El gobierno de Alberto Fernández prometió tener cerrada la renegociación de la deuda argentina antes de abril. Tras el paso del ministro Martín Guzmán por el Congreso Nacional, todo parece indicar que lo hará sin mostrar un plan fiscal y sin un programa de política monetaria. Sin Presupuesto, ni programa contra la inflación, todas las definiciones se reducen a la cesión de facultades en el Ejecutivo que implicó la nueva ley de emergencia.
Al cerrado silencio sobre el plan económico, la Casa Rosada lo justifica con dos argumentos. El primero es como la cíclica historia del huevo y la gallina. El oficialismo sostiene que no puede armar un programa sin saber cómo se reestructuran los vencimientos de deuda. Los acreedores razonan lo opuesto: no puede renegociarse la deuda sin evaluar la capacidad de pago a futuro. Algo que es imposible si el equipo económico no revela qué piensa hacer con la economía argentina, más allá de las declamaciones ideológicas y del congelamiento por un tiempo de las variables más sensibles.
El segundo argumento es de naturaleza política. El oficialismo dice que su silencio sobre el plan económico obedece a una estrategia de fortalecimiento de su posición negociadora. Explica que ocultar el plan es una condición indispensable frente a acreedores institucionales y privados dueños de una enorme capacidad de presión. El razonamiento contrario fue expuesto por la oposición en el Congreso: si el país no conoce su plan ¿adónde piensa obtener su fortaleza el Gobierno?
Mientras el oficialismo confía en esos dos argumentos para silenciar su programa económico, el vacío comienza a llenarse con definiciones parciales, declaraciones contradictorias y la lectura provisoria de las cosas concretas que hace, mientras tanto, el Gobierno con la deuda y los mercados.
Guzmán dejó algunas de esas definiciones raídas en el Parlamento. Deslizó a media voz que una reducción de cuatro décimas de déficit primario que heredó del gobierno anterior es un objetivo a cumplir. Pero recién en 2023. Según Guzmán, tanta modestia en las metas se justifica en el reperfilamiento obligatorio de las obligaciones externas e internas, pero más en la convicción ideológica de que la austeridad fiscal es recesiva por naturaleza.
Tanta tibieza con el gasto público -leyeron los mercados- es el auténtico plan. Uno más bien cándido, que admite con realismo la centralidad de la deuda, pero sólo está dispuesto a ejecutar la primacía de la política: ganar las próximas dos elecciones con los recursos derivados de la reestructuración de vencimientos y dejar para un próximo gobierno cualquier ajuste adicional de las cuentas del Estado.
También con voz mesurada, la oposición replicó a Guzmán que el reperfilamiento -tan hostigado durante el discurso de campaña- parece haberse transformado ahora en el dogma central del equipo económico. Y que si la austeridad fiscal es recesiva, ¿de qué otro modo puede calificarse el ajuste que implicó el impuestazo del paquete de emergencia nacional y el archivo del consenso fiscal con las provincias?
El silencio sobre el plan es también un vacío que tiende a completarse con declaraciones contradictorias. Ante la brusca aceleración del conflicto interno, el Presidente terminó cediendo a la presión que imprimió Cristina Fernández a la discusión de la deuda y validó su razonamiento en contra del Fondo Monetario.
Como en los tiempos de Néstor Kirchner, los funcionarios de Alberto Fernández recomiendan atender a los hechos antes que a las palabras. El consejo tiene sus límites. Los exploró con disgusto el equipo económico en los sucesivos intentos frustrados para reprogramar vencimientos de bonos en pesos. Los hechos del mercado también hablan a su modo sobre las incertidumbres y vacíos del programa económico.
La oposición prefirió bajar el tono para dejar en evidencia el doble comando en cortocircuito y las dificultades inaugurales del oficialismo. La estrategia del silencio le fue redituable a Mauricio Macri. Tanto que su infortunada reaparición en La Angostura puso de relieve el valor de estar callado.
Pero así como ya crujen los límites del silencio sobre el plan económico para el oficialismo, también se agotan para el discurso opositor. El relato de la deuda heredada es vulnerable sólo cuando incorpora el dato de sus causas. Cuando la oposición señala con claridad los cáusticos efectos del déficit fiscal.
Los partidos de la coalición opositora procesaron en segundo plano la renovación de sus autoridades. Esta semana inaugurarán su mesa de conducción con los nuevos referentes partidarios y parlamentarios. Estará Macri. También asomarán las arbitrajes pendientes de resolución en una estructura obligada por la derrota y la crisis económica a asordinar sus disputas.
Entre esos laudos indefinidos está el que enfrenta a la UCR con el PRO para la conducción de la Auditoría General de la Nación. Uno de los pocos organismos de control a salvo de la avanzada cristinista. Los radicales insistirán con Jesús Rodríguez en una posición que ambicionaba Miguel Pichetto.
Serán disputas menores al lado de un interrogante central: tras el desgaste de la reelección frustrada, la voluntad de Mauricio Macri ¿está más cercana al retiro que al liderazgo?
