El debate por los sueldos más onerosos del Estado está en ebullición. Todos los actores del juego hablan y se rasgan las vestiduras pero a ese debate tan furibundo le falta algo para ponerle racionalidad y certeza: la lista de los beneficiarios y los montos concretos. El martes el Senado daría sanción definitiva a los topes salariales pero esa lista es un misterio que nadie -ni oficialismo, ni oposición, ni gremios estatales- quiere dilucidar.
Parece que hubiera un pacto de silencio. Se amaga tirando algún nombre aislado y un monto que suene ofensivo para la mayoría ciudadana.
Algunos dicen que son 200 los sueldos superiores a los 35 mil pesos que cobra el gobernador Francisco Pérez cada mes; otros comentan que son 500, otros 700 y algunos arriesgan 1.000 agentes públicos cuyos ingresos están por encima de lo que cobra Pérez.
Pero el debate carece de toda dimensión debido a la falta de datos concretos acerca de cuánto se gasta en esos salarios sobredimensionados que pagan todos los ciudadanos sin saber cuánto es el beneficio y quiénes son los beneficiarios.
Éste es un ejemplo de información pública que se niega sistemática y a veces elegantemente.
Idas y vueltas
Cada tanto, las diferentes administraciones hablan de una ley de sueldos, de poner en orden la caótica pirámide salarial del Estado. Esta vez, el 16 de junio Los Andes informaba acerca del proyecto del senador y presidente del bloque oficialista, Fernando Simón, para poner a todos los salarios del Estado por debajo del que cobra el gobernador Pérez. Desde ese momento la avanzada del oficialismo, aliado con el radicalismo y el PD, no se ha detenido.
Esa avanzada cuenta con la resistencia de los gremios estatales, principalmente Ampros, el sindicato de los médicos de los nosocomios públicos, donde revistan los principales beneficiarios de los salarios de más 35 mil pesos.
El miércoles pasado, Diputados hizo su movimiento para recortar los salarios de los que cobran más que el Gobernador, movimiento que tal vez tenga correlato en Senadores este martes. En la aprobación de los convenios paritarios firmados entre el Gobierno y los gremios estatales, incluyeron una cláusula para que, a la hora de liquidar sueldos, se tuviera en cuenta el artículo 74 de la ley 5811, en el que se indica que ningún funcionario público puede cobrar más que el gobernador.
Esta sanción, que no tiene efectos concretos en quienes ya tienen derechos adquiridos, fue seguida por el abucheo de los estatales de ATE y Ampros.
En esa caldeada sesión, la titular de Ampros, Isabel del Pópolo, decía que un ex funcionario radical de Salud cobraba 79 mil pesos y aseguraba que había 200 funcionarios en cargos políticos que percibían más que el gobernador.
Este diario le pidió ese listado y Del Pópolo respondió que no podía por la ley de hábeas data.
Un argumento débil, teniendo en cuenta que la información del Estado es pública y de interés de los ciudadanos que pagan esos sueldos con sus impuestos. Pero la negativa de Del Pópolo no fue la única, aunque los “no” sean más evasivos o disimulados.
Hace dos semanas el Senado aprobó un pedido de informes solicitando este listado. En esa oportunidad, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Fernando Simón, prometió que en cuanto le llegara esa información le daría una copia a este diario pero ese listado todavía no aparece.
Además, Los Andes pidió esa información en la Casa de Gobierno, siguiendo los canales formales y los informales pero ni desde Gobernación, ni desde el Ministerio de Salud (de donde depende la mayoría de los beneficiados con los sueldos astronómicos) hubo novedades.
Cada vez, todos prometieron entregar la información y todos incumplieron
Este medio también recurrió a la oposición. El senador Juan Carlos Jaliff juró que el radicalismo tenía el famoso listado y quien debía facilitarlo era el diputado también radical Tadeo García Zalazar, pero la oficina de este legislador parece ser un desorden indescifrable, porque un equipo de pintores le está dando una lavada de cara a su redil. El listado se extravió y nunca llegó a Los Andes.
Incluso, tampoco periodistas de otros medios han podido dar con ese listado y los montos que cobran los que perciben sueldos más altos que el mandatario provincial. Alguno relata que un encumbrado funcionario de la línea sucesoria le dijo que había visto esa planilla y que contenía unos 700 nombres, pero nunca la facilitó. La pregunta es qué contiene esa lista que nadie puede mostrarla.
Tal vez hay margen para sospechar que los nombres y montos delatan beneficios en las filas de todos los sectores en pugna.
Leyes de información y ética pública siguen relegadas
La cuestión salarial en el Estado siempre es conflictiva. Cuando los montos son excesivos siempre hay polémica pública; tal vez éste sea el gran argumento para negarse a dar a conocer ese listado de supuestos beneficiarios de sueldos superiores al del gobernador.
Sin embargo, la cuestión choca de frente con la publicidad de los actos de gobierno y con el destino de los fondos públicos. Se trata de información de la cosa pública y que es necesaria para dar, al debate de la pirámide salarial, un marco de seriedad.
El 15 de junio pasado, Los Andes recordaba que había una serie de leyes de transparencia que en Mendoza brillaban por su ausencia: dos de ellas eran la de ética pública y la de acceso a la información pública. Ambas tienen que ver con este silencio en torno a los salarios estatales más abultados.
Es que, de haber ley de ética pública, los funcionarios políticos estarían obligados a presentar todos los años una declaración jurada de bienes e ingresos y dejarla a disposición de la ciudadanía. Y, de existir una ley de acceso a la información pública, esas declaraciones juradas y los sueldos que están en debate por los topes salariales deberían ser dados a conocer por la Administración Pública sin poner reparos de ninguna índole.
