Ha concluido un ciclo en nuestro país en el que se dilapidó la mejor oportunidad, en cien años, para dar un salto de progreso que incluya a toda la población. En doce años ingresaron más dólares que en los sesenta años anteriores. Esas divisas equivalieron al 55% de las aportadas por los Estados Unidos para la reconstrucción de la Europa de postguerra.
La ineficacia y la corrupción han dilapidado esos fondos y el saldo es el tercio de población que no puede salir de la pobreza y las dificultades de los sectores medios para ahorrar, invertir y producir riqueza.
Los problemas de la economía, o del aislamiento internacional en que colocaron al país aldeanos ignorantes, ofrecen, sin embargo, menos dificultades que otros temas que han degradado a la sociedad argentina.
Se trata de la cultura del trabajo, del olvido del sentido del deber, de la decadencia institucional, de la destrucción del Estado.
Nos debemos un gran acto de sinceridad admitiendo que la crisis es sobre todo dirigencial.
Hemos estado a punto de convertirnos en una Venezuela. Sólo la reacción de vastos sectores del pueblo, que supo llenar las plazas de la República y el sufragio, lo han evitado.
Ha sido un claro contraste con la actitud sumisa e indigna de la mayor parte de los legisladores y gobernadores del anterior oficialismo, incapaces de reaccionar en defensa de las instituciones.
No está exento el empresariado que calló a cambio de prebendas y privilegios, en este capitalismo de amigos que fue el festival de los sobreprecios en las obras públicas y la proliferación del juego, el narcotráfico y el lavado de dinero, diferenciándose de la burguesía rural, competitiva e innovadora, que fue capaz de plantarse frente al poder, como algunos periodistas que defendieron la libertad resistiendo presiones para ser comprados o para amedrentarlos.
La corrupción tiene dos partes: la de los sobornados y la de los sobornadores.
El gran cómplice ha sido la Justicia Federal. Es más, el sistema montado en la década del noventa y mantenido y acrecentado en los gobiernos de la familia Kirchner, ha consistido en el acuerdo de políticos corruptos con empresarios corruptos, que promovieron la designación de jueces cómplices y, completando el circuito, los nexos con los servicios de inteligencia que, en vez de dar seguridad al país, se utilizaron para los carpetazos y el fortalecimiento del sistema de impunidad.
El que esto escribe lo conoce por vivencias personales cuando denunció escandalosos sobornos recibidos por ministros de Menem por las concesiones de los peajes viales o las coimas vinculadas a la ley de patentes medicinales.
Dinero no recuperado por el gobierno por jueces que no redactan los exhortos como corresponde.
Fiscales que no investigan, jueces federales cómplices de los gobernantes corruptos, y de los empresarios que pagan coimas. Muchos de esos jueces ha salido últimos en los concursos, pero desplazaron a los mejores, porque garantizaban impunidad al poder.
Nadie preguntó porqué las reformas anunciadas por el ministro Gustavo Béliz, que terminaban con el sistema judicial de complicidad con la corrupción política, concluyó con su abrupto desplazamiento y el encumbramiento de Stiuso y sus sicarios de los servicios.
Los legisladores miraron para otro lado, iniciando la conversión del Congreso en una escribanía. Nunca formaron la comisión para controlar al Ministerio Público cuya titular se ha dedicado a proteger a los saqueadores del tesoro público.
El país requiere un acuerdo político para introducir reformas institucionales. Hay que cambiar las normas para el balotaje de manera que solamente superando el 50% de los votos se pueda acceder al poder en la primera vuelta.
Se debe terminar con las reelecciones y poner restricciones, como las establecidas en la Constitución de Mendoza, para los parientes en primer grado y sus cónyuges.
Hay que reformar el Consejo de la Magistratura para asegurar a los mejores su nominación.
Hay que auditar el funcionamiento de los juzgados y del Ministerio Público.
No se puede postergar la reconstrucción del Estado. Debe profesionalizarse para terminar con el gobierno como botín de guerra de los partidos triunfantes.
La administración pública tiene que integrarse con funcionarios de carrera hasta los niveles más altos. Hoy hay, además de corrupción, ineptitud para gestionar. Es que el Estado no puede ser el refugio de los incapaces para ganarse la vida o la vía para el enriquecimiento de los que en la vida privada no tienen éxito.
La fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez es una muestra clara de la degradación del Estado. La Provincia de Buenos Aires tiene problemas históricos con su policía, agravados por las complicidades de la estructura mafiosa del justicialismo provincial. Los desmanes de los Kirchner y el abultado presupuesto publicitario del que dispuso Daniel Scioli, han disimulado la profunda ineptitud y la enorme corrupción del gobierno del candidato presidencial derrotado y la red de intendentes vinculados con el narcotráfico, la trata de personas, la piratería del asfalto, todo protegido por una policía que recauda para el poder.
Hay que reconstruir el Estado y hay que cerrar la grieta, evitando revanchismos.
Pero no puede haber impunidad para los corruptos, evitando que "el hilo se corte por lo más delgado". Los que perdieron tienen que asumir sus errores, sobre todo el no haber sabido defender las instituciones o callarse frente al saqueo por una mala entendida lealtad. Ésta debe ser con las instituciones de la República. Cuando se asume un cargo o un mandato se jura defender la Constitución, no las tropelías de un jefe. Es la diferencia entre ser partícipe de un partido político o integrante de la mafia.
