Con el estilo grotesco e irrespetuoso que suele caracterizarlo, el líder piquetero Luis D'Elía dijo en un programa periodístico que al presidente Mauricio Macri “hay que fusilarlo” en la Plaza de Mayo en repudio a sus políticas. Obviamente, desde el gobierno nacional denunciaron a D'Elía ante la Justicia y ahora se espera que ésta decida, más allá de que el delito por el que se lo acusa es excarcelable. El polémico dirigente social y político, ex funcionario del kirchnerismo, ya tiene una condena a cuatro años de cárcel, que no está firme, por la toma de una comisaría, pero ahora, con el reciente antecedente, podría sumar una situación agravante.
Ante el estrépito que generó semejante concepto, el dirigente social dijo que sólo se había tratado de una “metáfora”, pero que de ninguna manera pensaba que el Presidente tuviese que ser sometido a semejante acción. Algo muy parecido a lo que no hace mucho tiempo sostuvo el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, que en un acto de protesta contra el Gobierno expresó que su intención era bregar por la caída del gobierno de Macri, para luego aclarar que en realidad lo que había pretendido señalar era que protestaría hasta que cesara el plan económico del Presidente.
Este tipo de desmesuras no deben ser toleradas. Quienes ejercen funciones como referentes sociales o políticos tienen la responsabilidad, y la obligación, de reclamar a favor de quienes son sus representados, pero nunca recurriendo a actitudes tan descalificadoras como la que tuvo recientemente Luis D'Elía.
Los indudables problemas que enfrenta la administración nacional de Cambiemos no deben ser aprovechados por este tipo de personajes intolerantes y violentos para sembrar un escenario caótico al amparo de la lógica inquietud que amplios sectores de la sociedad soportan por la crisis económica actual, que es de grandes dimensiones, sin dudas.
Más allá de algunas desprolijidades, reprochables desde todo punto de vista, el actual gobierno nacional se ha basado mayormente en la búsqueda de consensos políticos para avanzar con reformas que considera necesarias para el futuro del país. En ese marco se encuentra, por ejemplo, el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos efectos trascenderán mucho más allá del mandato constitucional del actual presidente de la Nación y que, por lo tanto, necesitarán del abordaje de las autoridades que resulten electas el año próximo, sean del actual oficialismo o no.
Justamente, el mismo respeto que tuvo la oposición de entonces hacia el tiempo constitucional de gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se le debe exigir al pleno de los sectores opositores actuales, incluidos personajes para nada dignos de imitación como el señor D'Elía y quienes lo emulan o aplauden sus actitudes reprobables.
Pareciera que, no conformes con los resultados electorales periódicos, hubiese grupos o sectores de dirigentes que entienden que los tiempos constitucionales no son suficientes para evaluar con el voto ciudadano la calidad de una determinada gestión. En este caso, este tipo de personajes considera que las dificultades que encontró el gobierno de Macri tras el buen triunfo en las elecciones legislativas de medio término son más que suficientes como para alentar acciones que generen una sensación de caos y desmanejo político. Es por ello que oficialismo y oposición deben agotar esfuerzos por encontrar caminos de acuerdos básicos. No hacerlo y adelantar los tiempos de campaña electoral puede ser contraproducente.
