Sobreprecios: diputados radicales niegan haber recibido información

Sobreprecios: diputados radicales niegan haber recibido información
Sobreprecios: diputados radicales niegan haber recibido información

Después de que se conocieran las dos presentaciones recusando al fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, en la causa en que se investiga el pago de sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación, los diputados Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas (UCR) aseguraron no haber recibido ningún tipo de información de parte de Garay.

Es que la recusación fue presentada porque el magistrado habría violado el secreto de sumario cuando los recibió el jueves 23 de mayo. Los tres diputados fueron los denunciantes de los hechos por los que fue imputado el ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y que tiene como beneficiario al fotógrafo-empresario Gustavo Mátar.

La imputación de Cazabán ha sido un terremoto. Propios y extraños no esperaban esa medida judicial que, si bien no implica culpabilidad, indica que hay suficientes elementos como para poner la lupa sobre el hombre fuerte de la gestión de Celso Jaque.

Otro de los que era esperado por Garay, el ex director de Comunicación de Jaque, Pablo Catania, emitió también un comunicado en el que dice que está "a disposición de la Justicia mendocina desde este mismo momento", no descartando "aportar lo que se necesite de información desde 2009 a mayo de 2011", fecha en la que Catania salió del centro de la escena en la comunicación oficial, dejando su lugar a Ricardo Fúnez, también citado por Garay.

Catania (vinculado políticamente al diputado nacional Guillermo Carmona) además dijo que presentó la renuncia a su cargo como asesor en el Congreso de la Nación, para poder estar en la provincia.

Volviendo a las recusaciones que pesan sobre Garay, en realidad son dos: una presentada por Cazabán y la otra por Fúnez. Ambas son porque los investigados entienden que Garay violó el secreto de sumario cuando recibió a los diputados.

"Como denunciantes, el jueves 23 de mayo, después de un año y medio, fuimos en persona a ver a Garay para comentarle nuestra intención de constituirnos como querellantes y el fiscal nos dijo que se estaba ocupando en persona del caso, pero que no podía darnos información, porque la causa estaba bajo secreto de sumario", afirmaron los legisladores.

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