Equiparados: serán menos los magistrados a los que les bajarán el sueldo

El Senado vivió ayer una polémica sesión, que marcó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Una de ellas fue el proyecto que pone en tela de juicio y pretende terminar con los altísimos salarios de funcionarios equiparados a magistrados en el Poder Judicial, que consiguió media sanción. No obstante, la medida alcanzará a menos de la mitad de trabajadores que tienen este beneficio, motivo por el cual no consiguió el apoyo del Partido Justicialista y el resto de la oposición.

Según fuentes oficiales, los funcionarios equiparados a magistrados son alrededor de 80 en Mendoza, pero las excepciones que contempla el texto de la media sanción baja el número a entre 12 y 30 trabajadores -según expresan los partidos políticos- a quienes se les disminuirá el salario, si consigue sanción completa en Diputados.

Este número no es claro según el propio oficialismo, ya que el proyecto de ley establece un plazo de 30 días para que se adecúen “las situaciones irregulares que existiesen”, tal como expresa el artículo 2. "Hay que ver cuando lo informe la Corte y los ministerios Públicos y de la Defensa", destacaron desde el radicalismo.

No obstante, el senador oficialista, Marcelo Rubio, hizo un cálculo en base al sueldo de 15 equiparados a magistrados (la mayoría directores, subdirectores o secretarios), que perciben sueldos mensuales de entre $250.000 y $450.000. Por otro lado, en el peronismo aseguran incluso que el número de recorte es de sólo 12 trabajadores.

El proyecto y la discusión surgió a comienzos de marzo, cuando el gobernador, Rodolfo Suárez, hizo mención a la inequidad de algunos salarios en el Poder Judicial, al notar que Elizabeth María Carbajal, la secretaria privada del ministro de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, percibe un salario de más de $400.000.

Si bien esta iniciativa tuvo en sus albores acompañamiento del Partido Justicialista, hoy votó en contra al denunciar que "no se terminarán con los privilegios" ya que la norma "solamente contempla la baja de salarios de solo algunos, pero no de todos los equiparados a magistrados".

Mientras tanto, en el oficialismo dejaron en claro que más allá del número, se pretende “dejar de lado 14 años con un sistema de designación ilegítimo” de funcionarios administrativos en el Poder Judicial, y regular ese propio sistema.

La propuesta contó con el aval de los bloques Radical, Masfe, Libres del Sur y PRO; mientras que el Frente de Todos,  Frente de Izquierda, Partido Intransigente y Protectora Fuerza Política votaron en contra. La votación resultó 22 votos afirmativos y 16 negativos. La propuesta pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

Cruces y denunciasTras la presentación del oficialismo, la oposición salió al cruce por las excepciones que bajarán el número de equiparados afectados. Por ejemplo, la legisladora peronista, Florencia Canali, denunció que el proyecto "contiene tantas excepciones que el principio general de la ley resulta desvirtuado. Termina siendo una ley hecha a medida, genera situaciones de injusticia. Se protege a algunos agentes judiciales y se perjudica a otros. Esta ley va a generar muchos juicios laborales", aseveró.

Pero apuntó directamente contra el ex gobernador, Alfredo Cornejo; y el ministro de la Corte, Dalmiro Garay: "Tal vez Garay se sienta ofuscado por no ganar la presidencia de la Corte. Es el hombre de Cornejo en el Poder Judicial. Seamos sinceros, abandonemos el cinismo. La política esta dentro de la Suprema Corte. La Corte debe resolver las internas, no esta bien instrumentalizar al Poder Legislativo las internas en el Poder Judicial", apuntó.

Y agregó: "Cornejo quiere definir a través de sus operadores políticos quien mantiene o no sus privilegios o quien los pierde".

En tanto, el senador Lucas Ilardo advirtió la ley, si se aprueba, provocará que se desarrollen juicios laborales. "El proyecto del gobernador venía con 80 equiparados, y ahora tenemos solamente 12. Me gustaría saber quiénes son los 60 que decidió perdonar el Gobernador".

"¿Quién presionó al gobernador? ¿quién le ato las manos? Si no ha tenido el coraje para avanzar, quiero que sepa que cuenta con el PJ para avanzar en lo que sea. Esta es una ley del temor, una ley del apriete", acotó.

El senador Lautaro Jiménez se refirió a las modificaciones del proyecto. "En el artículo 5 hay una serie de prerrogativas que no estaban presentadas previamente. Mientras limita a un sector le abre la puerta a otro sector", detalló.

El senador Juan Carlos Jaliff también participó del debate desarrollado hoy. "No escuchamos una sola palabra de los que se oponen a las designaciones que se han hecho en el Poder Judicial. Pretendemos establecer la legalidad para las designaciones, que no han tenido legitimidad.  Buscamos ordenar irregularidades, el número no me interesa. Solicito el tratamiento y la aprobación del proyecto", aclaró.

Y aseguró que la oposición tuvo un "desproporcionado ataque al ex Gobernador, que 'todo lo maneja él'. Por lo menos es una ofensa a Suárez; porque también se dijo que es proclive a las presiones, que tiene miedo. Hay que ser prudente y respetar la investidura del Gobernador. Queremos terminar con los privilegios, con las designaciones por fuera de la ley", finalizó.

Los alcances de la propuesta

La iniciativa enviada por el Ejecutivo busca terminar con la posibilidad de que un agente estatal,  reciba un sueldo distinto a su situación de revista, es decir, para lo que fue nombrado, o de las tareas que realiza efectivamente,  tanto en el caso de que sea un exceso o una disminución del haber.

En definitiva, se  trata de aplicar “nociones de igualdad, equidad y justicia” tal cual reflejan varias leyes que establecieron cómo debía procederse cuando la funciones fueran  jurisdiccionales y no meramente administrativas o de apoyo.

Esto incluye a "cualquier funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria". En un mes, todos los organismos del Estado deberán regularizar dicha situación, según marca el artículo 2.

La propuesta además solicita que se supriman los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia, con excepción de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020.

Además, la propuesta contempla que "no podrán existir ni cubrirse cargos de secretarios relatores en proporción mayor a 5 funcionarios por Ministro de cada sala jurisdiccional. En caso de que a la entrada en vigencia de la presente, se excediera dicha cantidad máxima, los cargos excedidos no podrán ser nuevamente cubiertos cuando quedaren vacantes".

También especifica que se encuentran exceptuados todos los cargos que hubiesen sido designados en esas categorías salariales por expresa previsión o autorización legal, siempre que los mismos estuviesen cubiertos al día 1 de febrero del 2020 para el cumplimiento efectivo de las funciones previstas por la ley habilitante.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de aplicar la presente ley, debiendo cumplir con esto en un plazo de 30 días desde su publicación.