el PJ mendocino carece de conducción y el consenso en sus filas sobre los pasos que debe dar con relación al gobierno de Cornejo es bastante difícil de lograr. Fundamentalmente, queda a criterio de quienes ocasionalmente conducen los bloques o se identifican con algún sector interno que haya salvado la ropa luego de un año electoral totalmente adverso. A simple vista, no alcanza como para fijar una postura ante medidas que debe adoptar el nuevo gobierno.
La llegada a la Legislatura del llamado paquete presupuestario, que arranca con los proyectos de Avalúo Fiscal y Ley Impositiva y concluye con el Presupuesto 2016, puede requerir la atención de los legisladores hasta los primeros días de enero.
Esperan en el oficialismo que no existan mayores inconvenientes para la aprobación, si se tiene en cuenta que hubo predisposición opositora ante la emergencia fiscal que planteó Cornejo. La exigencia constitucional de una mayoría especial en el contenido de los proyectos que ahora entran en consideración de las Cámaras no debería constituir un obstáculo.
Hay un especie de derecho adquirido por parte del nuevo gobierno que la actual oposición debería respetar: es la necesidad de tomar medidas en el inicio de la gestión. Por otra parte, luego de un año de sucesivas caídas electorales, el justicialismo mendocino debería adoptar una postura prudente con respecto a las nuevas autoridades. Obviamente, con el transcurso de los meses llegará el tiempo de mirar con más recelo lo que genere el gobierno de Cornejo.
