Desde tiempos inmemoriales, todos los políticos detenidos por delitos comunes aprovechando los privilegios que les da el poder, dicen, en su defensa, ser presos políticos, vale decir, perseguidos por sus ideas y no por sus actos dolosos. Ya es una vieja tradición a la que casi nadie escapa, porque no les conviene escapar. Por nuestro continente, desde Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido en la Argentina, hasta Keiko Fujimori en Perú, dicen ser perseguidos políticos, aunque sus “perseguidores” sean de un signo u otro o de ninguno. No importa, lo único que vale es cubrir con un manto de ideologismo lo que es mera impunidad por abuso de poder. Lo cual no quiere decir que no existan presos políticos, los hubo, hay y habrá, pero particularmente en las dictaduras, no en las democracias. Dictaduras que muchas veces esos supuestos perseguidos políticos defienden e incluso intentan construir desde y para sí mismos. Valga esta reflexión general para lo que está ocurriendo por estos días con el clan Moyano, con la defensa acérrima que el padre Hugo hace del hijo Pablo, de una extraña manera.
En primer lugar, acusando a la justicia que imputó a Pablo por supuestas malversaciones en el Club Independiente, del cual es dirigente, de ser una herramienta del macrismo que busca ponerla en contra del sindicalismo supuestamente combativo. Y, por el otro lado, reivindicando a la justicia que eximió de prisión preventiva a Pablo de ser valiente y corajuda por no haberse dejado presionar por el gobierno que pretendió influenciarla. Aunque el juez que dictó a favor de los Moyano jamás haya dicho que desde el gobierno lo hubieran presionado.
Es que en la mentalidad de sindicalistas como los Moyano y muchísimos otros, no existe la posibilidad de una justicia independiente. O la justicia está a favor o en contra. Y, por ende, a la que está a favor hay que glorificarla y a la que está en contra hay que atacarla. No existen otras opciones, siempre la justicia está, en esta concepción, al servicio del poder político. Por eso, para combatir a la que está “en contra nuestro”, hay que construir, del modo en que sea, la que está a “favor de nosotros”.
En segundo lugar, los Moyano han decidido declararle la guerra, más que a un gobierno en particular, al sistema político que lo cobija, vale decir a la democracia republicana. Por eso, sin sonrojarse, el señor Pablo Moyano dijo que el macrismo gobernante es peor que la dictadura. Con lo cual está diciendo que hay gobiernos de facto que son mejores que algunos democráticos. Y no lo está diciendo de cualquier gobierno de facto, porque su alusión se dirige particularmente hacia la última gestión militar.
De acuerdo a esta lógica, quien me ataca es mi enemigo y al enemigo ni justicia. Básicamente, ni justicia. Por lo tanto, al tener menor legitimidad que una dictadura, todo lo que se haga para que este gobierno elegido por el pueblo caiga, está bien. Se trata, obviamente, de un claro ataque que excede a Macri y su gestión, es un desafío al sistema constitucional en sí mismo, aunque su motivación no sea tanto el deseo de golpismo sino el temor a ir presos.
Y en tercer lugar, algo institucionalmente sorprendente: la privatización del sindicalismo. En vez de los dirigentes convocar a marchas, protestas y huelgas para defender los derechos de los trabajadores, esos dirigentes convocan a marchas, protestas y huelgas para que los trabajadores los defiendan a ellos. Y no en tanto representantes de los mismos, sino por sus negocios particulares, como en este caso el de ser dirigentes del fútbol aprovechando su poder sindical. Hace un tiempo, cuando el propio Hugo Moyano se sintió también cerca de la prisión por sus negocios particulares, igual que ahora convocó a conflictos similares.
Con esta concepción, los trabajadores pobres deben defender a los sindicalistas ricos, como si en vez de ser sus representantes fueran sus patrones. Que de hecho, por la forma en que viven, lo son.
Menuda confusión.
