Luego de innumerables crisis de sobreproducción de uvas con el consiguiente sobrestock de vinos y las cíclicas medidas para corregirlos, como bloqueos, prorrateos, compra de vinos por el Estado, compra de vinos con bonos, destilaciones compulsivas, etc., todas las entidades vitivinícolas de Mendoza y San Juan, junto con los gobiernos provinciales, trabajaron para lograr un mecanismo que nos permitiera salir de este círculo vicioso que nos llevaba al empobrecimiento y decadencia de la actividad.
Fue así que este tratado estableció una contribución obligatoria por cada quintal de uva que ingrese a las bodegas, que sería aplicado a la publicidad para elevar el consumo interno, promover las exportaciones, promover las investigaciones, alentar el cambio varietal, etc. Esta contribución tiene un mecanismo de desgravación para aquellos establecimientos que diversifiquen a producir mostos, exportaciones u otros usos no vínicos.
El tratado se elevó a ambas legislaturas provinciales y en Mendoza se materializó con la sanción de la ley 6.216 del año 1994.
Con este acuerdo se logró poner en caja a las recurrentes crisis de sobreproducción y dio a la actividad un horizonte de estabilidad y crecimiento nunca antes logrado por un espacio de casi 20 años, los excedentes producen la baja de precios de todos los vinos y variedades, no distingue productos, llevando a la pérdida de rentabilidad y la decadencia social y económica de la región.
Además se llevaron a cabo acciones de promoción del consumo responsable de vino, realizando el primer estudio de mercado del vino y las bebidas sustitutas en el año 1998 a nivel nacional y así se definió la primera publicidad genérica del vino. Continuando con una gran difusión de la cultura vitivinícola argentina editándose el primer manual vitivinícola para presentarlo a los alumnos de nuestras escuelas. En la actualidad es la unidad ejecutora de la Coviar para la publicidad genérica del vino para el consumo interno.
Se ha llevado adelante un plan de desarrollo para pequeños bodegueros, se llevaron a cabo varias campañas para producir el cambio de imagen del vino en el consumidor argentino, se han promovido las exportaciones a través del mecanismos de desgravación, etc.
Hasta que en el año 2014, se cayó en una situación coyuntural gravemente adversa como consecuencia del contexto macroeconómico que devino en una gran crisis en todas las economías regionales del país, producto de una visión regresiva de la conducción económica nacional, por un erróneo pronóstico de cosecha por parte del órgano fiscalizador de la vitivinicultura (INV).
A ello se sumó la imposición de una pauta diversificadora a mosto falsa y tendenciosa, producto de presiones que solo buscan el interés propio dejando de lado el interés general, llevándonos nuevamente a producir vinos por encima de las necesidades del mercado y la consiguiente baja de precios de todos los caldos, y de todas las uvas con la severa crisis que estamos atravesando y que la naturaleza en forma despiadada se ha encargado de corregir, con la seria consecuencia para pequeños y medianos productores que les será muy difícil retomar el ciclo económico.
Hemos aprendido que en nuestra industria la única forma de producir derrame a los sectores productivos de uvas varietales o comunes es a través del sostén del precio del vino de traslado, lo contrario produce sólo la rentabilidad en los sectores de la comercialización, distribución y empaque.
La norma permite que por acuerdo entre privados, un establecimiento que no puede o no tiene uvas para elaborar mostos, pueda hacerlo en otros establecimientos y de esa manea compensar.
Se debe aclarar que si alguien fue a un bar de la peatonal a comprar un cupo de elaboración de vino es porque por una decisión empresaria propia, elaboró vino con uvas de baja calidad enológica (es decir, uvas criollas), no hizo mosto, por lo tanto para eludir el pago de la contribución obligatoria establecida por la ley necesitaba que alguien que sí había hecho mosto, se lo cediera.
El acuerdo Mendoza-San Juan es una herramienta que ha demostrado ser muy eficaz cuando es usada correctamente, que sirve para producir sólo el vino necesario para abastecer los mercados y que Argentina pasara a ser protagonista en las exportaciones de vinos de calidad y de mostos concentrados, produciendo en Mendoza un sano recambio varietal de sus uvas, que hay que seguir alentando vivamente.
La actividad vitivinícola ha alcanzado su autorregulación y con ello una gran madurez con la participación de todos los sectores públicos y privados que tuvieron la capacidad y la honestidad de vislumbrar los beneficios del acuerdo Mendoza- San Juan, así como con la creación del Plan Estratégico Argentina 2020, a través de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
No se puede volver atrás, como producir cualquier producto que nadie demanda tanto en calidad como en cantidad y luego pedir recurrentemente que el gobierno a través de los fondos públicos lo compre, o que se vuelvan a los bloqueos, prorrateos, desnaturalizaciones obligatorias o aplazar por decreto las fechas de liberación, esto no es política vitivinícola.
Mucho se ha intentando a lo largo de todos estos años de funcionamiento correcto, adecuación y puesta al día de la filosofía del Acuerdo Interprovincial, poner en tela de juicio su eficacia y eficiencia, hasta llegar inclusive a conspirar contra el mismo, en la medida en que intereses sectoriales cuando no individuales, se han sentido perjudicados por la construcción de una vitivinicultura previsible y de conjunto.
Por ello, es necesario retornar a la buena conducta del diálogo entre los sectores, incluidos los Estados intervinientes, para retomar un camino de crecimiento y desarrollo que le dé estabilidad y progreso a gran parte del Oeste argentino.
