Todos los caminos relacionados con la crisis fiscal conducen al mismo destino: el tamaño del Estado y del gasto público, en los tres niveles, Nación, provincias y municipios. No obstante, el gobierno nacional y los provinciales han tratado de esquivar el problema.
El macrismo, hoy surge a la vista, no dimensionó correctamente la magnitud e importancia de la situación. Creyó que con su llegada al gobierno habría un cambio de expectativas y soñó con una "lluvia de inversiones extranjeras", que harían crecer rápidamente la economía y que, entonces, a lo largo del tiempo el peso del Estado sobre la sociedad se iría reduciendo.
En consonancia con esta idea poco o nada hizo para reducir el tamaño del Estado y el peso de la carga tributaria, con excepción de la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Financió el déficit con endeudamiento interno y externo, en una coyuntura internacional en que las bajas tasas de interés facilitaban el acceso al mercado internacional, había dólares abundantes y baratos. Prestarle al nuevo gobierno argentino era muy buen negocio, pero la "lluvia" de dólares llegó para hacer ganancia financiera, no para hacer inversiones de riesgo, en un país que justamente por el peso impositivo y del gasto improductivo iba tornando a la economía real cada vez menos competitiva.
Un cambio en las condiciones internacionales, suba de las tasas de interés en EEUU, sumado a los errores de las políticas internas, hizo que se cortara el flujo de financiamiento externo. El gobierno debió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), en procura de un acuerdo que provea fondos que ya no se consiguen en el mercado. La negociación ha finalizado con éxito esta semana, pero el gobierno deberá seguir con recortes en el gasto y dejar que el tipo de cambio flote libremente para que estimule las exportaciones.
Pero a la vez enredados en datos que poco o nada dicen a quienes no son especialistas, como la relación porcentual del déficit con el PBI, el gobierno no atina a "poner blanco sobre negro". De manera que lo entiendan las personas con sentido común, cuáles son los números, cuál es la magnitud del desbalance entre ingreso y gastos, qué implica todo eso. En tanto la oposición política, y no poca prensa, agita el "fantasma del ajuste" y las "exigencias del FMI", como la maldad inspiradora del gobierno.
La irracionalidad y el oportunismo en materia económica ganan cada día más espacio en la opinión pública. En este contexto será difícil hacer lo que inevitablemente hay que hacer, más allá que lo pida o no el FMI: poner las cuentas en orden.
Para ello es indispensable recurrir a algunos números a fin de tener en claro de qué se trata.
El gasto público consolidado (Nación/Provincias) medido en dólares era en 2006 de 62 mil millones, llegó en el 2015 (gracias a la “década ganada”) a la astronómica suma de 263 mil millones; el año pasado fue de 253 mil millones (léase esa suma seguida de doce ceros). En la década finalizada en 2015 la población del país creció 10%, el empleo del sector público nacional 36%, el consolidado de provincias el 45%. El déficit también consolidado el año pasado fue de 718.000 millones de pesos. Para que se entienda mejor, implica unos 17.000 pesos por habitante, financiado con deuda, en otras palabras cada habitante se endeudó por ese monto.
La magnitud de la tarea es enorme, el gobierno tiene que rehacer el Estado, para liberar a la sociedad y a la iniciativa privada.
Valga aquí una expresión del notable hacendista español Enrique Fuentes Quintana, redactor los Pactos de la Moncloa. "La misión del político es hacer políticamente factible lo que económicamente es inevitable".
De eso se trata.
