El presidente de la Nación acaba de confirmar que la cuarentena obligatoria se prolongará en todo el país durante dos semanas más. Sólo habrá excepciones debidamente fundadas y consensuadas con provincias y municipios. En el abordaje de la emergencia sanitaria, Alberto Fernández sigue inspirando confianza; en cada aparición por los medios, se lo ve amable, explícito y seguro del rumbo elegido.
Sin embargo, las firmes decisiones presidenciales, que acentúan priorizar la vida de los argentinos sobre la crisis económica, se ve eclipsada cuando aparecen hechos de ineficiencia o, lo que es peor, de sospechas de corrupción.
El primero de los ejemplos, se dio durante la bochornosa jornada en la que miles de argentinos poblaron las calles para ir a cobrar a los bancos sus haberes jubilatorios y beneficios sociales y subsidios en un total desorden. La improvisación y la ineficiencia demostraron que continúan siendo un obstáculo para la concreción de planes vitales como el actual combate a la pandemia. La rápida reacción desde el Ejecutivo nacional permitió que en los días posteriores dicha situación se normalizara en gran medida; demostración de que es posible dejar de lado prácticas obsoletas de administración de los recursos. Con respecto a la peste que nos acecha, hubo muchas dudas sobre los efectos de aquella aglomeración ante los bancos de tantísimos hombres y mujeres de edad avanzada, los más expuestos.
Pocos días después se supo que el área de Desarrollo Social pagó sobreprecios en la compra de alimentos destinados a la ayuda comunitaria. Un escándalo en plena cuarentena y, nada menos, en el espacio que conduce la asistencia a los sectores más necesitados.
Las autoridades admitieron la anomalía, surgida de una gran compra de alimentos para distribuir entre comedores y merenderos por la que se pagaron precios por encima de los máximos fijados. En el Gobierno se admitió que se hizo frente a esa gran adquisición de productos para la canasta básica pagando hasta 40% más de lo que las mismas autoridades han establecido.
El hecho puso en jaque al ministro Daniel Arroyo, funcionario que, no obstante, fue respaldado en cuanto a sus antecedentes de honestidad. Pero sí se generó la decisión de dejar cesantes a 15 funcionarios de la línea de sucesión del ministro como responsables de la desafortunada operación.
Las investigaciones determinarán si se trató de ineficiencia administrativa o si hubo intenciones de corrupción.
En los últimos años los argentinos hemos podido comprobar, gracias al trabajo de la Justicia, que la corrupción en el Estado existe y en alto grado. Se trata de un mal consolidado durante décadas. Por lo tanto, no se puede dejar pasar esta situación admitida por el Gobierno luego de otra minuciosa investigación periodística. La credibilidad de los argentinos en sus dirigentes está otra vez en juego. No se puede permitir que detrás de una batalla tan dura contra el coronavirus se escondan los inescrupulosos que abusan de la buena voluntad de la gente.
